El Defensor del Pueblo analiza 450 expedientes de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica
MADRID 3 Ago. –
La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo trabaja actualmente en el análisis de 450 expedientes, de los que 149 ya se encuentran en fase de tramitación, es decir, en el final del proceso por el que se reconoce la condición de víctima y se fija la reparación.
Así lo ha anunciado este lunes la institución, que ha expresado que, hasta el 31 de julio, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ha mantenido entrevistas personalizadas con 105 víctimas.
Por otro lado, ha apuntado que se han inadmitido cuatro casos por estimarse que la solicitud no se corresponde con el objeto de trabajo establecido en el Protocolo, firmado el 30 de marzo de 2026 entre Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo para reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
En este sentido, ha explicado que el Protocolo concreta el funcionamiento del sistema establecido y los plazos previstos. Así, en la cláusula octava 1.2, referente a la fase de evaluación y valoración, se señala que «El Defensor del Pueblo, una vez estudiado el caso y escuchadas las partes involucradas por su Unidad de Víctimas, elaborará en el plazo máximo de tres meses una valoración de reconocimiento o de denegación de la solicitud (…) En el caso de concurrencia de un volumen extraordinario de solicitudes o de la especial complejidad en su valoración podrá acordarse la ampliación del plazo por un periodo adicional de un mes (…)».
Se detalla, además, en el Protocolo que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas; y económica, por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.
La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo está conformada por profesionales independientes expertos en victimología, psicología, criminología, y en otras disciplinas jurídicas. Comenzó su trabajo el 15 de abril pasado. Y recibe, desde entonces, solicitudes que le remite la Unidad de Tramitación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
«Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños. No es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano», ha venido subrayando Ángel Gabilondo desde el día de la firma del Protocolo.
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