El adelanto electoral vuelve a dejar sin fecha la Conferencia de Presidentes que iba a acoger Asturias

OVIEDO, 6 Oct. –

La Conferencia de Presidentes, el órgano de mayor nivel de cooperación política entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, seguirá sin fecha de celebración tras el anuncio del adelanto electoral de las elecciones generales, para el 29 de noviembre.

Una de las reglas de la Conferencia, que está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las diecisiete comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, es que debe reunirse al menos dos meses al año. La última reunión estaba prevista para el pasado mes de diciembre en Asturias. Así lo había anunciado el Gobierno después de que el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, solicitase acoger el foro multinacional.

Sin embargo, la cita fue entonces aplazada por el adelanto electoral que hubo en Extremadura. Se adoptó aquella decisión para que no coincidiese con la campaña. Posteriormente hubo elecciones en Aragón y Andalucía.

De esta forma, la última Conferencia de Presidentes, la XXVIII edición, tuvo lugar el 6 de junio de 2025 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Ha pasado ya un año y tres meses sin que se hayan reunido.

La cumbre ya estuvo entonces marcada por una fuerte tensión política, la utilización de lenguas cooficiales ( y la falta de acuerdos o consensos destacados entre el Ejecutivo central y los mandatarios del PP.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, destacó la «normalidad institucional» con la que se había celebrado ele encuentro. En rueda de prensa al finalizar la cita, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañado de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha remarcado la voluntad de consenso del Ejecutivo en este «espacio de dialogo y de cogobernanza» que representa la Conferencia de Presidentes.

Precisamente la vivienda, el asunto que protagoniza estos días la actualidad, fue en Barcelona uno de los temas que abordaron los dirigentes. Pedro Sánchez llevó al foro su propuesta, trasladada previamente por carta a los presidentes autonómicos, de impulsar un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda con más financiación, menos especulación y más transparencia.

El objetivo, indicaron desde el Gobierno, era que se triplique la inversión pública en ese ámbito, pasando de los 2.300 millones en el periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. El Gobierno de España estaría dispuesto a financiar el 60% de esta cantidad y que las comunidades, que también tienen competencias en materia de vivienda, aportarían el 40% de los recursos restantes.

EL Ejecutivo propuso también blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas de protección pública financiadas con fondos estatales, así como la creación de una base de datos pública que permita a la ciudadanía y a las Administraciones conocer los precios reales de compra-venta o alquiler.

La ministra de Vivienda dijo en Barcelona que la política de vivienda integral y pública del Gobierno, «que cambia el paradigma», para que la vivienda sea considerada un bien social, además de un derecho. «Falta voluntad política, convicción, lealtad institucional y recursos económicos», señaló.

Isabel Rodríguez añadió que la propuesta había sido admitida «inequívocamente» por cinco comunidades autónomas: Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias, con las que comenzaría a trabajar de manera bilateral. «La urgencia es tal, que no tenemos un minuto que perder».

La Conferencia de Presidentes, impulsada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nació en octubre de 2004 como un mecanismo para normalizar el diálogo entre los máximos responsables del Gobierno central y de las comunidades autónomas. Su historia combina largos periodos sin reuniones, algunos acuerdos relevantes y una actividad excepcional durante la pandemia: el registro oficial recoge 28 reuniones.

No obstante, ese dato de 28 reuniones es el que figura en la cronología institucional del Ministerio, recogido por Europa Press, perio hay que precisar que son 28 sesiones, no 28 conferencias ordinarias, dado que catorce correspondieron a convocatorias extraordinarias durante la emergencia sanitaria.

La Conferencia la integran el presidente del Gobierno, que la preside, los presidentes de las 17 comunidades autónomas y los de Ceuta y Melilla: 20 miembros. Participa también el ministro competente en cooperación territorial, con voz pero sin voto. La asistencia de los presidentes es, como regla general, indelegable.

La primera conferencia, celebrada el 28 de octubre de 2004, trató sobre la institucionalización del nuevo órgano, la participación autonómica en asuntos europeos y la financiación de la asistencia sanitaria.

La segunda, el 10 de septiembre de 2005, cerró un acuerdo de financiación sanitaria. Según el Ministerio, la aportación inicial del Estado se fijó en 3.042,4 millones de euros para 2006 y 3.142,4 millones para 2007.

La tercera, en enero de 2007, adoptó un documento sobre I+D+i y acordó crear las conferencias sectoriales de Agua e Inmigración, además de un grupo de trabajo para preparar el reglamento del órgano.

La cuarta, en diciembre de 2009, aprobó el primer Reglamento -posteriormente derogado- e incluyó declaraciones sobre la Presidencia española del Consejo de la UE de 2010 y la lucha contra la violencia de género.

La sexta, celebrada el 17 de enero de 2017, marcó la reanudación del foro después de más de cuatro años sin convocatorias, desde la reunión de octubre de 2012. La cronología oficial registra después un periodo de actividad extraordinaria asociado a la covid.

La crisis sanitaria hizo que la Conferencia pasara de una actividad irregular a sesiones semanales. Entre el 15 de marzo y el 14 de junio de 2020 se celebraron las reuniones VII a XX, catorce conferencias extraordinarias por la covid-19.

Ese periodo fue decisivo porque mostró la utilidad del foro como mesa política de coordinación en una emergencia que afectaba simultáneamente a las competencias estatales y autonómicas. El preámbulo del reglamento de 2022 cita expresamente la gestión de la pandemia como ejemplo de la importancia de los acuerdos de la Conferencia para un ejercicio eficaz y leal de las competencias.

Tras esa etapa, el órgano siguió reuniéndose en julio, septiembre y octubre de 2020; en julio y diciembre de 2021; y en marzo de 2022. Las dos últimas convocatorias registradas por el Ministerio fueron Santander, el 13 de diciembre de 2024, y Barcelona, el 6 de junio de 2025.

Ni los acuerdos ni las recomendaciones sustituyen una ley, un real decreto, un presupuesto o una decisión de un órgano competente: el reglamento les atribuye la naturaleza de compromisos políticos. Después deben trasladarse a las administraciones, conferencias sectoriales u órganos que corresponda para su aplicación efectiva.

La Conferencia no funciona como un órgano legislativo ni como una reunión automática de presidentes. Necesita una convocatoria del presidente del Gobierno -por iniciativa propia o a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes autonómicos-, una agenda negociada y voluntad de acuerdo.

Por eso, aunque la norma de 2022 establece un mínimo de dos reuniones anuales, la propia cronología oficial evidencia que esa continuidad no siempre se ha cumplido: después de La Palma, en marzo de 2022, el siguiente encuentro registrado fue Santander, en diciembre de 2024.

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