EAPN sitúa «por primera vez» la tasa de pobreza de CyL (19,8%) por encima de la media, con preocupación por la vivienda

   VALLADOLID, 15 Oct. Diario Dia –

   La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla y León ha advertido en la presentación de su XVI informe sobre el estado de la pobreza en la comunidad, con una tasa que sitúan en el 19,8 por ciento de la población en 2025, lo que supone «la primera vez» en la que supera a la media estatal, que es del 19,5 por ciento, con «especial» preocupación por la vivienda, «un pilar del bienestar» hasta ahora que supone ya «uno de los principales factores de vulnerabilidad».

   El presidente de EAPN, Óscar Castro, y los técnicos Jonathan Sánchez y Cristina Sánchez, han presentado el informe en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, acompañados por su presidente, Enrique Cabero.

   El informe de esta entidad se estructura entorno al índice Arope que mide el riesgo de pobreza y exclusión social en torno a tres indicadores tales como la pobreza económica, la privación material y la baja intensidad en el empleo.

   Según el XVI informe de EAPN, en Castilla y León el riesgo de pobreza y exclusión social se situó en 2025 en un 24,1 por ciento de la población, es decir unas 578.000 personas que sufren ese peligro, si bien este dato general es inferior a la media estatal, que se encuentra según el mismo documento en un 25,7 por ciento.

   El índice se calcula tras establecer un nivel de ingresos anuales por unidad de consumo –término que no coincide linealmente con una persona, ya que si bien en un hogar unipersonal un residente es una unidad de consumo, en una pareja el hogar pasa a componerse de 1,5 unidades–. Así, ese límite para considerar en situación de riesgo es de 12.220 euros al año por unidad de consumo, o 873 euros al mes en 14 pagas.

   En este sentido, el presidente de EAPN CyL ha observado que aunque la comunidad presenta mejores indicadores que la media en «muchas categorías», del informe «eso no puede llevar a la autocomplacencia» cuando «cientos de miles de personas» no pueden acceder a las condiciones necesarias para tener una vida digna.

   Óscar Castro ha llamado la atención sobre el caso de la población infantil, ya que el informe señala que «uno de cada tres niños», un 30,9 por ciento, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

   Por eso, ha advertido a las administraciones que «el objetivo no debe ser gestionar la pobreza sino avanzar hacia su erradicación».

   Sin embargo, uno de los indicadores principales, la tasa de pobreza, que alcanzó en 2025 a un 19,8 por ciento de la población –casi uno de cada cinco castellanos y leoneses– es «por primera vez» superior a la media estatal (19,5 por ciento).

   Como han advertido el coordinador de EAPN Jonathan Sánchez y también el presidente del CES de la comunidad, Castilla y León es el ejemplo de que la mejora de los datos económicos no implica «necesariamente» el descenso de la pobreza, ya que si bien la autonomía crece en cifras macroeconómicas, la tasa ha aumentado en 1,3 puntos con respecto al dato de 2024, cuando se situaba en un 18,6 por ciento.

   Dentro de las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión, Óscar Castro ha destacado el importante volumen de personas que se encuentran en esta situación y que viven de alquiler, pues se calcula que más de la mitad de ellas, un 53% están en riesgo de pobreza o exclusión. «Son personas que en muchos casos trabajan, tienen ingresos y, sin embargo, encuentran dificultades» para pagar la renta necesaria para tener un hogar.

   En este sentido, Castro ha advertido de que la vivienda se ha considerado «durante años» como «uno de los pilares del bienestar» pero actualmente «para muchas personas se convierte en uno de los principales factores de vulnerabilidad».

   Otros datos que ahondan en la «preocupación» que observa EAPN son que el 7,6% de la población destina más del 40% de su renta a la vivienda, porcentaje que sube al 32,7% entre las personas en pobreza; el 8,8% ha tenido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, y el 11,2% no puede mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno.

   Por otro lado, la tasa de pobreza severa en la comunidad alcanza al el 9,8%, 1,4 puntos más, frente al 8% de España. La carencia material y social severa afecta al 6,7% de la población, unas 161.000 personas. Es casi el doble que en 2015 (3,7 %). La baja intensidad de empleo en el hogar, mientras tanto, crece 2,5 puntos, hasta el 9,5%, la sexta más alta entre las comunidades.

   El informe señala además una mejora muy limitada del poder adquisitivo, pues, descontada la inflación, la renta media por persona apenas ha crecido 815 euros desde 2008.

   Óscar Castro ha recalcado que los informes llevados a cabo en los últimos años muestran que las políticas públicas tienen una «capacidad real para mejorar las condiciones de vida de las personas», pues el informe estima que sin políticas de las instituciones, la tasa de pobreza se más que duplicaría, hasta el 45,6 por ciento.

   Así, EAPN ha hecho llegar ya a los partidos políticos de Castilla y León una serie de propuestas como resultado de la «experiencia» de las entidades que la componen. Así, proponen una reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que se complemente de forma plena y automática con el IMV o con otras rentas como las procedentes del empleo.

   En vivienda, reclaman más parque público de alquiler social, movilización de vivienda vacía, alerta temprana frente a los desahucios, una estrategia contra el sinhogarismo y una mayor atención al «problema» del medio rural, donde la falta de vivienda es también «una causa de la despoblación».

   A ello suman unos servicios sociales «ágiles, humanos y personalizados», con ventanilla única social, historia social única y acompañamiento en el proyecto de vida; una estrategia autonómica de inserción sociolaboral, cláusulas sociales en la contratación pública y apoyo a la economía social.

   En educación piden continuar el desarrollo de la red pública de 0 a 3 años, refuerzo de los centros de alta complejidad y cierre de la brecha digital; y en Sanidad, un refuerzo de la atención primaria rural y de la salud mental.

   Además, piden tener «una mirada específica a perfiles en situación de mayor vulnerabilidad», entre los que sitúan la infancia, juventud, mujeres en situación de exclusión, habitantes del medio rural y personas migrantes.

   En su introducción, Enrique Cabero ha defendido que el sistema del estado del bienestar se ha mostrado como «el mejor» pero ha advertido de que no se podrá consolidar si no se erradica la pobreza, por lo que considera que los poderes públicos deben garantizar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, «la articulación de una estrategia pública de erradicación de las situaciones de pobreza y el fomento real de la inclusión».

   «Es fundamental recordar que así como el crecimiento económico no produce necesariamente la finalización de la pobreza, las crisis económicas sí que crean pobreza y exclusión social inmediatamente», ha advertido Cabero, que ha recordado la necesidad de «generar planes y medidas estratégicas», una «actividad coordinada, una estrategia contra la pobreza y la exclusión social» en la que ha subrayado que debe darse un «protagonismo suficiente» al tercer sector que trabaja al lado de las personas en exclusión.

   «No basta con medidas económicas o socioeconómicas. Si no hay una estrategia clara a través de dialogo social, de participación social no se puede acabar con ella», ha enfatizado el presidente del CES.

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