La fiscal pide dos años y medio de inhabilitación para la alcaldesa de Alcalá por presunta revelación de secretos
MADRID 21 Sep. Agencias –
La Fiscalía de Área de Alcalá de Henares ha solicitado dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos relacionado con la difusión de un informe policial sobre dos denuncias por agresiones sexuales que fueron vinculadas a migrantes alojados en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de la localidad.
En el escrito, al que tuvo acceso Agencias y registrado el pasado 16 de septiembre, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral tanto para la alcaldesa como para el director de Comunicación. Además de la solicitud de inhabilitación, la fiscal reclama dieciséis meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, lo que supone 7.200 euros para cada uno.
La Fiscalía atribuye a sendos investigados los hechos en concepto de autores y solicita la apertura de juicio oral. El escrito llega después de que el pasado mes de julio el juez que instruyó el caso dictara el auto en el que proponía juzgarles por dicho delito. En la causa, el PSOE ejerce como acusación popular.
Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024, cuando, tras la celebración en Alcalá de Henares de un Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hizo referencia a la investigación de varias agresiones sexuales presuntamente cometidas por migrantes del CAED. Aquellas afirmaciones fueron desmentidas por la Delegación del Gobierno.
Según el escrito de acusación, a las 14.17 horas de ese día, Piquet llamó al jefe de la Policía Local de Alcalá para solicitarle información sobre las agresiones sexuales a las que se había referido Ayuso y, en concreto, sobre unos hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2023. La alcaldesa pidió que dicha documentación fuese aportada a la Junta Local de Seguridad que se iba a celebrar esa misma tarde.
A las 16.50 horas, el jefe de la Policía Local acudió a la Alcaldía para asistir a la Junta y, tras el requerimiento de la alcaldesa, le entregó el informe policial correspondiente a la incidencia número 19966/23.
Según la Fiscalía, Piquet fotografió el documento y, cuando se incorporó a la conversación el director de Comunicación, le mostró la imagen y le dijo: «¿ves?, hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa, hay que trasladar esto a Madrid».
El escrito sostiene que ambos acusados, «puestos de común acuerdo, con intención de dar apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a sabiendas de su carácter reservado», remitieron la fotografía del informe policial al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
Serrano publicó al día siguiente, 18 de enero de 2024, la imagen del informe policial en su cuenta de la red social X. La Fiscalía recoge que realizó dos publicaciones: una a las 09.58 horas y otra a las 11.18 horas. La primera alcanzó 15.300 reproducciones y la segunda 56.300, según el escrito de acusación.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417.1 del Código Penal y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
El escrito de acusación se presenta después de que el juez instructor acordara en julio continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado y propusiera juzgar a Piquet por la presunta filtración del documento policial.
En su resolución, el magistrado señalaba que la fotografía del informe habría sido remitida a Alfonso Serrano entre la tarde del 17 de enero y las 9.58 horas del día siguiente, cuando fue publicada en X.
Ahora, la Fiscalía solicita formalmente la apertura del juicio oral ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares y propone como prueba, entre otras, el interrogatorio de los dos acusados, la declaración de agentes de la Policía Local y de Alfonso Serrano, así como diversa documentación incorporada a las diligencias.
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