El vicealcalde de Alicante niega que una exalto cargo le dijera en 2022 que sus hijos estaban inscritos en Les Naus

   ALICANTE, 8 Oct. (Agencias) –

   El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha negado este jueves que la exdirectora general y jefa de Contratación del consistorio, María Pérez-Hickman, le dijera en febrero de 2022, cuando él era concejal del área, que los hijos de ella estaban inscritos en la cooperativa de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

   Así lo ha manifestado durante su intervención en el pleno extraordinario que PSPV, Compromís y EU-Podem solicitaron para que Villar compareciera y diera «explicaciones» sobre las «últimas informaciones» conocidas «sobre el escándalo», relativas a que Pérez-Hickman manifestó en el juzgado como investigada que en 2022 le comunicó al ahora vicealcalde esa circunstancia.

   «Ni tengo constancia ni he tenido conocimiento alguno de que se me facilitase esa información, pero ni yo ni el entonces jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, con el que he hablado estos días y me ha confirmado que para él tampoco ha existido esa conversación», ha señalado Villar.

   Villar ha respondido a las 12 preguntas que PSPV, Compromís y EU-Podem formularon por escrito cuando pidieron el pleno. A la cuestión «en qué fecha exacta tuvo conocimiento de que familiares directos» de Pérez-Hickman «participaban en la promoción», construida sobre un suelo municipal que fue enajenado, ha contestado que «cuando salió publicado en prensa, a finales de enero de 2026».

   Respecto a cómo pudo haber actuado en el caso de que se hubiera enterado de ello o si pudo haber informado al alcalde Luis Barcala (PP), el vicealcalde ha dicho que era «imposible» poner a alguien en conocimiento de algo que «desconocía».

   Y ha afirmado que Pérez-Hickman se mantiene como jefa de Contratación porque «es el puesto que tiene en propiedad como funcionaria» y al que tenía derecho a reincorporarse. «No hay constancia de ninguna irregularidad según la información de averiguación de hechos. Si así se dirimiera por parte del juzgado, entonces se aplicarían esas medidas, y en caso contrario no, porque actuar de otra forma sería prejuzgar su actuación», ha precisado.

   Sobre por qué fue nombrada directora general, cargo del que dimitió tras conocerse que dos hijos y un sobrino de ella fueron adjudicatarios de VPP, ha subrayado: «Ningún responsable municipal era conocedor de esta circunstancia, por lo que nadie puso objeción alguna a su nombramiento. Tampoco fue cuestionado por nadie en la oposición, que vieron adecuado su nombramiento y funciones en base a su cualificación, al margen de que fue el resultado de una convocatoria pública».

   A la pregunta de si considera, con la información conocida en la actualidad, que se tendrían que haber adoptado «medidas para garantizar la transparencia, imparcialidad y adecuado control del procedimiento», el vicealcalde ha expresado que «se siguieron las mismas medidas que dejó el tripartito al principio de la tramitación».

   Cree que «quizás se debieron establecer otras» en las que, desde su punto de vista, ni PSPV, ni Compromís ni EU-Podem «cayeron, aunque a toro pasado es fácil hablar y hacer propuestas», y ha apostillado: «Pero sí que es evidente que, si hemos llegado a esta situación, es porque seguramente deben revisarse algunos procedimientos».

   En cuanto a si hay alguna actuación que, «a la vista de los hechos conocidos», considere que «debería haberse realizado y no se realizó», Villar ha indicado: «De lo existente en aquella fecha, no. Pero sí, quizás, de cara a un futuro, reforzar medidas de control, tal y como ya ha adoptado este equipo de gobierno, para las elecciones y adjudicaciones de futuras promociones municipales».

   Antes de la comparecencia de Villar, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha asegurado que el gobierno municipal no tiene «ningún problema» en poner en marcha la apertura de un expediente a la jefa de Contratación.

   Todo ello, después de que la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, haya pedido incoar un expediente informativo a esta funcionaria «para conocer» por qué no se abstuvo en procedimientos relativos a Les Naus cuando «tuvo conocimiento» de que sus hijos y su sobrino eran socios de la cooperativa.

   En el segundo pleno monográfico sobre estas VPP, ya que el primero fue el 5 de febrero, la oposición ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno, aunque con matices, ya que desde la izquierda han exigido las dimisiones de Barcala y de Villar.

   La portavoz del PSPV, Trini Amorós, ha vuelto a reclamar al alcalde que deje su cargo y considera que Villar «o demuestra» que Pérez-Hickman «miente» con su declaración o «no tiene otra salida digna que dimitir».

   Asimismo, ha cuestionado el relato del equipo de gobierno sobre cuándo conoció los hechos relativos a Les Naus y ha acusado al primer edil de recurrir a la «ley del silencio». También ha reprochado al PP que Pérez-Hickman continúe como jefa de Contratación.

   Desde el grupo Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha acusado al equipo de Barcala de ocultar información sobre Les Naus y cree que la comisión municipal sobre las VPP, cerrada recientemente, ha sido un «paripé».

   «¿Cómo se dirige este puñetero Ayuntamiento? No habéis puesto ni un solo control», ha enfatizado Mas, quien considera que hay supuestas irregularidades en las adjudicaciones de estas VPP en el marco de una «trama» con un «cabecilla», que, a su juicio, es el primer edil.

   Además, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha aseverado que en las 140 VPP no tendría que haber «ni una sola sombra de privilegio o de conflicto de intereses». Sobre este «escándalo», ha espetado al PP: «La justicia está buscando respuestas, pero ustedes solamente están dando su silencio».

   En este punto, Copé ha mencionado la rueda de prensa que ofrecieron el pasado martes Villar y la portavoz del gobierno local, Cristina Cutanda (PP), en la que evitaron responder a preguntas sobre Les Naus planteadas por los medios de comunicación. Además, se ha referido a la crisis habitacional.

   Robledillo (Vox), además de la petición de ese expediente a Pérez-Hickman, ha hablado de una «diferencia temporal» que considera que «hay que aclarar», ya que, según ha expresado, el ejecutivo de Barcala situó en enero de 2026 el momento en el que tuvo conocimiento de las «posibles irregularidades».

   La portavoz de esta formación ha definido este pleno extraordinario como una «oportunidad» para despejar «dudas» y, durante su intervención, ha acusado a la izquierda de no tener «legitimidad» para «exigir absolutamente nada» y ha hecho alusión a «las cloacas del PSOE».

   Justo antes de que compareciera Villar, De España (PP) ha acusado a PSPV, Compromís y EU-Podem de querer «ensuciar la imagen de personas inocentes» y «construir un relato que les permita atacar al equipo de gobierno».

   A su juicio, la vivienda protegida «les da igual», y ha afirmado que en el anterior Consell del Botànic «no hicieron ni una sola», al tiempo que, sobre Les Naus, ha sostenido que el Ayuntamiento aboga por «defender la transparencia y permitir que se investigue».

   «Villar no está solo», ha apuntado De España para defender al vicealcalde, e igualmente se ha preguntado «qué culpa tiene una persona que ha adquirido una vivienda si siguió correctamente todos los trámites».

   Tras ensalzar la portavoz del PP la política de vivienda del Ayuntamiento y el Plan Vive que impulsa la Generalitat, Mas (Compromís) ha pedido que constara en acta esa intervención y se ha referido a que Barcala suspendió el debate sobre el estado de la ciudad para «cumplir» con la «neutralidad institucional» ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

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