Bruselas autoriza ampliar a 65 millones las ayudas de España al campo y la pesca por el alza del combustible
BRUSELAS 14 Jul. –
La Comisión Europea ha autorizado este martes la modificación de los dos régimenes de ayudas de Estado aprobados para compensar el impacto del encarecimiento del combustible en los sectores agratio y pesquero por la crisis de Oriente Próximo, una revisión que incluye un incremento conjunto de 65 millones de euros y eleva su dotación total a los 144 millones.
En concreto, Bruselas ha dado luz verde a aumentar en 55 millones el presupuesto del programa destinado a los productores agrícolas, que pasa de 54 a 109 millones de euros, mientras que el régimen dirigido a las empresas pesqueras recibirá otros 10 millones adicionales, con lo que su presupuesto total ascenderá de 25 a 35 millones.
La revisión del esquema para el sector agrícola incorpora además una ampliación del periodo cubierto por las ayudas, que se extenderá desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año, así como cambios en el método de cálculo de las subvenciones que recibirán los beneficiarios. En el caso del sector pesquero, España también ha notificado una modificación en el sistema utilizado para calcular el importe de las ayudas, además del incremento presupuestario.
La Comisión ha evaluado ambas modificaciones conforme a las normas europeas sobre ayudas de Estado y al marco temporal extraordinario probado el pasado 29 de abril para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo.
Tras ese análisis, el Ejecutivo comunitario considera que los cambios mantienen las condiciones exigidas por dicho marco temporal, al tratarse de regímenes con un presupuesto «claramente definido» y destinados a respaldar de forma temporal a empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas y pesqueros.
Bruselas concluye asimismo que las medidas son «necesarias, adecuadas y proporcionadas» para facilitar el desarrollo de estas actividades económicas y que «no afectan negativamente a las condiciones de competencia ni a los intercambios comerciales» de forma contraria al interés común, por lo que ha autorizado las modificaciones planteadas por España.
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