El PP amenaza a Exteriores con acciones penales si no retira del censo a nacionalizados por la ‘ley de nietos’
Critica la «maniobra insólita» del Defensor del Pueblo y pide personarse para «defender un censo íntegro como garantía electoral»
MADRID, 20 El PP ha denunciado este martes la «maniobra insólita» del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tras recurrir al Tribunal Constitucional la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y ha pedido personarse para «defender un censo íntegro como garantía electoral». Además, ha exigido a Exteriores cumplir «lo ordenado» por el Tribunal Supremo y ha amenazado con responsabilidades «penales» si no lo hace y «obstaculiza» la retirada del censo de los nacionalizados por esa ‘ley de nietos’ que no son descendientes de exiliados.
Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció que será «muy difícil» que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada ‘ley de nietos’ y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.
En unas declaraciones grabadas que ha difundido el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado que el Gobierno lleva más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo «ni un solo dato», pese a los dos autos del Tribunal Supremo.
Por eso, ha adelantado que el PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares exigiéndole que cumpla «de inmediato lo que ha ordenado el Supremo» y ha advertido de que en caso de incumplimiento acudirá a la Justicia. «Advertimos de que en caso de incumplimiento vamos a exigir todas y digo todas las responsabilidades de quien corresponda, también las penales», ha abundado.
Ezcurra ha explicado que con el envío de este burofax el PP busca «la salvaguarda» del sistema electoral y de la democracia porque el Supremo ha dictado ya dos autos «obligando al Gobierno a retirar del censo a quienes no son descendientes de exiliados y el Ministerio de Exteriores es quien conoce esa información».
Sin embargo, ha reiterado que «más de un mes después», la Oficina del Censo «no ha recibido ni un solo dato», lo que evidencia «una actitud pasiva, por no decir obstruccionista». «No actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y tiene que tener consecuencias», ha avisado.
La dirigente del PP ha indicado que han dado de plazo hasta el jueves porque el sábado 24 empieza el envío del voto del Censo de residentes en el exterior. «Y si no hay datos, llegará también a los 163.020 electores cuya inscripción en el Censo ha sido suspendida por el Tribunal Supremo», ha advertido.
PIDE QUE SE INADMITA EL RECURSO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha avanzado que que el PP pedirá al Tribunal Constitucional que admita su personación «para defender un censo íntegro como garantía electoral» y que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo.
«Además, también pedimos que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo. Lo de Ángel Gabilondo es una maniobra insólita porque el Defensor del Pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno», ha asegurado.
Así, ha criticado que «a un mes de dejar el cargo y sin ser parte del proceso», Ángel Gabilondo corra al Constitucional «para anular al Supremo cuando la vía judicial ni siquiera ha terminado, y en su propio recurso admite que el problema es la ineficacia administrativa del Gobierno». A su entender, «parece que hay algunos socialistas muy agradecidos que están empeñados en ofrecer su último servicio al sanchismo».
Según Ezcurra, el Defensor del Pueblo no cumple con los requisitos de la ley porque antes de que el Constitucional se pronuncie, hay que agotar la vía judicial. «El Tribunal Supremo no ha resuelto, porque lo dictado son solo unas medidas cautelares. Si se estima el recurso de Gabilondo, sería una indefensión absoluta, incluso para aquellos nietos que tienen una vía judicial abierta en el Supremo», ha avisado.
En tercer lugar, Ezcurra ha avanzado que el PP va a denunciar «los hechos conocidos en el Consulado General de España en México, para que se investiguen y para que se depuren responsabilidades», después de conocer «pasaportes concedidos a personas sin padres ni abuelos españoles».»Que hubiera un solo caso de concesión irregular ya sería un escándalo. Que haya decenas de miles es un fraude democrático masivo», ha afirmado.
EL TS «HA FRENADO YA DOS VECES ESTE ATROPELLO»
Ezcurra considera que la llamada ‘ley de nietos’ es también «un problema de garantías electorales y de cumplimiento de resoluciones judiciales». «No nos vamos a cansar de repetirlo. Ni es una ley ni es de nietos. Es una instrucción de la hermana Óscar Puente que abrió la puerta del censo electoral a cientos de miles de personas que nunca han vivido en España», ha señalado.
La dirigente del PP ha señalado que el Tribunal Supremo «ha frenado ya dos veces este atropello y el Gobierno en lugar de cumplir, de acatar lo que manda el Poder Judicial se dedica a obstaculizar la acción de la Justicia para ganar tiempo, aunque apenas queden 40 días para las elecciones que supondrán el fin del sanchismo».
Por eso, ha insistido en que el PP no va a dejar que «un Ejecutivo sin límites» y «decidido a quebrantar» el ordenamiento jurídico «arrastre la democracia y la ley» de España. A su entender, la nacionalidad española «no se regala» y «las elecciones no se intentan alterar a 40 días de que se celebren».
«No vamos a mirar hacia otro lado. Y no vamos a pasarle ni una a este Gobierno mientras no esté desalojado hasta el último despacho. Vamos a llegar hasta el final, con todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para defender la democracia», ha concluido.
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