Reforma de la LOPIVI: ¿Cómo reforzar la protección de los menores con discapacidad frente a la violencia

   MADRID, 5 Jul. Agencias –

   La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha pedido reforzar las garantías de protección de niños y adolescentes con discapacidad frente a la violencia en la reforma por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

   Según ha indicado la entidad, ha enviado una batería de sugerencias al anteproyecto de ley por el que se modifica la LOPIVI mediante las cuales busca «asegurar que la futura norma incorpore plenamente el enfoque de derechos humanos recogido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas».

   Las propuestas de COCEMFE se centran en ámbitos como la prevención de la institucionalización, la accesibilidad universal, los apoyos individualizados, la formación especializada de profesionales, la protección frente a la discriminación múltiple y el fortalecimiento de los entornos familiares y comunitarios. La entidad considera que estos elementos «son imprescindibles para garantizar una protección efectiva» frente a cualquier forma de violencia, como ha señalado en un comunicado.

   «Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad siguen enfrentándose a mayores riesgos de violencia, abuso, negligencia y discriminación. La futura ley debe incorporar medidas específicas que garanticen su protección efectiva y el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones», ha afirmado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

   Entre las principales aportaciones, COCEMFE propone incorporar el principio de desinstitucionalización en la ley para garantizar que la discapacidad «nunca constituya un motivo para la separación familiar» o la institucionalización de una persona menor de edad.

   En este sentido, la entidad defiende que «la mejor protección frente a la violencia pasa por fortalecer los apoyos familiares y comunitarios y por garantizar el derecho de cada niña y niño a crecer en entornos inclusivos».

   La organización reclama además que todos los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con situaciones de violencia sean «plenamente accesibles» e incluyan ajustes razonables y apoyos individualizados. En este sentido, solicita que se garantice el uso de sistemas dotados de accesibilidad universal en la información y las comunicaciones para asegurar que las personas menores de edad con discapacidad puedan ser escuchadas y participar de forma efectiva.

PIDE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD

   COCEMFE plantea también incorporar de manera transversal la perspectiva de género y discapacidad en las políticas y actuaciones previstas en la norma. Según la entidad, las niñas y adolescentes con discapacidad se encuentran expuestas a formas específicas y agravadas de violencia, especialmente violencia sexual, violencia de género, violencia institucional, explotación y negligencia, por lo que «requieren medidas reforzadas de protección y prevención».

   Asimismo, la Confederación propone reforzar la formación obligatoria del personal de los ámbitos educativo, sanitario, social, policial y judicial para mejorar la detección temprana de situaciones de violencia hacia la infancia con discapacidad.

   «Proteger a la infancia y la adolescencia con discapacidad exige eliminar barreras, garantizar apoyos y fortalecer a las familias. No basta con reconocer derechos; es necesario establecer mecanismos concretos que permitan ejercerlos y prevenir cualquier forma de violencia o discriminación», ha señalado Queiruga.

   COCEMFE ha apuntado además que la reforma de la LOPIVI representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema de protección más inclusivo, accesible y centrado en los derechos humanos, alineado con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y con la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. La entidad espera que sus aportaciones sean incorporadas durante la tramitación de la norma «para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente con discapacidad quede atrás».

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