La CPI da esperanzas a sobrevivientes de la guerra contra las drogas de Duterte en Filipinas
BRATISLAVA – Gito acababa de llegar a la casa de su padre en la ciudad de Caloocan, en Filipinas, el 7 de diciembre de 2016, cuando tres policías armados irrumpieron en la vivienda, agarraron a su padre, lo sacaron fuera y le dispararon varias veces. Gito contó a IPS que su padre había levantado las manos cuando los agentes le dijeron que habían venido a detenerlo, pero que, aun así, abrieron fuego.
A continuación, se volvieron contra Gito, que entonces tenía 15 años y había ido a ver a su padre para que le diera dinero para el almuerzo en el colegio. Según él, le dijeron que su padre era un traficante de drogas y que él sería acusado por estar con él.
Se lo llevaron y lo torturaron —lo golpearon y lo obligaron a beber orina— y más tarde lo encarcelaron durante tres años. A él y a sus cuatro hermanos los separaron por la fuerza; la salud mental de su madre se deterioró, e incluso tras su puesta en libertad, Gito necesitó años de ayuda psicológica.
Andrea, de la misma ciudad y con nombre ficticio como Gito, por razones de seguridad, contó a IPS una historia similar. Un día de octubre de 2017, ella, su marido y su suegro estaban viendo la televisión en su casa cuando irrumpieron dos hombres enmascarados, vestidos con chaquetas negras y armados, gritando el nombre de una persona que ninguno de ellos conocía.
A pesar de sus protestas, los dos hombres ejecutaron a su marido y a su suegro, disparándoles varias veces mientras estaban arrodillados ante ellos. Andrea, que estaba embarazada de cinco meses en ese momento, también resultó herida en el tiroteo: una bala le alcanzó en la pierna.
Al quedarse sin ningún medio de ingresos tras la muerte de los dos sustentadores de la familia, tuvo que abandonar el curso de formación profesional que estaba cursando y cayó en una profunda depresión. Pero con el tiempo se recuperó.
«Cuando miraba a mi bebé, veía a mi marido en ella, así que me recompuse y afronté la vida con valentía», explicó. Sin embargo, dijo que la situación económica sigue siendo difícil, ya que también mantiene a su suegra.
El padre de Gito, y el marido y suegro de Andrea, fueron solo algunas de las decenas de miles de víctimas estimadas de la política antidroga brutalmente represiva y discricecional implementada por el expresidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022).
Durante años, personas como Gito y Andrea han librado una batalla, a menudo aparentemente inútil, en busca de justicia para sus seres queridos, incluso cuando grupos de derechos humanos locales e internacionales han detallado los horribles crímenes cometidos bajo la definida como «guerra contra las drogas» de Duterte.
Pero el 23 de febrero, el inicio de las históricas audiencias en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para confirmar si hay suficientes elementos probatorios para llevar a juicio al exmandatario por tres cargos de crímenes de lesa humanidad, les ha dado a ellos y a otros sobrevivientes la esperanza de que se haga justicia.
La CPI había había emitido una orden de detención contra Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad, que la Policía Nacional de Filipinas y la Interpol ejecutaron en una operación especial el 11 de marzo de 2025, cuando el exgobernante retornaba al país de un viaje a Hong Kong, y poco después se le trasladó a La Haya, en los Países Bajos, donde tiene su sede el tribunal.
Desde entonces permanece encarcelado en espera de si se le abre o no juicio por delitos de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tanto cuando era alcalde de la ciudad de Davao como cuando fue presidente e inició una guerra antidrogas salpicada por ilegalidades y terror.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que juzga a los Estados y depende de las Naciones Unidas, la CPI procesa a personas por casos de genocidio, crímenes de guerra y crímines de lesa humanidad, regido por el internacional y vinculante Estatuto de Roma, una vez que los tribunales nacionales han fallado en aplicar justicia.
Tanto Gito como Andrea, junto con otros familiares de personas asesinadas durante la violenta campaña de Duterte contra el consumo de drogas, estuvieron en La Haya durante las audiencias de confirmación celebradas entre el 23 y el 27 de febrero para decidir si Duterte debe ser juzgado por crímenes contra la humanidad relacionados con su mortífera campaña antidroga.
Desde entonces, los 18 jueces de la CPI tienen un máximo de 60 días para pronunciarse sobre si siguen el proceso contra Duterte.
Iniciada en 2016 nada más llegar al poder, sigue siendo una de las campañas antinarcóticos más mortíferas de la historia moderna, según los activistas internacionales y defensores de derechos.
