CEAR espera que la nueva Ley de Asilo no suponga «retrocesos» y defiende que «los derechos humanos no son negociables»
MADRID 25 Ago. Agencias –
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) espera que el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo, aprobado este martes en primera vuelta por el Consejo de Ministros, no suponga «retrocesos» y ha defendido que «los derechos humanos no son negociables».
En este sentido, la ONG ha recordado que remitió hace un año al Gobierno español sus propuestas para esta nueva Ley, reclamando entre otras medidas que la normativa reforzara la posibilidad de habilitar vías legales y seguras, como solicitar el traslado desde embajadas y consulados para que las personas puedan solicitar asilo en territorio español y «no tengan que arriesgar su vida en el intento».
También reclamó que se mantuvieran las plenas garantías en el acceso al procedimiento existentes en el marco actual: asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información, el derecho a intérprete y el derecho a un recurso efectivo.
Igualmente, pidió que la detención solo se utilice como último recurso y que, además, se cumpla «escrupulosamente» el ‘principio de no devolución’ de la Convención de Ginebra, por el que una persona no puede ser devuelta a terceros países donde sus vidas y sus derechos no estén garantizados.
De la misma manera, ha recalcado que «es necesario adaptar el procedimiento y las condiciones de acogida a las personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes». Además, ha propuesto que se refuercen las «buenas prácticas» del sistema actual, como el permiso de trabajo a partir del sexto mes desde que se registra la solicitud de asilo o garantizar el derecho a vivir en familia, estableciendo plazos «más breves» para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país.
Además, considera «fundamental» instaurar un mecanismo de monitoreo independiente en las fronteras para evitar «vulneraciones flagrantes» de los derechos humanos como las que provocaron las muertes de Tarajal en 2014 o la «masacre» de Melilla en 2022.
El Gobierno ha informado este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de la nueva Ley de Asilo es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio.
En esta línea, CEAR ha destacado que, «en determinadas cuestiones, los Estados miembro pueden optar por el marco más garantista que ofrece el Pacto y tienen margen de maniobra para implementarlo según los estándares de derecho internacional».
«Esperamos que el texto que llegue al Congreso sea un punto de inflexión en la peligrosa deriva que están tomando las políticas migratorias a nivel europeo. España puede y debe tomar otro rumbo y demostrar que los derechos humanos no son negociables», sostienen Mónica López y Mauricio Valiente, directora y director de CEAR.
ARCÓPOLI AVISA DE CONSECUENCIAS PARA PERSONAS LGTBI+
Por otro lado, Arcópoli ha manifestado su «profunda preocupación» por «las graves consecuencias que los procedimientos exprés y la lógica de contención fronteriza tendrán sobre las personas LGTBI+ que buscan refugio en España.
La entidad ha expuesto que «huir de la LGTBIfobia implica escapar de la criminalización estatal, la violencia sistemática y la desprotección social. Arcópoli acompaña de forma integral a personas migrantes y refugiadas LGTBI+ mediante atención social, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica especializada, facilitando el proceso de reconstrucción de una nueva vida en España libre de discriminación y odio».
Asimismo, ha afirmado que el sistema de asilo actual en España, «aunque arrastra defectos y deficiencias», es «sustancialmente más garantista» que el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Por ello, ha exigido blindar el derecho de asilo y la protección internacional; excluir de la lista de «países seguros» a todos aquellos Estados donde los derechos de las personas LGTBI+ sufran persecución legal, social o política; y garantizar vías de acceso «seguras, adecuadas y con pleno disfrute de derechos».
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