HRW critica abusos de EEUU contra pescadores en Ecuador
WASHINGTON – Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras de Ecuador entre agosto y septiembre de 2026, detuvieron a más de 140 tripulantes y varios de ellos fueron sometidos a abusos, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
Los militares estadounidenses afirmaron que las embarcaciones operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para operaciones de tráfico de drogas vinculadas a Los Choneros, un grupo criminal ecuatoriano, indicó la organización de derechos humanos.
Juanita Goebertus, directora para América en HRW, dijo que “la interceptación del tráfico de combustible en el mar puede ser un paso importante para detener a grupos criminales, pero eso no les da derecho a las fuerzas de seguridad a detener personas sin evidencias, destruir sus embarcaciones y cometer abusos”.
“Ecuador y Estados Unidos deben revelar la base legal de estas operaciones, aclarar los criterios utilizados para interceptar y destruir embarcaciones, y establecer salvaguardias sólidas para prevenir nuevos abusos”, agregó Goebertus.
Según HRW, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Ecuador revelaron evidencias sólidas que vinculen individualmente a los tripulantes con algún delito.
De los detenidos, 90 enfrentan investigaciones penales en Ecuador, 56 fueron liberados porque jueces ecuatorianos declararon que su detención fue ilegal, y otros 14 no fueron presentados ante un juez.
Algunos de los tripulantes detenidos dijeron que fueron golpeados y amenazados para obligarlos a confesar que traficaban combustible, y que los obligaron a firmar documentos que no entendían.
Para su informe crítico, HRW entrevistó a 27 personas, entre ellas capitanes, tripulantes, familiares de personas detenidas y abogados, y sus investigadores revisaron fotografías, videos de e informes judiciales y de autoridades.
Indicó que “no pudo determinar si alguna de las embarcaciones operaba como estación ilícita de reabastecimiento de combustible”. Las autoridades de Estados Unidos alegaron que sí lo hacían, mientras que los tripulantes entrevistados negaron estar involucrados.
Ninguno de los dos gobiernos ha revelado evidencia que respalde las alegaciones, y la destrucción de las embarcaciones pudo haber eliminado evidencias que podrían haber ayudado a esclarecer lo sucedido, según HRW.
Tripulantes de al menos cuatro embarcaciones afirmaron que las fuerzas estadounidenses les dieron patadas y golpes al abordar sus embarcaciones pesqueras, a pesar de que no opusieron resistencia.
Una vez a bordo del USS San Antonio, de la Armada de Estados Unidos, efectivos estadounidenses les dieron puñetazos o patadas por moverse o por no acatar las órdenes, según relataron los tripulantes, quienes dijeron que las órdenes se dieron en inglés, idioma que no hablan.
También dijeron que las fuerzas estadounidenses les taparon los ojos y los oídos y los obligaron a permanecer sentados durante horas sin moverse, sin darles comida ni agua suficiente ni permitirles usar el baño. Tampoco les dijeron por qué los detenían ni qué les iba a pasar.
Varios afirmaron que, a través de intérpretes, los amenazaron con enviarlos a la cárcel o ir tras sus familias si no admitían que abastecían de combustible a lanchas que transportaban drogas.
El 5 de septiembre, un juez de Manta, ciudad costera de Ecuador, declaró ilegal la detención de 28 tripulantes, de dos embarcaciones, y ordenó su liberación sin cargos.
El 10 de septiembre, una jueza en la isla de San Cristóbal, Galápagos, también ordenó la liberación sin cargos de otros 28 tripulantes de dos embarcaciones.
Los fiscales ecuatorianos acusaron de “asociación ilícita” a 90 tripulantes, de cinco embarcaciones, quienes deben presentarse semanalmente ante el juzgado y la fiscalía, y tienen prohibido salir del país.
El 28 de septiembre, en un juicio ante una jueza de Manta, funcionarios de la Policía y la Armada ecuatorianas reconocieron que las fuerzas estadounidenses no aportaron evidencias de la comisión de un delito y que las autoridades ecuatorianas tampoco habían recabado tales evidencias, según el reporte de HRW.
También mostró que 74 de los tripulantes detenidos fueron traslados por la Armada ecuatoriana como “náufragos”, pero la Policía Judicial, por orden del fiscal de turno, los aprehendió por presuntamente cometer una infracción penal y los detuvo.
Los informes al respecto solo mencionan como evidencias las matrículas de personal marítimo y algunos documentos de identidad, y no identifican drogas, combustible, carga ni otras evidencias que respalden las acusaciones de tráfico de combustible o de “asociación ilícita”.
HRW recordó que el derecho internacional de derechos humanos prohíbe la detención arbitraria y los tratos crueles e inhumanos.
“Ecuador y Estados Unidos no van a desmantelar las redes de crimen organizado deteniendo a pescadores con evidencias cuestionables”, dijo Goebertus. “Los gobiernos deben garantizar que toda interceptación y detención sea legal, y que sea sometida sin demora a control judicial”, concluyó.
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