Mientras que las cifras oficiales de la policía indican que 6252 personas habían sido asesinadas hasta mayo de 2022, los grupos de derechos humanos estiman que podría haber habido hasta 30 000 muertes, incluidas ejecuciones al estilo de los justicieros.
El caso contra Duterte abarca 49 incidentes de presuntos asesinatos e intentos de asesinato, que afectan a 78 víctimas, entre ellas niños. Sin embargo, los fiscales señalaron en la vista que estos incidentes son solo una fracción de los miles de asesinatos atribuidos a la policía y a sicarios contratados durante la campaña antidroga de Duterte.
En las audiencias de confirmación, la fiscalía afirmó que Duterte desempeñó un papel «fundamental» en una campaña de ejecuciones extrajudiciales que se saldó con miles de muertos, alegando que él mismo elaboró listas de personas a las que matar, incitó a los asesinatos y luego se jactó de ellos.
Se mostraron al tribunal vídeos de Duterte amenazando con asesinar a presuntos consumidores de drogas y alardeando de sus propias habilidades en las ejecuciones extrajudiciales.
Las declaraciones de los familiares de las víctimas presentadas en el juicio también pusieron de relieve el devastador impacto que la política represiva había tenido no solo en familias concretas, sino también en comunidades más amplias que ya se encontraban empobrecidas y marginadas.
El consumo de drogas ilegales en comunidades empobrecidas era a menudo un mecanismo, según afirmó la fiscalía al presentar el testimonio de los testigos, para hacer frente a las terribles condiciones de vida.
Afirmaron que la situación de marginación y vulnerabilidad de las víctimas se agravaban exponencialmente cuando eran blanco de la policía y que la campaña contra ellas atacaba su humanidad.
La fiscalía destacó que las víctimas solían ser asesinadas delante de sus familias, normalmente en sus hogares y barrios, que posteriormente se convertían en escenas del crimen. Tras los asesinatos, las familias quedaban no solo con un trauma personal persistente, sino también con el estigma dentro de sus comunidades.
Por su parte, al centrarse en los grupos marginados, las autoridades policiales perseguían específicamente a quienes tenían menos posibilidades de presentar denuncias ante el sistema judicial nacional, argumentaron los abogados de derechos humanos en la vista.
Afirmaron que esto se hizo a propósito para garantizar que, en última instancia, nadie tuviera que rendir cuentas por lo ocurrido.
La defensa de Duterte alegó que el hombre, actualmente de 80 años, no dio órdenes específicas de matar a sospechosos de delitos relacionados con las drogas como parte de su política para acabar con el tráfico ilegal de drogas en el país.
Afirmaron que las medidas que tomó estaban dentro de la ley. El propio Duterte renunció a su derecho a asistir a los cuatro días de vista y declaró que no reconoce la autoridad del tribunal.
La CPI dispone de 60 días para emitir un dictamen sobre si procede con el caso contra Duterte, solicita más pruebas o archiva el proceso en su contra.
Los activistas que asistieron a las audiencias preliminares han expresado su esperanza de que el caso contra él siga adelante.
«Quedó muy claro que la fiscalía tenía suficientes [pruebas] para convencer a los jueces de que el caso debía pasar a juicio», dijo a IPS Rowena Legaspi, portavoz del filipino Movimiento en Defensa de los Derechos y la Dignidad (Idefend, en inglés).
Añadió que «la verdad es que las pruebas presentadas por la fiscalía estaban respaldadas por relatos verídicos de testigos y de las propias familias que vieron cómo mataban a sus seres queridos».
Tanto Gito como Andrea afirmaron estar convencidos de la solidez de las pruebas presentadas, aunque Gito admitió que temía que, de alguna manera, Duterte pudiera seguir sin ser juzgado.
«Esto me preocupa mucho. Existe el temor de que se produzcan interferencias políticas o que la defensa de Duterte plantee cuestiones de procedimiento para intentar detener el proceso. Pero también confío en el proceso de la CPI y en los documentos de que disponen», afirmó.
Los activistas también consideran que el mero hecho de que se hayan celebrado las audiencias de confirmación supone un paso hacia la justicia para las víctimas de la campaña antidroga de Duterte.
«Para las familias de las víctimas presentes en la sala y para quienes lo siguen desde Filipinas, esto ha sido como ver la luz al final del túnel de la oscura época en la que Duterte era presidente. Llegar a esta fase de confirmación de los cargos sigue aliviando, al menos gradualmente, el dolor que llevan dentro», consideró Legaspi.
Y Andrea acotó: «Que este caso pase a juicio es un paso hacia la sanación para todos nosotros».
