La Junta pide explicaciones a Adif por la retirada del cerramiento histórico de Campo Grande de Valladolid

   VALLADOLID, 21 Ago. Diario Dia –

   La Junta de Castilla y León ha pedido explicaciones al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por la retirada del cerramiento histórico de Campo Grande y ha reclamado respeto al patrimonio de Valladolid.

   Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en las últimas horas en relación con la retirada del cerramiento histórico situado en el acceso a la estación de Valladolid-Campo Grande, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha lamentado la «pérdida» de un elemento histórico vinculado durante más de un siglo a la imagen de la estación y ha trasladado su «comprensión» ante la preocupación expresada por numerosos vallisoletanos ante una «actuación irreversible».

   En un comunicado remitido a los medios, la Administración autonómica ha señalado que por respeto al patrimonio y a los ciudadanos resulta «imprescindible aclarar con rigor quién ha proyectado, autorizado y ejecutado esta actuación», todo ello con el objetivo de «evitar trasladar responsabilidades a una Administración que no ha participado en ninguna de esas decisiones».

   A este respecto, ha explicado que el cerramiento retirado no estaba declarado Bien de Interés Cultural, no se encontraba inventariado ni figuraba individualmente protegido en el catálogo del PGOU de Valladolid.

   Además, ha detallado que la actuación se enmarca en las obras de remodelación de Valladolid-Campo Grande promovidas y ejecutadas por Adif Alta Velocidad, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y fue Adif quien decidió incorporar al proyecto una nueva plaza abierta que prescindía del cerramiento histórico y quien finalmente ha ejecutado materialmente su retirada.

   «La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte no proyectó el derribo, no lo autorizó y no lo ejecutó», ha subrayado la Junta, que ha señalado que su intervención en estas obras se circunscribe a las competencias que legalmente le corresponden en materia de tutela arqueológica.

   Precisamente, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural realiza ese seguimiento y, el pasado 11 de agosto, recibió de conformidad el informe parcial de control y documentación arqueológica presentado por Adif, donde se «dejó expresamente establecido que las obras continúan sometidas a supervisión y que deberá presentarse la correspondiente memoria final».

   Por ello, la Consejería considera que es el Gobierno, a través de Adif como promotor de una actuación de más de 200 millones, quien debe explicar por qué optó por un diseño que implicaba la desaparición de un elemento histórico perfectamente reconocible del entorno de Campo Grande y por qué no contempló su conservación, integración o reutilización dentro de la nueva plaza.

   «Una actuación de esta magnitud en un entorno histórico exige algo más que el estricto cumplimiento administrativo: exige sensibilidad hacia la historia de la ciudad y hacia los elementos que durante generaciones han formado parte de su paisaje urbano», ha ahondado el Ejecutivo autonómico.

POLÍTICA FERROVIARIA

   En este sentido, la Junta ha asegurado que lo sucedido tampoco puede analizarse de manera aislada, puesto que es una «consecuencia más» de una política ferroviaria impuesta por el Ministerio de Transportes tras su renuncia al necesario soterramiento de las vías en Valladolid.

   «El Gobierno decidió abandonar esa solución y sustituirla por un modelo de integración que ha transformado profundamente el entorno de la estación», ha criticado la Administración autonómica, para después subrayar que cuando se «impone una actuación de esta envergadura frente a las aspiraciones de una ciudad, existe una obligación todavía mayor de medir cada decisión y valorar hasta sus últimas consecuencias su impacto urbano, histórico y patrimonial».

   Por todo ello, la Consejería va a solicitar formalmente explicaciones y toda la documentación correspondiente a Adif, incluyendo la documentación del proyecto relativa al cerramiento, la información gráfica previa a su retirada y el destino dado a los elementos pétreos conservables, especialmente los pilares y remates históricos. Asimismo, se solicitará su conservación con el objetivo de estudiar su posible recuperación e integración en la futura ordenación del entorno.

   Del mismo modo, se recabará del Ayuntamiento de Valladolid la documentación correspondiente a las autorizaciones emitidas en el ámbito de sus competencias, con el único propósito de disponer de toda la información y verificar que se han cumplido correctamente los procedimientos previstos en la legislación de patrimonio cultural.

   Frente a quienes reclaman la apertura inmediata de expedientes sancionadores, la Junta se ha mostrado clara al asegurar que la defensa del patrimonio debe hacerse desde la ley y no desde la utilización política de la ley.

   «No puede sancionarse una actuación por el mero hecho de que genere rechazo o controversia. La potestad sancionadora exige la existencia de una infracción legalmente tipificada y, con la información disponible hasta este momento, no existe fundamento jurídico para afirmar que se haya producido una infracción sancionable», ha concluido el Ejecutivo autonómico.

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