Consejo Escolar de Canarias pide un plan de acción y un observatorio de datos en la ley de autoridad del profesorado
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Mar. –
La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, ha reclamado este lunes que la ley de autoridad del profesorado que se tramita en el Parlamento tenga un plan de acción con formación continuada y un observatorio para hacer seguimiento de la convivencia en las aulas.
En una comparecencia ante la comisión parlamentaria de Educación y Deportes ha valorado la iniciativa por aumentar el reconocimiento a los docentes porque son los que «vehiculan» el sistema, lo mismo que los centros, que son una «garantía de seguridad» para la sociedad.
Ha incidido en que la corresponsabilidad educativa «es la que mueve al sistema» y reivindicado al profesor como «auctoritas moral» y «líder» en la impartición de conocimientos, al tiempo que ha avanzado que el Consejo Escolar prepara un informe sobre la realidad socieducativa en las islas.
Con datos del propio Gobierno de Canarias y del ‘Informe Talis’ de la OCDE, desde el Consejo han señalado que los problemas de convivencia son más acusados en Secundaria que en Primaria, donde sí ocupan el cuarto lugar entre las preocupaciones del profesorado.
No obstante, han señalado que las principales demandas son el exceso de burocracia y la falta de presupuesto, profesorado de apoyo y personal administrativo.
En esa línea han dicho que dos tercios de los centros educativos del archipiélago comunican problemas de convivencia, un cuarto de ellos de carácter grave, y que los conflictos son más comunes entre el profesorado novel y no tanto con los veteranos.
Álvarez ha insistido en que la ley haga de «paraguas» pero con acciones concretas, basadas especialmente en la «formación continua» para dar «seguridad y estabilidad emocional» a los docentes, al mismo tiempo que fortalecer el «liderazgo pedagógico».
Asimismo, ha abierto la puerta a realizar estudios que analicen la conflictividad en los centros educativos con las zonas urbanas tensionadas y defendido la búsqueda del «consenso y no la confrontación» para que la comunidad educativa avance.
ESTUDIANTES: LA LEY NO ES URGENTE Y DUPLICA MEDIDAS
Daniel Rodríguez y Javier Lechado, en representación de Udeca, han reconocido que el papel del profesorado es «fundamental» en la construcción de la sociedad «pero no basta con decirlo», porque si la autoridad no va a acompañada del reconocimiento social le pueden responder «¿y tú quien eres?».
Han lamentado que la nueva ley no aporta elementos concretos para la comunidad educativa y «hacen falta más medios», aparte de que es «duplicativa» ya que todas las medidas están recogidas en el ordenamiento legal del archipiélago.
Igualmente han solicitado que haya «deberes» para el profesorado y que la ley no se convierta en un «arma» a su favor o un «privilegio» que no ayuda a mejorar la convivencia. «La ley no es buena pero tampoco mala, repite cosas», han insistido.
De hecho, han indicado que «no es urgente» y en cambio han pedido seguir el modelo de Galicia, que ha aprobado una ley de convivencia y participación educativa.
No obstante, sí han reconocido que hay una «falta de respeto generalizado» en los centros y plantean una relación entre los «ambientes cargados» con el aumento de la marginalidad y en la pobreza en algunas zonas del archipiélago.
«Todo no se puede cargar sobre la educación», han indicado, subrayando que hay que «prestigiar» la figura del profesor.
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