La OEA advierte de que Nicaragua usa su Constitución como un instrumento más para «excluir voces disidentes»
MADRID 2 Sep. (Agencias) –
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha asegurado este miércoles que la reciente reforma aprobada parcialmente en Nicaragua para limitar la participación electoral y excluir a candidatos considerados «traidores a la patria» convierte la Constitución «en un instrumento más para excluir las voces disidentes».
«La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos. Resulta particularmente alarmante que se impida ejercer cargos públicos a quienes sean arbitrariamente calificados de ‘traidores a la patria’. Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes», ha dicho en redes sociales.
Ramdin ha lamentado que quienes están en el poder en el país centroamericano «parecen empeñados en demostrar» que la apreciación de que se está presenciando «un desastre político en Nicaragua» es «correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense».
«Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana», ha agregado.
Asimismo, ha afirmado que los ciudadanos de Nicaragua «merecen instituciones que protejan sus derechos, no que los restrinjan, así como la oportunidad de elegir libremente a sus dirigentes entre distintas propuestas y de decidir el futuro de su país».
La Asamblea nicaragüense aprobó este martes, de forma «unánime» y en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye a los considerados «traidores a la patria» o «golpistas» participar en los comicios electorales.
Igualmente, amplía el mandato presidencial de seis a siete años, en el marco de una reforma que entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura en 2027.
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