El negocio detrás del saqueo ambiental en América Central
SAN SALVADOR – La rica diversidad de flora y fauna en América Central, un regalo de la naturaleza, es también su maldición: redes de tráfico ilegal de animales exóticos y de madera se han dedicado durante años a saquearla y a enriquecerse valiéndose de una institucionalidad porosa, atravesada por la corrupción.
“Estos países tienen una alta biodiversidad…y entonces es un corredor que se presta por sus propias características naturales, biológicas y ecológicas para que esté ahí el elemento o el objeto del delito, que es la vida silvestre”, señaló un abogado y activista ambiental de la costarricense Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas).
El experto, quien pidió mantener su nombre en reserva, habló con IPS desde San José de Costa Rica.
“Las empresas solo ven la ganancia en el corto plazo, porque si lo vieran en el largo plazo, lo económico y lo ecológico pueden llegar a coincidir”: Ricardo Navarro.
En esa industria ilegal participan personas, grupos criminales y empresas que se enriquecen a costa de los recursos naturales de la región, en un contexto donde el umbral de qué es legal y qué no, se difumina con facilidad, y en donde activistas ambientales arriesgan sus vidas por la defensa de los territorios y los medios de vida de las comunidades.
Las redes operando
El 7 de octubre la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, publicó los resultados de una investigación sobre el comercio ilícito de especies de flora y fauna en nueve países de América Latina y el Caribe, incluyendo seis de los siete de América Central. El reporte dejó en evidencia hasta dónde penetran los tentáculos de esa industria en la región.
La Operación Madre Tierra VIII permitió identificar 60 000 hectáreas deforestadas ilegalmente y rescatar más de 1000 animales vivos. La investigación se desarrolló del 1 de junio al 31 de julio de 2026, bajo la coordinación de la Oficina Regional de Interpol en América Central, con sede en San Salvador.
En la operación participaron seis países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de Colombia, México y República Dominicana. En conjunto, reportaron más de 330 casos, 313 incautaciones y 312 personas identificadas como sospechosas.
Centroamérica, integrada por siete países -incluido el anglófono Belice- y con unos 54 millones de habitantes en 2026, enfrenta persistentes problemas de pobreza, desigualdad y acceso a oportunidades, con profundas diferencias entre países y territorios.
Como Interpol, “lo que hacemos es apoyar a los países miembros de la organización de tal manera que se conecte la información aislada”, de modo que las autoridades de cada país tengan más elementos para aportar a sus procedimientos judiciales, dijo a IPS Adrián Sánchez Romero, coordinador superior de Operaciones, especializado en delitos ambientales.
En entrevista telefónica, desde la ciudad francesa de Lyon, sede central de Interpol, Sánchez señaló que uno de los retos principales, en ese tipo de delitos, es que los marcos legales son diferentes en los países, lo cual no suele ocurrir en otros ámbitos delictivos.
Según Interpol, el cruce de información entre países permitió establecer vínculos financieros y empresariales para investigar a quienes organizan y se benefician del tráfico de madera y fauna silvestre, detectado a escala industrial en el corredor entre Centroamérica y Sudamérica.
También se identificaron rutas de tráfico de fauna hacia Europa y Asia. En México fueron rescatados grandes felinos en rutas utilizadas para transportar drogas y otros productos ilícitos, mientras en Nicaragua se recuperaron loros y guacamayos protegidos.
Entre los animales rescatados predominaron reptiles, insectos y aves. Además, se decomisaron unos 165 kilogramos de aletas de tiburón secas, valoradas en 280 000 dólares.
Permisos legales-ilegales
Las redes dedicadas al tráfico de madera aprovechan empresas legalmente constituidas y los canales habituales del comercio internacional para introducir productos de origen ilícito, explicó Sánchez.
Por ejemplo, “los cargamentos de maderas de origen ilícito se ocultan o se blanquean mezclados con cargamentos de madera legal”, señaló.
Esas operaciones pueden involucrar a varias empresas a lo largo de la cadena, desde la extracción y el transporte hacia los aserraderos hasta la exportación e importación del producto, sostuvo.
El fraude también puede adoptar dos formas.
Por ejemplo, el fraude en los permisos puede comenzar en la propia institución que los concede, cuando por corrupción se autoriza una explotación que no cumple las condiciones legales, explicó el funcionario.
Pero hay otra modalidad que, según señaló, ocurre con mayor frecuencia: el permiso se emite conforme a la ley, pero la empresa lo utiliza para extraer más recursos de los autorizados.
“Amparándose en la emisión de ese permiso, se obtiene esa cantidad más un monto adicional”, subrayó.
Voracidad por las ganancias
Para el ambientalista salvadoreño Ricardo Navarro, el combate a los delitos ambientales tiene un límite: las leyes pueden autorizar actividades que también destruyen los ecosistemas, mientras las restricciones a esas actividades pueden modificarse con el tiempo.
“La ley actúa con base en lo que un grupo de gente diga: esto es legal o esto es ilegal”, sostuvo Navarro en conversación con IPS, y eso puede cambiar con el tiempo por los intereses económicos de grupos empresariales. Reconoció que Interpol tiene que actuar dentro de ese marco y perseguir las actividades ilegales.
