El Senado pide explicaciones al Gobierno sobre la aplicación de la ‘ley de nietos’ y su «impacto» en el censo electoral

MADRID 30 Sep. Diario Dia –

El Partido Popular ha sacado adelante este miércoles en el Senado una moción que reclama al Gobierno revisar la aplicación de la denominada ‘ley de nietos’, aportar información sobre las nacionalizaciones realizadas al amparo de esta norma y comprobar su «impacto» en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Los ‘populares’ sostienen que la aplicación de esta ley puede haber «desbordado» los supuestos aprobados por las Cortes Generales y reclaman asegurar que la incorporación de los nuevos electores al censo se ha realizado con todas las garantías.

La iniciativa ‘popular’ ha contado con el respaldo de Vox y UPN, mientras que PSOE, PNV, Junts y EH Bildu, entre otros, han votado en contra.

En este marco, la moción reclama, en concreto, revisar de oficio la instrucción de octubre de 2022 que establece los criterios para aplicar la ‘ley de nietos’ y garantizar que no haya ampliado por vía administrativa los supuestos de acceso a la nacionalidad que fueron fijados por las Cortes.

Asimismo, los ‘populares’ sostienen que las instrucciones de la Administración no pueden modificar el contenido de una ley y pide que cualquier ampliación de los supuestos de acceso a la nacionalidad se tramite mediante una nueva iniciativa legislativa.

Además, reclaman al Gobierno que publique y remita al Senado datos actualizados sobre el número de solicitudes, expedientes resueltos, nacionalidades concedidas y denegadas y procedimientos pendientes, con información desglosada por países y oficinas consulares. También pide conocer los criterios empleados para resolver los expedientes y las instrucciones o circulares utilizadas por la Administración.

Otro de los ejes de la iniciativa es el CERA. El PP reclama conocer cuántos ciudadanos que han adquirido la nacionalidad al amparo de la ‘ley de nietos’ se han incorporado al censo de residentes en el extranjero y cuál es su distribución por países, consulados y circunscripciones electorales.

También pide comprobar que su inscripción se ha realizado con «todas las garantías de identificación, trazabilidad y correcta adscripción territorial» y revisar, y corregir si fuera necesario, aquellas inscripciones en las que se hayan producido errores administrativos o deficiencias en la documentación.

La moción reclama además que el Gobierno comparezca ante la Comisión Constitucional del Senado para explicar la evolución de las solicitudes y concesiones, los criterios administrativos empleados y el impacto de la norma sobre el CERA.

Durante el debate, el PP ha defendido que no cuestiona el derecho de los descendientes de exiliados del franquismo a obtener la nacionalidad cuando cumplen los requisitos establecidos por la ley, pero ha advertido de que la nacionalidad española «es algo demasiado importante como para convertirla en una herramienta de ingeniería electoral» y que el censo «es algo demasiado serio como para que su composición pueda quedar al arbitrio de declaraciones no verificadas».

El senador ‘popular’ ha reclamado al Gobierno que aporte los datos y permita revisar las inscripciones para despejar las dudas planteadas. «Si no hay nada, por transparencia, nos callarán la boca al resto», ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo de utilizar las instituciones del Estado «para alterar el censo en beneficio propio».

UPN REIVINDICA LA «SEGURIDAD JURÍDICA» y VOX DENUNCIA UNA «MANIPULACIÓN ELECTORAL ENCUBIERTA»

En esta línea, UPN ha apoyado la moción al considerar que está en juego «el respeto a la ley, la seguridad jurídica y la transparencia» del sistema electoral.

Asimismo, ha aclarado que la formación no cuestiona el derecho a obtener la nacionalidad de los descendientes de españoles exiliados que cumplan los requisitos legales, pero ha rechazado que una instrucción administrativa pueda ampliar el alcance de una ley más allá de lo decidido por las Cortes.

Vox también ha votado a favor de la iniciativa y ha acusado al Gobierno de impulsar una «manipulación electoral encubierta» mediante una instrucción administrativa.

En este sentido, la formación de Abascal ha dirigido sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de utilizar «artimañas» para mantenerse en el poder. «No todo vale para que se mantengan en el poder», han afirmado.

Por otro lado, el PNV ha rechazado la moción y ha cuestionado que la adquisición de la nacionalidad implique automáticamente la inscripción en el censo electoral. Asimismo, ha rechazado que pueda presuponerse el sentido del voto de los nuevos españoles para justificar una posible alteración de los resultados electorales.

Sobre la decisión del Tribunal Supremo (TS), ha denunciado una «privación colectiva del sufragio» y ha reclamado una «pronta y justificada resolución» para que los ciudadanos afectados puedan recuperar su derecho de voto.

Por parte de EH Bildu, la formación se ha sumado al rechazo de la iniciativa y ha criticado la decisión del TS, advirtiendo de que esta situación puede sentar «un precedente muy peligroso» al vincular los derechos asociados a la nacionalidad con la supuesta orientación política de los nuevos electores y ha situado el debate en el ámbito de la reparación y la memoria histórica.

También se ha unido a esta postura Junts, rechazado el planteamiento del PP y Vox sobre una posible «manipulación electoral». No obstante, ha reclamado al Gobierno información sobre cuántos electores se han incorporado al censo en aplicación de esta norma y sobre los criterios utilizados para asignarles municipio y circunscripción electoral.

Por otro lado, el PSOE también ha rechazado la iniciativa y ha acusado al PP y Vox de pretender «privar» del derecho fundamental al voto a miles de españoles que ya han adquirido la nacionalidad.

Los socialistas han defendido además que la nacionalidad no se solicita necesariamente para votar y ha señalado que muchos solicitantes pueden hacerlo por motivos sentimentales o para disponer de un pasaporte español, afirmando que, incluso si todos ellos votasen, el impacto sobre el reparto de escaños sería, según sus cálculos, del «0,06 por ciento».

Asimismo, el PSOE ha reiterado el respeto a la decisión del TS, aunque ha reivindicado el derecho a «criticar y discrepar» de sus resoluciones.

En esta misma línea, y como eje central la decisión del Supremo por la ‘ley de nietos’, los socialistas también han presentado una moción este miércoles en la Cámara Alta «en defensa de la lealtad institucional, de la limpieza de los procesos electorales y del derecho de participación política», que ha sido tumbada por el PP, Vox y UPN.

Desde las filas socialistas han expresado que los ‘populares’ han «construido un enorme bulo» respecto a la ‘ley de nietos’ y han insistido en que no solo el PSOE discrepa de la decisión del TS, sino que lo hacen «todos los juristas».

Por su parte, los ‘populares’ han rebatido estas afirmaciones acusando al PSOE de meter «mano en el CERA». «No todo el mundo que se marchó de España entre 1936 y 1955 son exiliados políticos», han sentenciado.

En esta misma línea, UPN y Vox también han inculpado al PSOE de querer dar «un golpe electoral» e «instrumentalizar las instituciones para fines partidistas». «Utilizan la nacionalidad española como instrumento de ingeniería electoral», han criticado desde la formación de Abascal.

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