PP-A busca rechazo de Parlamento al modelo económico del Gobierno por presión fiscal, prorrogar cuentas y sin reformas
SEVILLA 21 Mar. Agencias –
El Pleno del Parlamento de Andalucía debate el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular con una quincena de propuestas para expresar en su conjunto el rechazo de la Asamblea legislativa autonómica a la política económica del Gobierno de los últimos ocho años.
Quiere subrayar el PP-A un modelo económico que adolece de «falta de planificación, del incremento sostenido del endeudamiento público, del aumento de la presión fiscal sobre familias y empresas y de la ausencia de reformas estructurales para reforzar la competitividad de la economía española».
Persigue el PP-A que el Parlamento califique la política presupuestaria y fiscal del Gobierno de España en los últimos ocho años como «nefasta, caracterizada por un elevado endeudamiento, una evidente inseguridad jurídica y una presión fiscal injusta», atributos que cree han propiciado «la pérdida de poder adquisitivo y el agravamiento de los desequilibrios territoriales, así como una pérdida de competitividad».
Con este diagnóstico reclama una nueva política económica que trajera consigo «una fiscalidad justa, equidad de la financiación territorial, transparencia y reformas estructurales» con la idea de propiciar «el desarrollo equilibrado de las comunidades autónomas y del Estado».
La iniciativa del PP busca el pronunciamiento de la Cámara sobre «la paralización durante más de una década» de la reforma del modelo de financiación y que ha supuesto «perpetuar un modelo insuficiente» para Andalucía y «una infrafinanciación estructural», a la que atribuye que «limita la capacidad» de Andalucía para que tenga sus servicios públicos «en igualdad de condiciones».
Quiere que la Asamblea legislativa autonómica señale su «parecer desfavorable» al hecho de que el Gobierno no haya creado un fondo transitorio de nivelación a la espera de un nuevo modelo.
La PNL del Grupo Popular busca el rechazo de la Cámara al reparto del objetivo de déficit del Gobierno de España entre los territorios por estimar que «ha perjudicado a las comunidades autónomas y ha limitado su capacidad de gestión presupuestaria y financiera».
Propone a la Cámara el Grupo Popular que muestre su contrariedad ante «la práctica de gobernar mediante presupuestos prorrogados» al argumentar aquí que en ese caso «se impide una adecuada planificación económica del Estado» y «dificulta la programación de inversiones públicas estratégicas», además de propiciar «incertidumbre institucional y económica» a administraciones públicas, empresas y ciudadanos, además de subrayar «la obligación legal y constitucional de hacerlo».
Describe el PP un «irresponsable incremento» de la deuda pública por situarse en «niveles próximos al conjunto del producto interior bruto nacional», por lo que advierte de que en ese caso «se compromete la sostenibilidad futura de las finanzas públicas y se trasladan cargas financieras crecientes a las generaciones futuras».
Busca la PNL del PP un pronunciamiento contrario a «la presión fiscal» de los últimos ocho años al esgrimir que «ha recaído especialmente sobre familias, trabajadores, consumidores, autónomos y empresas», sobre quienes ha lamentado que «se les reduzca la renta disponible», en el caso de los hogares; y la inversión y el crecimiento, para el tejido productivo.
Señala el PP-A entre los defectos de la política fiscal del Gobierno «las subidas fiscales en frío» que atribuye a «la no deflactación de los principales impuestos» y a la falta de medidas para «proteger la renta disponible de los contribuyentes».
Suma entre los reproches la iniciativa del PP «los agravios en inversión pública estatal, que han perjudicado a Andalucía» por ser la ejecución presupuestaria «inferior a la inicial» y a las de otras comunidades autónomas y ha señalado su «penalización» en infraestructuras necesarias para su «conectividad territorial, la competitividad logística y la capacidad de atracción de inversiones».
Busca el Grupo Popular la crítica de la Asamblea autonómica a «las deficiencias» de la distribución territorial de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de su «falta de transparencia» en la asignación de recursos con el temor de que haya derivado en «un reparto desigual de oportunidades entre territorios».
Quiere el PP-A que la Cámara critique «expresamente» los retrasos de España en sus compromisos con la Unión Europea con «reformas estructurales, transposición de directivas comunitarias y cumplimiento de resoluciones judiciales en el ámbito económico y tributario».
Otra demanda del PP al Pleno apunta a recriminar al Gobierno que no acometa «con urgencia» la transposición completa al ordenamiento español de las directivas europeas pendientes de IVA, al tiempo que demanda «simplificar» las obligaciones fiscales de autónomos y pequeñas empresas y de esa forma «evitar su discriminación» frente al resto de Estados miembros.
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