Violencia digital merma auge político de la mujer en América Latina

NACIONES UNIDAS – La participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe ha aumentado en los últimos 25 años, sobre todo en el poder legislativo, pero ese auge se ha acompañado de más discriminación y violencia, amplificadas y aceleradas por los espacios digitales.
Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) señaló que, a pesar de los avances logrados, la región “aún está lejos de alcanzar la paridad de género”, pues “a medida que creció la participación femenina, también lo hicieron los desafíos que las mujeres enfrentan”.
“Entre las barreras persistentes, la violencia política digital se ha convertido en un obstáculo cada vez más relevante”, destacó el reporte.
En su más reciente GraphForThoug (Gráfico para la reflexión) el Pnud regional registra que en 2024 la región alcanzó la proporción más alta de escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales a nivel mundial, con 36,5 % de escaños.
Ese promedio está por encima del 33,3 % de los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su mayoría naciones industrializadas) y del promedio global, que se ubicó en 27 %.
Ese año, la proporción de mujeres en cortes supremas fue cinco veces mayor que en 1998, al pasar de 5,5 % a 28,2 %. La representación en parlamentos nacionales y concejos municipales también se duplicó durante ese período.
En los gabinetes ministeriales, el porcentaje de mujeres aumentó de 17,1 % a 30,4 %, mientras que algunos espacios locales muestran mayor resistencia al cambio. En 2024, solo 15,9 % de las alcaldías en la región estaban encabezadas por mujeres, lo que convierte a este ámbito en el de menor representación femenina.
Ahora bien, el aumento de la representación ha estado acompañado de mayores niveles de discriminación y violencia política, dinámicas que los espacios digitales han amplificado y acelerado.
El cyberstalking (acoso en línea), la desinformación con sesgo de género, las amenazas y la difusión sin consentimiento de información personal se utilizan para intimidar, desacreditar y silenciar a mujeres en la vida pública, según el reporte.
La expansión de herramientas de inteligencia artificial (IA) capaces de crear contenidos manipulados altamente realistas, como los deepfakes (falsificaciones), ha reducido los costos y aumentado la velocidad y el alcance de los ataques en línea.
Un análisis de perfiles en redes sociales de mujeres en la vida pública en cinco países de la región encontró que hasta cuatro de cada 10 interacciones dirigidas hacia ellas eran violentas.
El estudio identificó un uso generalizado de lenguaje hostil específicamente dirigido a atacarlas personalmente, mediante insultos y descalificaciones, en lugar de debatir sus ideas o posturas políticas.
Los datos se recopilaron en 2024, año en el que cuatro de los cinco países analizados celebraban elecciones presidenciales, legislativas o locales. En una región altamente polarizada, los ciclos electorales intensifican la violencia en línea contra las mujeres.
En la mayoría de los países analizados, las formas más frecuentes de violencia buscaban socavar la capacidad de las mujeres para desempeñar sus funciones, a menudo mediante ataques vinculados a su afiliación política y participación cívica.
Los mensajes suelen cuestionar su salud mental, ponen en duda que hayan alcanzado sus cargos por mérito propio o descalifican su capacidad intelectual.
Esos ataques pueden desalentar la participación de las mujeres en la política y la vida pública, disuadir a candidatas calificadas y reforzar desigualdades en la representación, apunta el texto del Pnud.
Sin embargo, puntualiza que esta hostilidad no refleja plenamente las percepciones de la ciudadanía en la región.
El reporte cita un estudio de la estadounidense Universidad de Vanderbilt, el cual muestra que, en 2023, solo 26 % de las personas encuestadas en la región estuvo de acuerdo con la afirmación de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, frente a 35 % en 2008.
Aunque la cifra sigue siendo significativa, la disminución sugiere un mayor reconocimiento de que las mujeres tienen las mismas capacidades de liderazgo.
Sostiene el informe del Pnud que las respuestas de política pública deberían reconocer la continuidad en la violencia dentro y fuera de espacios digitales, tratando los ataques en línea como señales tempranas de alerta que requieren prevención, apoyo psicosocial y asistencia legal oportuna.
Afirma que mejorar la detección de contenidos dañinos y fortalecer la sensibilización pública puede contribuir a la prevención y apoyar a las mujeres en la denuncia de abusos.
Y expone que se necesitan marcos regulatorios más sólidos y mecanismos de supervisión independientes para garantizar la rendición de cuentas de las plataformas, junto con cooperación regional para intercambiar buenas prácticas y coordinar acciones.
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