AI denuncia abusos del M23 en las minas del este de RDC y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda
MADRID 21 Sep. Diario Dia –
Amnistía Internacional ha denunciado que combatientes del Movimiento 23 de Marzo (M23) habrían cometido ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y reclutamientos forzosos contra trabajadores de explotaciones mineras artesanales del este de República Democrática del Congo (RDC), de acuerdo con un informe publicado este domingo, en el que acusan además al grupo de facilitar el traslado clandestino de oro y coltán hacia territorio ruandés.
El documento, titulado «República Democrática del Congo: ‘No hemos venido a jugar’. Abusos cometidos por el M23 en las minas artesanales y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda», sitúa buena parte de los hechos denunciados en las explotaciones de Rubaya, en la provincia de Kivu Norte, y Lomera, en Kivu Sur.
De acuerdo con la investigación, los combatientes del M23 han obligado a trabajadores de las minas a extrae minerales en condiciones extremas, llegando a mantenerlos bajo tierra durante más de una semana sin interrupción en algunas minas de coltán próximas a Rubaya y en Lomera.
A este respecto, Amnistía ha señalado que los abusos documentados podrían constituir crímenes de guerra, mientras que el supuesto expolio de recursos minerales llevado a cabo por el M23 y el tráfico de oro y coltán hacia Ruanda podrían encajar en el crimen de guerra de saqueo.
«La investigación muestra cómo el M23, respaldado por Ruanda, utiliza la violencia y el miedo contra quienes trabajan en las minas mientras los recursos minerales son trasladados a través de la frontera», ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Callamard ha lamentado además que esta situación permite que Ruanda continúe beneficiándose de las riquezas minerales procedentes de la RDC y ha reclamado una respuesta internacional más contundente. «La Unión Africana y sus Estados miembros deben tomar medidas mucho más audaces», ha afirmado, al advertir de que la ausencia de una posición firme frente al presunto saqueo y los abusos puede favorecer que situaciones similares se reproduzcan.
La responsable de la organización ha pedido asimismo a los actores internacionales que dejen de guardar silencio ante las denuncias relacionadas con el M23, el comercio ilícito de minerales de zonas afectadas por conflictos y la responsabilidad que pueda corresponder a Ruanda. En la misma línea, ha exigido que quienes resulten responsables, incluidas autoridades gubernamentales ruandesas, rindan cuentas.
La investigación recoge testimonios sobre la muerte de al menos 18 mineros en Rubaya y Lomera. Diez de ellos habrían sido asesinados mediante golpes, dos fallecieron por disparos y otros seis, que habían sido secuestrados, fueron hallados posteriormente sin vida, según las declaraciones de familiares y personas que presenciaron los hechos.
Además, otros 16 mineros y civiles residentes en las proximidades de las explotaciones mineras han descrito episodios de tortura o malos tratos atribuidos a combatientes del M23 o a miembros de grupos de seguridad que cooperan con ellos.
En este contexto de agresiones y malos tratos, la ONG ha revelado también que la milicia estaría utilizando tres contenedores de mercancías cerca de Rubaya como centros de detención, que se suman a las denominadas «ndake» o celdas subterráneas.
Las minas habrían sido utilizadas también por el grupo armado para captar combatientes a la fuerza, según testimonios de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional.
Por otro lado, la investigación ha identificado indicios del traslado clandestino de oro desde áreas bajo control del M23 en RDC hacia Ruanda mediante rutas de contrabando ya establecidas.
Testimonios recabados entre mineros y otras personas vinculadas a la actividad de Lomera apuntan que la tierra que contiene oro sería cargada en sacos en embarcaciones en el puerto de Lomera y, posteriormente, llevadas hasta un denominado «puerto de arena» situado en Kamembe, en la provincia Occidental de Ruanda, utilizado como punto de recogida de arena destinada a la construcción.
Para Amnistía, el volumen de oro y coltán trasladado hacia Ruanda y la presunta intervención de dirigentes ruandeses junto al M23 plantean la posibilidad de una participación directa de Ruanda en el saqueo de los recursos congoleños.
«Esta investigación debe servir de llamada de atención a Ruanda de que personas ruandesas pueden incurrir en responsabilidad penal internacional por facilitar el tráfico de minerales saqueados a Ruanda», ha advertido Callamard.
La secretaria general de la organización ha señalado además que Ruanda podría afrontar responsabilidad como Estado por los abusos contra mineros si las personas ruandesas presentes en las explotaciones actuaran bajo la dirección o el control de las autoridades del país, aunque no fueran funcionarios gubernamentales.
Desde Amnistía Internacional han instado a los gobiernos y las empresas de todo el mundo suspender la adquisición de oro y coltán procedentes de Ruanda, petición que se extiende a las compañías de transformación y las refinerías de terceros países que compren estos minerales a proveedores ruandeses.
La organización ha planteado mantener esta suspensión hasta que el Gobierno de Ruanda presente pruebas concretas de que ha dejado de recibir minerales procedentes del tráfico ilegal desde República Democrática del Congo y ha exigido a las autoridades ruandesas que garanticen, además, que ninguna persona de nacionalidad ruandesa –armada o no– participe o permanezca en las en las explotaciones de Rubaya y Lomera en relación con los abusos denunciados.
En la misma línea, la organización ha pedido a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea que no suscriban acuerdos de explotación minera relacionados con Rubaya ni con otras minas controladas por el M23 en la RDC salvo que se garantice el acceso completo y sin obstáculos a observadores internacionales de Derechos Humanos y a organismos independientes de supervisión.
Así las cosas, el informe recuerda que las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos alcanzan a los Estados y a las empresas implicadas en las cadenas de suministro de minerales, por lo que la responsabilidad empresarial, según Amnistía, no se limita a quienes extraen directamente los recursos, sino que abarca a los distintos actores que intervienen posteriormente en su comercialización y transformación.
«Los crímenes descritos en este informe deberían servir de advertencia para todas las empresas que compran minerales a Ruanda», ha declarado Callamard, subrayando que las empresas podrían enfrentarse incluso a responsabilidad penal si su participación en estas cadenas comerciales llegase a constituir complicidad en crímenes de guerra.
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