La misión de la ONU sobre Venezuela denuncia que las estructuras de represión siguen «intactas» tras el 3 de enero
MADRID 16 Sep. –
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha denunciado este miércoles de que las instituciones estatales responsables de la represión y violaciones de Derechos Humanos en el país latinoamericano siguen «intactas» pese a las «limitadas» mejoras experimentadas en el último año en este sentido.
«Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de Derechos Humanos, no avances tentativos e incompletos», ha advertido su presidenta, Sofía Macher.
Sus conclusiones llegan al hilo de un informe difundido durante la jornada por la Misión, que observa una «disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas» tras la captura del presidente Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra Caracas el pasado 3 de enero.
La Misión tiene identificados a una veintena de funcionarios por su participación en «graves violaciones» de Derechos Humanos, que «continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave» después del supuesto traspaso de poderes a quien fuera ‘número dos’ del mandatario, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El informe reconoce la «reducción de algunas de las formas más severas de represión», incluida la excarcelación de cientos de presos políticos y un contexto más favorable para la celebración de protestas y reuniones públicas, si bien lamenta que «la impunidad por los crímenes del pasado persiste».
Los pequeños cambios, añade, «no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los Derechos Humanos» e incluso ha llegado a investigar 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero.
La Misión de la ONU ha denunciado la vigencia de leyes empleadas para «criminalizar la disidencia», además del hecho de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia «conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas».
A ello se suma, de acuerdo al informe, la necesidad de «desarmar o desmantelar» a los grupos comunitarios que han sido «una fuente permanente de intimidación y violencia» y sobre los que el Ejecutivo de Rodríguez no ha intervenido.
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