Fedea sitúa a la policía catalana como la competencia singular más cara y propone revisarlo en el plan de financiación
MADRID 26 Ago. (Agencias) –
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este miércoles un informe en el que identifica a la policía autonómica catalana como la competencia no homogénea con mayor gasto del Estado, con una valoración de 1.855 millones de euros en 2023, por lo que propone usar la reforma del sistema de financiación autonómica para revisar el listado de las competencias singulares.
Así consta en el documento elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuenta, sobre la financiación de las competencias singulares, que se ha elaborado en pleno debate sobre la reforma de la financiación autonómica que se debatirá la próxima semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En este informe, Fedea ha denunciado que la metodología del «coste histórico» que se está aplicando actualmente genera «valoraciones muy dispares e incoherentes» para un mismo servicio según el territorio. De hecho, el autor cree que estas desigualdades resultan «prácticamente invisibles» para la ciudadanía porque el Ministerio de Hacienda no publica con regularidad los datos detallados.
Por ello, Fedea ha analizado el ejercicio 2023 y ha cifrado en 8.319 millones de euros el gasto en competencias singulares, es decir, atribuciones que solo asumen algunas autonomías.
Después de la policía autonómica catalana, la competencia singular más cara es el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, seguida de la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones.
El estudio ha detallado que a estas partidas les siguen los fondos para la normalización lingüística, que ascienden a 813 millones, los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones.
DIFERENCIAS EN ENSEÑANZA Y JUSTICIA
En este contexto, el informe señala ejemplos de costes dispares por el mismo servicio, que considera «difícilmente justificables».
En la gestión de la Administración de Justicia, traspasada a diez comunidades, el coste por habitante oscila en un abanico de más de 80 puntos de índice. Mientras que Asturias ha recibido 81,8 euros por habitante, Galicia ha percibido 35,5 euros y la Comunidad Valenciana se ha quedado en 37,7 euros.
Una brecha más acentuada se ha registrado en la partida destinada a los profesores de religión, donde la financiación por alumno en edad escolar presenta desviaciones de más de 150 puntos de índice. Asturias lidera este reparto con 88,7 euros por alumno, frente a los 20 euros de Cataluña o los 29,2 euros de Baleares.
Por su parte, la valoración de las competencias de las provincias sitúa a Madrid con 136 euros per cápita ante los 367 euros de Extremadura.
RECHAZO AL USO DEL IVA
En las negociaciones del nuevo modelo de financiación, Fedea ha rechazado la propuesta del Ministerio de Hacienda de permitir que las comunidades financien estas competencias no homogéneas mediante la cesión de un tramo adicional de IVA de hasta el 90%.
Ángel de la Fuente cree que esta opción reduce la transparencia, dificulta la comparación de costes reales entre territorios y obstaculiza la integración en el futuro de estas prestaciones en el sistema general.
Para resolver esta situación, Fedea ha propuesto clasificar las competencias singulares en varios grupos. Con respecto a las materias destinadas a ser asumidas por todas las comunidades con el tiempo, como justicia o los profesores de religión, plantean adaptar gradualmente su valoración a la fórmula de necesidades de gasto del bloque general.
En el caso de materias que sigan siendo singulares por razones geográficas o políticas, como prisiones o policía autonómica, el centro de estudios ha instado a establecer costes de referencia objetivos.
El director de Fedea ha concluido que la reforma de la financiación regional debe ir acompañada de una unificación de criterios, por lo que ha apremiado a eliminar la multiplicidad de opciones para comunidades uniprovinciales y a publicar de forma transparente toda la financiación por todas las vías.
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