La empresa del ‘caso hidrocarburos’ solicita al juez que escuche a asesores y auditores de su sistema antidelitos
MADRID 20 Jul. –
La empresa Villafuel, epicentro de la presunta trama del ‘caso hidrocarburos’ que se investiga en la Audiencia Nacional, ha pedido al juez instructor, Santiago Pedraz, que cite a dos auditores y tres asesores que trabajaron en un sistema de prevención de riesgos penales de la compañía.
A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa de Claudio Rivas, investigado en esta causa junto a, entre otros, el conseguidor Víctor de Aldama, solicita que se llame a los cinco argumentando que es una diligencia «pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación».
Quiere que el juez los llame en calidad de testigos o «en la condición procesal que resulte procedente, por constituir una fuente de prueba directa, personal y cualificada respecto de la efectiva implantación, funcionamiento, supervisión y evaluación del sistema de organización y gestión implantado».
Villafuel implementó un sistema de organización y gestión destinado a la prevención de riesgos penales con el asesoramiento de una compañía externa y después fue sometido a una auditoría externa por otra empresa, según explica.
Y señala que la cuestión que «resulta jurídicamente relevante no es la mera existencia documental del sistema de cumplimiento, extremo que ya consta acreditado en autos, sino determinar si dicho modelo se encontraba efectivamente implantado, era conocido por la organización y resultaba razonablemente idóneo para prevenir la comisión de ilícitos durante el periodo investigado».
A ello añade que la documentación obrante en la causa «acredita la existencia del modelo y de las certificaciones emitidas, pero no permite conocer por sí sola las circunstancias materiales de su elaboración, implantación, seguimiento y evaluación práctica».
Por ello, considera que la valoración de la eficacia real del sistema «exige necesariamente acudir a quienes intervinieron personalmente en su diseño, implantación, auditoría y certificación, al tratarse de las personas que poseen conocimiento directo sobre la metodología empleada, los controles establecidos, las verificaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas durante dichos procesos».
En concreto, la empresa quiere esclarecer mediante dichas declaraciones la metodología empleada para la identificación y evaluación de riesgos penales; los controles y protocolos incorporados al modelo; el grado de implantación efectiva del sistema dentro de la organización; los mecanismos de supervisión y seguimiento previstos; el alcance de las verificaciones realizadas durante el proceso de auditoría, y los criterios técnicos que fundamentaron las conclusiones alcanzadas y la emisión de las correspondientes certificaciones, tal y como indica el escrito.
Para Villafuel, las declaraciones solicitadas son «una fuente de prueba directa y cualificada» para «determinar si el modelo de organización y gestión implantado se encontraba efectivamente implementado y resultaba razonablemente idóneo para prevenir la comisión de delitos durante el periodo objeto de investigación».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantificó en más de 200 millones de euros el presunto fraude fiscal que se habría cometido en torno a esta supuesta trama.
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