Organizaciones de mayores ante la muerte de Maricarmen: «Envejecer en casa debe ser un derecho efectivo»
MADRID 8 Oct. Agencias –
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y HelpAge International España han exigido alternativas habitacionales adecuadas frente a desahucios tras el caso de Maricarmen.
Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los medios las organizaciones después de que se conociera el fallecimiento de la mujer de 87 años, desahuciada de su casa del barrio madrileño de Sainz de Baranda hace dos semanas.
En este sentido, desde la PMP, han llamado a reflexionar sobre la «especial vulnerabilidad» que pueden afrontar las personas mayores ante la pérdida de su vivienda. «Desde la PMP lamentamos profundamente el fallecimiento de Maricarmen y queremos trasladar nuestras condolencias a sus familiares y personas cercanas», ha indicado el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández.
De la misma manera, ha destacado que «el hogar no es solo un techo: es el espacio en el que se construye una vida, los vínculos, las rutinas y la seguridad». A su juicio, «ninguna persona mayor en situación de vulnerabilidad debería enfrentarse a un desahucio sin que exista previamente una alternativa habitacional digna, adecuada y respetuosa con su voluntad».
Para la PMP, las administraciones tienen que anticiparse y coordinarse para proteger a las personas antes de que lleguen a «situaciones límite». «Envejecer en casa y en el entorno habitual, cuando esa sea la voluntad de la persona, debe ser un derecho efectivo y no un privilegio», ha subrayado Fernández.
Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, también ha trasladado su «pesar», «afecto» y «condolencias» por el fallecimiento de Maricarmen.
Asimismo, ha advertido que este problema va más allá de los casos mediáticos y ha pedido que no se instrumentalice la figura de Maricarmen como «arma arrojadiza» entre formaciones políticas, sino que se alcance un gran acuerdo social.
Entre sus propuestas, ha apostado por definir legalmente la figura del «arraigo residencial cualificado» para personas de 75 años o más con residencia continuada de varias décadas en la misma vivienda, que sea su domicilio habitual y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia o vulnerabilidad social acreditada por servicios sociales.
También ha solicitado un régimen especial de ejecución de desahucios y alzamientos cuando la parte demandada esté en esa situación y que el juez no pueda autorizar el alzamiento mientras no exista una alternativa habitacional «adecuada y asequible», en el mismo entorno o en condiciones que respeten la salud y la autonomía de la persona mayor.
Del mismo modo, ha abogado por imponer soluciones intermedias: alquiler social obligatorio durante un periodo transitorio, realojos en vivienda pública y acuerdos de renta limitada con apoyo público. «Que la suspensión no sea solo un aplazamiento automático, sino una suspensión finalista, vinculada a la efectiva puesta en marcha de esa alternativa», ha afirmado
Por último, HelpAge International España ha subrayado que los desahucios que afectan a mayores «no pueden tratarse únicamente como conflictos administrativos o económicos, ya que implican una posible vulneración de derechos fundamentales reconocidos tanto por el ordenamiento jurídico español como por los estándares internacionales de derechos humanos».
En esta misma línea, ha afirmado que la propia ley establece expresamente la obligación de promover políticas que garanticen la autonomía y la vida independiente de las personas mayores.
También avisa de las «graves consecuencias» que la pérdida de vivienda puede tener en la vejez, entre ellas el deterioro de la salud física y emocional, la ruptura de redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida de arraigo comunitario.
La organización considera que la exclusión residencial en esta etapa vital implica una «vulneración multidimensional de derechos, estrechamente vinculada a situaciones de pobreza, la fragilidad social y la pérdida de participación comunitaria».
Además, ha alertado de que este tipo de situaciones afectan «especialmente» a las mujeres mayores, «muchas de ellas» con pensiones «insuficientes» y trayectorias marcadas por «desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de la vida».
«La vivienda no representa únicamente un espacio físico, sino el lugar donde las personas mayores desarrollan su vida cotidiana, donde mantienen vínculos sociales y ejercen su autonomía. Las personas mayores desean permanecer en sus entornos habituales, por lo que las políticas públicas deben orientarse a garantizar el envejecimiento digno en comunidad», ha argumentado la entidad.
Ante este escenario, la organización ha recomendado la garantía de alternativas habitacionales «adecuadas, accesibles y estables»; la aplicación «efectiva» del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de vivienda; medidas específicas de prevención de la exclusión residencial de las personas mayores; y la protección del derecho de las personas mayores a permanecer en sus entornos comunitarios y redes de apoyo.
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