El Gobierno asturiano dice que el desahucio de Gijón es un caso «muy complejo» y pide que no se instrumentalice
OVIEDO 25 Sep. Agencias –
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha rechazado este viernes que «se instrumentalicen, por parte de algunos, situaciones sociales complicadas en un momento de especial tensión por la dificultad de una gran parte de la población para el acceso a la vivienda».
Zapico se ha pronunciado en estos términos horas después de que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el Sindicato de Vivienda de Asturias y Suatea reclamasen a la empresa pública Vipasa que paralice el desahucio previsto para el próximo martes, 29 de septiembre, de una mujer víctima de violencia de género y su hija de nueve años en Nuevo Roces (Gijón).
Zapico se ha referido a ese caso y ha insistido en que se trata de un expediente «especialmente complejo». «Es un caso que está en manos de Servicios Sociales por su complejidad», ha señalado.
El consejero ha indicado que se tomarán las medidas necesarias que indiquen los trabajadores sociales, el juzgado y la gerencia de Vipasa, de acuerdo con las competencias y decisiones que correspondan a cada una de las partes.
Zapico ha dejado claro que la Administración no pretende desalojar a personas que atraviesan dificultades económicas sobrevenidas y ha puesto como ejemplo el protocolo de impagados de Vipasa, en el que actualmente están incluidas más de 2.000 familias. Este mecanismo permite renegociar las rentas y establecer fórmulas de pago adaptadas a las circunstancias económicas de los inquilinos.
«Precisamente esa es la labor de la vivienda pública: apoyar a quienes tienen dificultades para acceder a una en el mercado libre», ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado la labor de los profesionales de los servicios sociales, tanto municipales como autonómicos. «No vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio» su trabajo, fundamental en la intervención de determinados casos de inquilinos del parque público, ha advertido.
El consejero ha insistido, además, en la necesidad de aprobar la Ley de Vivienda de Asturias, actualmente en tramitación en la Junta General, que permitirá reforzar la protección de las personas más vulnerables frente a alquileres elevados: «Volvemos a incidir en la necesidad de que se apruebe la norma, que permitiría proteger a las personas más vulnerables y facilitará su acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible».
El consejero ha defendido así la necesidad de abordar los casos complejos con responsabilidad y coordinación entre las distintas instancias implicadas, de forma que se evita su instrumentalización y se ponga en valor la función social del parque público de vivienda.
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