El juez interroga hoy a la directora de la Guardia Civil y al DAO como investigados en el ‘caso Leire Díez’
MADRID 16 Jul. –
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’, Santiago Pedraz, interroga este jueves como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.
González declarará a partir de las 10.15 horas y después lo hará Manuel Llamas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. En ambos casos, el juez les atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.
En concreto, la UCO indicó que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ambas que tuvieron lugar los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.
«Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo ‘investigaciones internas’ en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa», señaló.
«NUNCA, JAMÁS» INTERFIRIÓ EN INVESTIGACIONES DE LA UCO
Según los investigadores, «se ha apreciado cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO».
Tras conocerse el informe, González aseguró el pasado mayo en el Senado que «nunca, jamás» ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.
La directora general del Instituto Armado admitió varios encuentros con Leire Díez y reconoció que intercambió «unos cuantos mensajes de Whatsapp» durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos.
González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, si bien indicó que la exmilitante «en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil.
En una última cita en el mes de mayo, Díez le planteó «retornar a su destino» al comandante Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’, algo que la directora general dijo que «rechazó de plano», según afirmó.
«PONERSE DE PERFIL» EN LA INVESTIGACIÓN AL HERMANO DE SÁNCHEZ
Por su parte, el juez imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló presiones del DAO y el ex director general del Instituto Armado Leonardo Marcos para «ponerse de perfil» en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de citarle como investigado al entender que la intención de Llamas era «generar un efecto de desaliento» a la UCO para que no impulsara investigaciones.
En un escrito, Anticorrupción describió que la presunta trama llevó a cabo «actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos».
Uno de ellos habría sido «impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada», como la posible filtración a la prensa de mensajes comprometidos entre el exministro José Luis Ábalos y otros miembros relevantes del PSOE que «se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel».
«La apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial», relataron las fiscales del caso.
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