Nicaragua: El fin de la ilusión electoral
MONTEVIDEO – El 19 de julio, en el 47º aniversario de la revolución sandinista que lo llevó al poder por primera vez, el presidente nicaragüense Daniel Ortega declaró que su país «no celebraría más elecciones» para que la oposición no pudiera volver a intentar «tomar el poder». De ese modo, descartó unas elecciones presidenciales que ya se habían aplazado hasta 2027, abandonando incluso la ficción de la legitimidad democrática.
En la práctica, esta medida cambia poco, ya que desde hace años no era posible celebrar unas elecciones libres. Pero sigue siendo reveladora: un gobierno que controla el ejército, los tribunales, la maquinaria electoral y la policía, y que ni siquiera se arriesga a celebrar unas elecciones amañadas, es un Gobierno que ha perdido la confianza en su pueblo.
Desmantelamiento de la sociedad civil
La supresión de las elecciones es la culminación política de un proyecto a largo plazo destinado a eliminar cualquier espacio organizado que escape al control de la familia gobernante. Una reforma constitucional ratificada en enero de 2025 prolongó el mandato de Ortega, elevó a su esposa, Rosario Murillo, de vicepresidenta a «copresidenta», y otorgó a la pareja el control sobre todos los poderes del Estado, con su hijo, Laureano Ortega Murillo, posicionado como heredero monárquico.
La supresión de unas elecciones que ya habían quedado vacías de todo significado elimina el último mecanismo formal a través del cual el poder en Nicaragua podría, por improbable que fuera, haber cambiado de manos.
Desde 2018, el gobierno ha disuelto más de 5500 organizaciones de la sociedad civil, lo que supone cerca de 80 % de las que existían. Su red de represión ha abarcado sindicatos, colectivos de mujeres, universidades, medios de comunicación independientes y entidades religiosas, siendo la Iglesia católica un objetivo especial. La profesión jurídica es la última víctima.
A principios de julio, unos 2000 abogados vieron cómo se les revocaban de la noche a la mañana sus licencias para ejercer, sin previo aviso ni posibilidad de recurso, lo que, en la práctica, ha dejado a muchos nicaragüenses sin defensa jurídica.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha concluido que el gobierno ha convertido en arma a todas las ramas del Estado y que sus abusos constituyen crímenes contra la humanidad cometidos como política deliberada. Ha documentado cadenas de mando que vinculan a la presidencia con funcionarios locales y ha identificado a 54 funcionarios responsables de la represión.
Represión más allá de las fronteras
La persecución ha obligado a más de 935 000 personas —aproximadamente uno de cada ocho nicaragüenses— a exiliarse desde las protestas masivas de 2018, que las fuerzas de seguridad reprimieron matando a más de 300 personas.
Pero el exilio no ofrece seguridad. Un informe de 2025 elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos revela que el régimen dirige una extensa red transnacional de inteligencia y vigilancia en la que utiliza al ejército, la policía, el servicio exterior y agentes informales para rastrear a los críticos en el extranjero, vigilar sus comunicaciones y amenazar a sus familias en el país.
Para un número cada vez mayor de personas, la vigilancia conduce a la violencia. En junio de 2025, Roberto Samcam, un comandante del ejército retirado convertido en destacado crítico, fue asesinado a tiros en su domicilio de Costa Rica por un sicario que se hacía pasar por un repartidor. Fue una de las al menos cuatro figuras de la oposición exiliadas asesinadas en América Central desde 2022. Muchas más han sobrevivido a atentados contra su vida.
El régimen también ha despojado de su nacionalidad a cientos de críticos, entre ellos 222 presos políticos a los que expulsó a Estados Unidos en 2023 y 135 a los que envió a Guatemala en 2024, y ha introducido modificaciones en el Código Penal para perseguir los «delitos contra el Estado» cometidos en el extranjero.
Consciente de que los organismos internacionales ofrecen una vía para exigir responsabilidades, el régimen está tomando medidas para cerrarla. Tras abandonar la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2023, Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de otros cuatro organismos multilaterales en 2025.
Sin embargo, algunos mecanismos no necesitan su consentimiento. Dos meses después de que el gobierno anunciara su retirada, el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato del Grupo de Expertos por otros dos años.
Un juez argentino, actuando en virtud de la jurisdicción universal, ha dictado órdenes de detención contra Ortega, Murillo y otros altos cargos. Los instrumentos jurídicos existen, pero a menudo falta la voluntad de utilizarlos.
Los Estados democráticos han mostrado poca voluntad al respecto. Estados Unidos no reconoce el gobierno de Ortega, pero en septiembre de 2025 la administración de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal para los nicaragüenses, alegando que el país ya era seguro para su regreso, una afirmación que contradice las conclusiones de la ONU. Esto dejó a miles de personas expuestas a la deportación.
Mientras tanto, Ortega ha recurrido a sus aliados autocráticos: China es ahora su principal fuente de financiación y Rusia le proporciona asesoramiento y formación en materia de inteligencia y seguridad.
Se necesita una presión a largo plazo
Ortega habrá observado de cerca lo ocurrido en Venezuela. En 2024, Nicolás Maduro permitió la celebración de unas elecciones que estaba seguro de haber ganado de antemano, tras haber impedido la candidatura de la principal figura opositora, solo para ver cómo un sustituto poco conocido se convertía en el catalizador de años de descontento acumulado.
La supresión de las elecciones le ahorra a Ortega ese peligro, al menos a corto plazo.
A largo plazo, la presión para restablecer la democracia dependerá de la resistencia de la sociedad civil nicaragüense, tanto en el país como en el exilio, y de que los Estados democráticos estén dispuestos a exigir responsabilidades al régimen.
Ninguna de estas dos cosas puede darse por sentada. El movimiento más capaz de mantener la lucha se ha visto obligado a exiliarse, donde también se enfrenta a la persecución, y el gobierno mejor situado para acoger a estos exiliados se dedica a enviarlos de vuelta a casa.
Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.
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