El Gobierno ultima el decreto para asegurar la calidad de los centros de FP que acabará con la formación 100% online

   El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes prevé aprobar antes de final de año el real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional que establece, entre otros requisitos, un porcentaje mínimo de presencialidad para la FP virtual y semipresencialidad, así como un número mínimo de alumnos por profesor.

    Así lo ha avanzado este lunes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en rueda de prensa en el Ministerio antes de presidir la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores.

   Con este nuevo decreto, Tolón ha destacado que refuerzan «la calidad» de la FP virtual y semipresencial «con la presencialidad que ahora no existe».

    De este modo, ha detallado que en la formación virtual se exigirán entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria, además de la formación en empresas; y en la formación semipresencial entre un 40% y un 60% de presencialidad lectiva.

   En cuanto a la ratio exigida para la Formación Profesional online, el real decreto establece para el curso 2028/2029 un máximo de 80 alumnos por profesor; en el curso 2029/2030 un máximo de 65 alumnos por profesor; y un máximo de 50 alumnos por profesor en el curso 2030/2031, que es el objetivo final, y de 25 alumnos en las actividades presenciales.

    Las actividades lectivas presenciales en la modalidad virtual se dedicarán, al menos, a la realización de pruebas presenciales que garanticen el logro de los resultados de aprendizaje; y al desarrollo de actividades lectivas presenciales necesarias para la adquisición, desarrollo y comprobación de determinados resultados de aprendizaje de la oferta, de acuerdo con las condiciones de calidad establecidas en el currículo o programa formativo correspondiente.

    A efectos del cómputo de la actividad lectiva, el proyecto de real decreto, consultado por Europa Press, excluye el periodo de formación en empresa u otro organismo equiparado.

 CUATRO AÑOS PARA ADAPTARSE A LOS NUEVO REQUISITOS 

   Los centros de Formación Profesional que estén ya integrados en el sistema educativo a la entrada en vigor del real decreto dispondrán de cuatro años para adecuarse a las condiciones básicas y requisitos mínimos establecidos en la nueva norma.

    El nuevo real decreto, que ha iniciado este lunes su trámite de audiencia pública, establece unos requisitos básicos comunes para los centros de Formación Profesional en todo el país. «Este proyecto no va contra la FP privada, al contrario, va a reforzar la calidad de los centros privados», ha asegurado Tolón.

    La ministra ha subrayado que los centros «van a tener que contar con recursos suficientes, con instalaciones adecuadas y con un sistema de gestión que tenga calidad», así como contar con una propuesta formativa «suficientemente sólida y coherente».

    Para ello, los centros podrán ofrecer un itinerario vertical completo dentro de una misma familia profesional, impartiendo los distintos grados que se extienden en ella. De esta forma, los alumnos podrán avanzar desde un grado básico a un grado medio y a un grado superior.

    Por otro lado, los centros podrán optar por una oferta horizontal, impartiendo ciclos de distintas familias profesionales, lo que permite al alumnado una formación «mucho más amplia, mucho más polivalente, combinando distintas áreas», según ha precisado Tolón, destacando que la finalidad es que los centros «tengan suficiente capacidad, recursos y solvencia para hacer una verdadera formación».

 LOS CENTROS DEBERÁN ACREDITAR RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

   Asimismo, los centros de Formación Profesional deberán acreditar desde el principio que disponen de acuerdos con empresas u organismos públicos en las que su alumnado pueda realizar las prácticas.

    En este sentido, el documento apunta que los centros deberán acreditar una relación «suficiente, estable y adecuada» con empresas u organismos equiparados para cumplir con los porcentajes de estancia en empresa establecidos por la ley de Formación Profesional (entre 25% y el 50% según la modalidad).

    Una novedad que establece el texto propuesto es que lo centros deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos cada cuatro años. En caso de incumplimiento, la autorización podrá ser revocada. En ese supuesto, el alumnado matriculado en el centro afectado deberá ser reubicado para asegurar la continuidad de su formación

   Precisamente, el proyecto de real decreto fija que la extinción o revocación de la autorización de los centros que no cumplan con los requisitos establecidos «no podrá producir perjuicio al alumnado matriculado».

    Así, la administración competente deberá velar porque se adopten las medidas necesarias para garantizar la información al alumnado, la continuidad de su formación, el adecuado desarrollo de las actividades formativas hasta su finalización, la evaluación correspondiente y, en su caso, la reubicación del alumnado y el traslado de sus expedientes académicos.

    El texto también desarrolla dos nuevas figuras previstas en la ley de Formación Profesional de 2022. La primera es la de los centros asociados, destinados a reforzar la formación y recualificación de las personas trabajadoras y que colaboran con un centro principal para impartir enseñanzas de FP, mientras que la segunda es la de los centros de segunda oportunidad, dirigidos a jóvenes con especiales dificultades formativas o en situación de vulnerabilidad.

    Por último, el proyecto de real decreto busca dar estabilidad a la Red Estatal de Centros de Excelencia, que cuenta ya con 75 centros, y a los Centros de Referencia Nacional, de 42 integrantes y a la que sumarán próximamente nuevos centros, «fundamentales para entender la innovación, la investigación aplicada, la digitalización y la transferencia del conocimiento al conjunto del sistema».

    «Seguimos construyendo una FP más fuerte, más moderna y más conectada con la realidad de nuestro país. Una FP que acompañe a las personas a lo largo de toda su vida profesional y que contribuya, al mismo tiempo, a mejorar la competitividad y el futuro de nuestra economía», ha concluido Tolón.