Pedro Sánchez afronta las urnas con el PSOE señalado en causas y las hijas de Zapatero ante el juez tras las elecciones

MADRID 5 Oct. –

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta las elecciones del próximo 29 de noviembre con el PSOE inmerso en causas judiciales como el ‘caso Koldo’ y el ‘caso Leire Díez’, aunque sin una imputación formal. Además, para el día después de las urnas está prevista la declaración como investigadas en el ‘caso Plus Ultra’ de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que ha asegurado en varias ocasiones que mantiene la confianza.

Tras su decisión de adelantar las generales, Sánchez y el PSOE tienen por delante dos meses que previsiblemente serán más calmados a nivel judicial por la ley no escrita de que los tribunales evitan tomar decisiones de calado en asuntos que afectan a partidos políticos para no interferir antes y durante la campaña electoral.

El calendario de los socialistas, no obstante, incluye algunas declaraciones judiciales de terceros en esas causa, mientras los investigadores continúan indagando en los gastos anticipados que el partido devolvía con dinero en efectivo y los pagos a la presunta trama que habría intentado desestabilizar causas que les afectan.

Una de las declaraciones señaladas es la de la jueza Beatriz Biedma, a quien el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’, Santiago Pedraz, citó para este jueves como perjudicada.

Biedma es la magistrada de los juzgados de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que denunció una supuesta campaña perpetrada por la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez, ambos imputados.

Según denunció, hubo «actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos».

La jueza envió a juicio al hermano de Sánchez al apreciar irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz y la Audiencia Provincial pacense lo condenó a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.

Biedma va a declarar en el marco de una causa en la que está investigada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y en la que el juez Pedraz abrió una pieza sobre los pagos que presuntamente se hicieron a Díez y en la que reclamó a bancos que informasen de movimientos y saldos vinculados con cuentas del partido.

El PSOE también está bajo sospecha por otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que meses antes abrió pieza separada en el ‘caso Koldo’, que de momento continúa declarada secreta, respecto a sus pagos en metálico entre los años 2017 y 2024.

Moreno decidió investigar esos pagos en efectivo ante la sospecha de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, condenados por el Tribunal Supremo en el ‘caso mascarillas’ a 24 y 19 años de cárcel, pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus actividades ilegales.

Por otra parte, Sánchez tiene en el ‘caso Plus Ultra’ un frente más abierto al estar en el foco de la investigación si el expresidente Zapatero, principal imputado en la causa, intercedió a favor de la aerolínea para que el Gobierno le concediera 53 millones de euros de rescate en la pandemia a cambio de una comisión.

«Sigue contando con mi confianza y respeto a la presunción de inocencia», insistió el jefe del Ejecutivo la última vez que se le preguntó por el tema el pasado 23 de septiembre, después de que Zapatero alegara que las joyas que intervino la Policía Nacional y por las que está siendo investigado son un regalo de Arabia Saudí que recibió cuando estaba en Moncloa.

Y al ser preguntado sobre si considera que Zapatero debería renunciar a las joyas, valoradas hasta ahora en 1,3 millones de euros, Sánchez pidió esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos: «Vamos a ver en qué se traduce esto, y luego cuando ya tengamos esos datos le daré respuesta a esa pregunta».

El plato fuerte más próximo de esta causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama es el interrogatorio a Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente, fijado –salvo cambio– para el 30 de noviembre, horas después de las elecciones.

Las pesquisas sitúan a las hijas de Zapatero como administradoras de la empresa What The Fav, «vinculada indiciariamente al entramado investigado» y supuesto centro de redistribución de flujos financieros, apuntando que Análisis Relevante, la empresa del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, le abonó 239.755 euros, entre otros pagos de otras empresas.

Para el instructor, esa empresa tiene «un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad».

Zapatero declaró el pasado junio ante el juez que la empresa de sus hijas funcionaba realmente y cobraba por realizar trabajos reales de márketing, por lo que negó cualquier tipo de irregularidad.

El juez también ha llamado para el 16 de octubre como investigado al financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, señalado como el presunto cerebro financiero del caso, así como a declarar como testigos el 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirectivo de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

Además, la Audiencia Nacional continúa investigando la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos de finales de julio y, aunque no hay declaraciones previstas en el horizonte, está reciente la dimisión del que fuera delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, cuyo exjefe de gabinete ya ha declarado ante la jueza María Tardón para señalar que transmitió a su superior avisos recibidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de los hechos.

Y Sánchez ha optado por anticipar casi un año la cita con las urnas después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera sentar en el banquillo a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, en un juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid y que no tiene fecha.

CL9