Aragón cree que el recurso de la Delegación ante el TSJA por las zonas tensionadas de vivienda «tiene escaso recorrido»
ZARAGOZA 21 Sep. Agencias –
El Gobierno de Aragón considera que el recurso anunciado por la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la negativa a declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) «tiene escaso recorrido jurídico» al cuestionar una decisión política legítima adoptada por el Ejecutivo autonómico en el ejercicio de sus competencias y sustentada, además, en estudios e informes solventes sobre los efectos nocivos de esta medida en el mercado de la vivienda.
Como se ha reiterado en diversas ocasiones, para afrontar el problema del acceso a la vivienda, el Gobierno de Aragón opta por políticas de incremento de la oferta –más de 3.600 viviendas públicas impulsadas en tres años–, en lugar de aplicar medidas contraproducentes que agravan más el problema.
De este modo han respondido desde el Ejecutivo autonómico a las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, este lunes en las que ha reivindicado una política de vivienda, tanto en la comunidad autónoma como en el resto de España, «que active todas las posibles herramientas que permitan el real ejercicio de derecho a la vivienda», rechazando el «sesgo y orientación particular» en la políticas porque ello supone «una pérdida de oportunidades».
En este sentido, el ‘Informe sobre la conveniencia de introducir un sistema de control de renta de los alquileres residenciales en las Illes Balears’, elaborado para la Cátedra UNESCO de la Universitat Rovira i Virgili, al que ha aludido el delegado del Gobierno, analiza la experiencia de las ZMRT en Cataluña y constata, entre otros efectos, una reducción severa de la oferta de alquiler, una evolución alcista de los precios, el desplazamiento de viviendas hacia otros mercados –alquiler de temporada, por habitaciones o uso turístico– o hacia la compraventa.
Además, este informe detecta un «efecto frontera» por el que se contagia el problema a los municipios limítrofes no regulados. Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno de Aragón recuerda que la Comunidad Autónoma tiene competencia para decidir sobre la declaración de ZMRT.
El artículo 71.10a del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a Aragón las competencias en materia de vivienda, tal como lo hace también el artículo 18.1 de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. Una potestad autonómica que encuentra respaldo en la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2024, de 21 de mayo.
Por tanto, la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón se enmarca en el ejercicio de sus competencias y responde a una valoración legítima sobre la inconveniencia y los efectos perversos que tendría la aplicación en Aragón de las ZMRT.
Así, desde el Gobierno de Aragón han agradecido al delegado del Gobierno su inquietud por contribuir a solucionar el problema de la vivienda, aunque resulte llamativo que esa preocupación se traduzca en un recurso contra una decisión del Ejecutivo autonómico orientada a impulsar soluciones eficaces, han ironizado.
Al mismo tiempo, le han instado a centrar sus esfuerzos en medidas que sí están al alcance del Gobierno de España y que pueden tener un efecto directo y positivo sobre la oferta de vivienda en Aragón.
En particular, el Gobierno de Aragón reclama a Fernando Beltrán que interceda e insista ante el Ejecutivo central para que ceda el suelo público ocioso que permanece en manos de distintos ministerios y de la SAREB que permitiría construir más de 2.000 viviendas públicas en Aragón, además de retirar el recurso y retornar al Gobierno de Aragón una parcela cedida en su día en la calle Margarita Xirgu de Zaragoza para destinarla a viviendas para militares que nunca se construyeron, un suelo con capacidad para más de 170 viviendas.
Esta actuación supondría una contribución efectiva a solucionar el problema de la vivienda y reforzaría el esfuerzo que ya están realizando el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para incrementar la oferta de vivienda pública a precio asequible.
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