Un sindicato sanitario lleva a la Fiscalía las presuntas irregularidades en las listas de espera del Ramón y Cajal
MADRID, 28 Sep. –
El Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de Sanidad (Mats) ha presentado un escrito ante la Fiscalía General para que se investiguen las presuntas irregularidades en la lista de espera quirúrgica del Hospital Ramón y Cajal por un presunto delito de prevaricación administrativa.
En el escrito, consultado por Europa Press, el sindicato pide al Ministerio Público que se incoen las correspondientes diligencias de investigación en relación a la modificación de la prioridad de 57 pacientes en lista de espera quirúrgica en el citado centro.
En concreto, se rebajó la prioridad de preferente, con un máximo de 90 días de espera, a normal, cuando el plazo pasa a ser de 180 días, lo que conlleva un perjuicio asistencial.
El sindicato apunta como responsables al director gerente del hospital, Carlos Mingo; al director médico, Rafael Martínez, y al jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Basilio de la Torre. Todo ello, ante una respuesta de la Consejería de Sanidad que, según denuncia, ha consistido en «desprestigiar» al denunciante de las irregularidades, el doctor Luis Alberto Martos.
De forma paralela, el sindicado ha presentado también una queja ante el Defensor del Pueblo en relación a los Compromisos de Confidencialidad y Deber de Secreto que, según remarca, «se obliga a firmar» a los profesionales en diferentes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, al considerar que se trata de una medida con «un marcado carácter coercitivo».
Mats cita expresamente los casos del Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora, el Hospital Universitario de Getafe y el Infanta Leonor de Vallecas.
En su opinión, con esta firma se «trata de disuadir y limitar derechos fundamentales de la persona trabajadora», como puede ser el derecho a la libre expresión, y el derecho de protesta «que se pudiera ejercer poniendo en conocimiento de las autoridades competentes irregularidades que puedan ser cometidas en el propio centro hospitalario».
Según señala en un comunicado, se trata de «una estrategia de ocultación de las posibles irregularidades y amedrentamiento de los/as profesionales y en especial a los que comienzan a trabajar o están sujetos a temporalidad y que perjudican de forma grave al sistema público y a la salud de la ciudadanía».
CL11