Los activistas también lo consideran esencial para la campaña en curso en favor de la justicia en Filipinas.
Durante años, las instituciones nacionales no han hecho justicia, según afirman los grupos locales de derechos humanos, con las conclusiones de las instituciones de derechos humanos bloqueadas, los tribunales sin ofrecer una rendición de cuentas significativa y las familias de las víctimas silenciadas por el miedo.
Y aunque la detención de Duterte y su traslado a La Haya supuso un avance en sí mismo, afirman los activistas. También señalan que, al mismo tiempo, sus aliados en el país siguen impulsando proyectos de ley de inmunidad y resoluciones que cuestionan la jurisdicción de la CPI.
Idefend afirmó que las audiencias son una prueba política y moral de si el derecho internacional puede acabar con la impunidad y de si la sociedad filipina se pondrá del lado de las víctimas frente a la violencia sancionada por el Estado, así como una prueba de fuego de la búsqueda de rendición de cuentas por parte del pueblo filipino.
Legsapi consideró que «la detención de Duterte y el proceso de la CPI demuestran que la persistencia importa. Los líderes no pueden esconderse para siempre tras el poder, la soberanía o las dinastías. La ley puede ser lenta, pero la historia se inclina hacia la rendición de cuentas cuando la gente insiste en la verdad».
«Este caso no se trata solo de llevar a Duterte a juicio. Afirma que las vidas perdidas —en su mayoría de personas pobres y sin voz— importaban. Devuelve la dignidad a las familias. Pone al descubierto la maquinaria de la violencia de Estado. Y advierte a los futuros líderes de que los asesinatos en masa no serán tolerados», añadió.
A su juicio, «también desafía la cultura de impunidad que protege no solo a Duterte, sino también a quienes le apoyaron y a sus sucesores».
«Las resoluciones del Senado, los proyectos de ley de inmunidad y las campañas de desmentido demuestran que la lucha está lejos de haber terminado. Pero cada maniobra es una prueba del poder de la rendición de cuentas: tienen miedo porque la verdad les está alcanzando», dijo.
Mientras tanto, otros activistas por la reforma de la política de drogas afirman que esto sirve como ejemplo del daño masivo que pueden causar las políticas represivas contra las drogas y envía una señal contundente a otros líderes que están llevando a cabo campañas antidroga igualmente brutales y de línea dura.
«Las violaciones de derechos humanos a gran escala cometidas en el marco de la guerra contra las drogas de Duterte —que han dado lugar a decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales— son uno de los ejemplos más crudos de los efectos devastadores de las políticas punitivas en materia de drogas», dijo a IPS Marie Nougier, directora de Investigación y Comunicaciones del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC).
«Y Filipinas no es un caso aislado», subrayó.
Nougier aseguró que «en todo el mundo, se sigue justificando el uso de la fuerza letal en nombre del control de las drogas, sobre todo en contextos de impunidad arraigada».
«La decisión de la Corte Penal Internacional de llevar adelante el caso de Duterte envía una señal importante: el control de drogas no puede utilizarse como pretexto para ejecuciones ilegales y la erosión de los derechos fundamentales, y que los líderes políticos no están por encima del alcance del derecho internacional», añadió.
En Filipinas, las políticas de drogas que implementó Duterte siguen vigentes y continúan produciéndose asesinatos relacionados con las drogas, aunque no a los niveles observados bajo su mandato.
Y una década después de la introducción de las políticas de mano dura de Duterte, solo nueve agentes de policía han sido condenados.
Organizaciones de derechos humanos como la internacional Human Rights Watch (HRW) afirman que la gran mayoría de los responsables, incluidos altos cargos, no han sufrido ninguna repercusión.
Legaspi señaló que los legisladores han presentado algunos proyectos de ley sobre posibles investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y debates para tratar el consumo de drogas como un problema de salud en lugar de un delito, así como para estudiar medidas de reducción de daños para combatirlo.
Añadió, sin embargo, que las políticas antidroga de Duterte tuvieron «un impacto tan enorme que sigue sintiéndose hasta el día de hoy».
Tanto Gito como Andrea expresaron su esperanza de que las audiencias puedan traer algún cambio en la política de drogas del país.
Mientras tanto, sin embargo, ambos esperan a ver qué decide la CPI al finalizar los 60 días de deliberación y confían en que se haga justicia.
«Para mí, se hará plena justicia cuando Duterte haya sido condenado y sus cómplices en la guerra contra las drogas también hayan sido arrestados, detenidos y condenados. Eso es justicia para mí», dijo Gito.
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