Vox insta al Gobierno a publicar el origen de delincuentes y que los extranjeros condenados cumplan pena en sus países
MADRID 7 Jul. Diario Dia –
Vox ha registrado este martes una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a publicar el origen de los delincuentes en los balances de criminalidad y que los extranjeros condenados cumplan pena en sus países.
En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal pide reformar el artículo 89 del Código Penal «para asegurar que cualquier extranjero condenado por un delito sea expulsado del territorio nacional». También aboga por retirar la nacionalidad española a los extranjeros nacionalizados que cometan delitos.
De la misma manera, solicita garantizar que todas las órdenes de expulsión de extranjeros del territorio nacional que se emitan sean «efectivamente cumplidas para garantizar la seguridad de los españoles y la integridad de las fronteras, promoviendo además con esa finalidad las necesarias reformas en el ordenamiento jurídico».
Igualmente, pide que el Ministerio del Interior publique el país de origen de los infractores en los balances de criminalidad, «a fin de garantizar la transparencia y que los españoles puedan conocer las consecuencias reales de la inmigración masiva».
Asimismo, propone que se celebren convenios con países extranjeros e impulsar modificaciones normativas en el seno de la Unión Europea, con la finalidad de que las personas que sean nacionales de otros Estados y sean condenadas por haber perpetrado delitos en España, cumplan las penas impuestas por los tribunales españoles en sus países de origen, con la incorporación de mecanismos de verificación periódica de que dicho cumplimiento es efectivo.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha señalado que se trata de medidas de «puro sentido común» y ha agregado que van a hacer «todo lo posible para revertir la invasión migratoria», así como sus «terribles consecuencias» para la seguridad.
En este sentido, han cargado contra las «regularizaciones masivas» de migrantes, con más de un millón de solicitudes, según las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra la ha vinculado a la figura de la reagrupación familiar, que ha recordado que la introdujo el PP en la reforma de Extranjería en el 2000.
«Este proceso, por cierto, está disparando el negocio de los empadronamientos ilegales, por los cuales se están llegando a pagar hasta 800 euros, lo que demuestra más que todo lo que hace Sánchez favorece a las mafias y perjudica una vez más a los españoles más débiles», ha subrayado.
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