ONG celebran el decreto que garantiza la atención sanitaria a migrantes: «Convierte el derecho a la sanidad en realidad»

MADRID 10 Mar. (Agencias) –

ONG de atencion a migrantes han celebrado el Real Decreto que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal y que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. «Convierte el derecho a la sanidad en realidad», ha expresado el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente.

La norma, propuesta por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende solventar las situaciones de aplicación desigual y burocracia del Real Decreto-ley 7/2018, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de recuperar el acceso universal que limitó el Real Decreto-ley 16/2012, aprobado por el Ejecutivo del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy.

El nuevo Real Decreto simplifica los trámites necesarios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se realizará mediante una declaración responsable. Con este documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia.

Valiente ha valorado de forma «muy positiva» el decreto y ha lamentado que «aunque la reforma de 2018 fue positiva como declaración de intenciones, el marasmo burocrático y la disparidad de criterios en los distintos municipios habían abocado a muchas personas extranjeras a que realmente no tuvieran reconocido este derecho».

En este sentido, ha afirmado que este decreto garantiza que la asistencia sanitaria «se preste por defecto y que se abran las vías de acreditación para superar los obstáculos de muchos municipios que al final estaban imponiendo una real discriminación».

«BENEFICIARÁ AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD»

Valiente también ha celebrado que se puedan utilizar «otro tipo» de elementos probatorios que permitan acreditar la residencia en España –como recibos de agua o electricidad– y que en los supuestos más vulnerables la atención «se aplique de manera directa».

«Nos parece que era necesario y que no solo beneficiará al conjunto de las personas migrantes, sino al conjunto de la sociedad, porque una sociedad que tiene esas carencias en cuanto a su asistencia sanitaria no es una sociedad que tenga garantizado también el derecho a la salud de una manera global», ha matizado.

En la misma línea, fuentes de Accem han valorado positivamente la medida al tiempo que ha asegurado que «la sanidad universal e igual para todas las personas nos equipara como seres humanos y favorece la igualdad de oportunidades».

«En este caso, el real decreto afecta a personas que ya están en nuestro país y que, por tanto, es de justicia que se igualen sus derechos con los de las personas con las que conviven en sociedad. La sanidad es un derecho universal y precisamente el hecho de que llegue a todo el mundo mejora la salud colectiva de todo un país», aseguran.

Asimismo, fuentes del Servicio Jesuita para los Migrantes (SJM) también «valora positivamente» la aprobación del decreto «pues ampliaría la garantía de derechos de las personas migrantes, en este caso en el acceso a la salud», pero ha advertido de que habría que «poner atención en los detalles que dificulten el acceso completo a este derecho en el día a día».

Por su parte, YoSí Sanidad Universal ha celebrado que la aprobación del decreto ya que «puede garantizar la universalidad de la sanidad pública». «Nos alegramos de que salga un reglamento porque hasta ahora estaba la ley y unas recomendaciones pactadas con las comunidades autónomas que no tenían rango de ley y que, sin embargo, eran las que se estaban usando, sobre todo en las comunidades que más se excluyen, como es el caso de Madrid», ha afirmado una de las portavoces de la plataforma, Marta Pérez.

«Nos parece que este es el primer ministerio que, desde que se aprobó el decreto de exclusión sanitaria en 2012, se ha tomado en serio hacer un reglamento de la ley que garantice los derechos que se reconocían en el decreto de 2018», ha subrayado Pérez, al tiempo que ha asegurado que «todas las organizaciones están más o menos de acuerdo en que el ministerio le ha dado importancia a este tema, se lo han tomado en serio y han sacado un reglamento».

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