Navarro recordó que hace años existía una cota máxima para construir en las faldas del volcán de San Salvador, pero que ese límite fue ampliándose.
“Con el tiempo ese límite siempre se iba subiendo, pasaba de ser ilegal a legal”, afirmó.
Navarro vinculó el deterioro ambiental con un modelo económico que privilegia las ganancias inmediatas y deja en segundo plano los costos de destruir los ecosistemas.
“Las empresas solo ven la ganancia en el corto plazo, porque si lo vieran en el largo plazo, lo económico y lo ecológico pueden llegar a coincidir”, señaló.
Por su parte, el abogado costarricense afirmó que los resultados de la Operación Madre Tierra VIII muestran la magnitud del problema y los recursos necesarios para enfrentarlo, aunque aclaró que las cifras del operativo, por sí solas, no permiten concluir que hayan mejorado los controles en la región.
En Costa Rica, mencionó el tráfico de ranas, aves y sus huevos, reptiles, felinos, perezosos y monos como las especies más comercializadas.
Para combatir esas redes, planteó fortalecer los presupuestos, la capacidad operativa y la trazabilidad, así como conectar los sistemas de información de las instituciones encargadas de la fiscalización ambiental.
“Tiene que haber presupuesto”, insistió. Los vehículos, los equipos, el personal y la capacidad de respuesta inicial requieren recursos que muchas veces no están disponibles.
Minería ilegal en Costa Rica
La investigación de Interpol estableció que en Costa Rica, las autoridades intensificaron las acciones contra la minería ilegal e incautaron aproximadamente 4,6 toneladas de cianuro y 11 recipientes de mercurio, sustancias utilizadas habitualmente en la extracción ilícita de oro.
La operación puso de manifiesto la magnitud del uso de sustancias químicas contaminantes en la minería ilícita y sus graves consecuencias para las personas y el medio ambiente, en particular para los cursos de agua, la biodiversidad y las comunidades de las zonas afectadas.
Al respecto, el abogado costarricense señaló las debilidades en el control de la minería ilegal y en la trazabilidad del oro, en un mercado donde coexisten actividades autorizadas e ilícitas.
Destacó el foco de extracción ilegal de Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua, y mencionó otro en las inmediaciones del parque nacional Corcovado, en el suroeste del país, y en Abangares, en la provincia de Guanacaste, en el noroeste.
Un contexto violento
Las redes empresariales y financieras que Interpol ha investigado, por delitos ambientales, operan en una región donde defender los bosques, el agua y los territorios puede costar la vida.
En Centroamérica, la persecución de esas actividades ilícitas tiene como telón de fondo las amenazas y los asesinatos de quienes denuncian la destrucción de los ecosistemas y se oponen al despojo de sus comunidades.
Honduras y Guatemala registraron al menos 20 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente durante 2025: 12 en el primer país y ocho en el segundo, según el informe de la organización internacional Global Witness, publicado el 16 de septiembre. Ambos figuran entre los países con más casos documentados en el mundo.
A escala mundial, los conflictos por la tierra estuvieron asociados a más de la mitad de los 124 asesinatos registrados en 2025, mientras más de un tercio estuvo relacionado con el crimen organizado o sicarios.
Global Witness advierte que las dificultades para denunciar y verificar los casos hacen que las cifras probablemente subestimen la magnitud real de la violencia.
Para Rafael Herrarte, de Alianza Escazú Guatemala, investigar los delitos ambientales exige examinar también los mecanismos mediante los cuales empresas y consorcios adquieren tierras y se les autorizan actividades extractivas, acciones que generan conflictos en las comunidades.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, por su adopción en esa ciudad costarricense en 2018, es un tratado intergubernamental pionero en una región del mundo.
Es también el primero del mundo que incluye disposiciones específicas para proteger a quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
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Herrarte sostuvo que el análisis de los delitos ambientales debe abarcar toda la cadena de decisiones, incluidas las resoluciones judiciales que permiten una explotación, cuya legalidad también puede ser cuestionada.
“Habrá que ver si la resolución del juez es ilegal igualmente”, dijo a IPS desde Ciudad de Guatemala, la capital del país.
Herrarte vinculó el deterioro ambiental en Guatemala con la concentración de tierras y la expansión de actividades hidroeléctricas, mineras, ganaderas y de monocultivos, en territorios donde también existen conflictos con comunidades indígenas.
Según su análisis, el crimen organizado participa en esa dinámica mediante la adquisición de propiedades y el establecimiento de negocios para lavar recursos, a costa del despojo y desplazamiento de comunidades.
En ese contexto, advirtió, quienes defienden los territorios pueden convertirse en obstáculos para intereses económicos y enfrentar violencia o criminalización, favorecidas por instituciones de seguridad frágiles.
La respuesta, planteó, requiere fortalecer el sistema de justicia y el acceso de las comunidades a la justicia ambiental, uno de los ejes que destacó al referirse al Acuerdo de Escazú.
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