Un estudio relaciona tasas de criminalidad con la edad y sexo y la desvincula de la inmigración

MADRID, 2 Jul. (Agencias) –

Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) relaciona las tasas de criminalidad con la edad y el sexo y descarta su relación con la nacionalidad. Según el informe, la brecha delictiva entre la población extranjera y autóctona se debe principalmente a que el perfil de los inmigrantes suele concentrar a más hombres jóvenes, el sector demográfico con mayores tasas de criminalidad en cualquier sociedad.

Entre las conclusiones del informe, se puede extraer que lo que influye son factores estructurales como la composición por edad y sexo, la pobreza, la exclusión social, la residencia rural o urbana y el acceso a la vivienda y al empleo.

La investigación, publicada recientemente en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), concluye que factores estructurales y socioeconómicos explican la brecha delictiva y «avala» las políticas de regularización como herramientas eficaces de seguridad.

«La condición de inmigrante, por sí sola, no explica los niveles de criminalidad una vez considerados los factores demográficos y el contexto socioeconómico», ha indicado el autor del estudio, Jesús Javier Sánchez Barricarte, catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M.

En este sentido, el autor del estudio han recordado que España ha vivido una transformación demográfica en las últimas décadas y ha pasado de tener apenas un 2% de población extranjera a finales del siglo XX a cerca del 14% en 2025.

Para la realización del informe se ha analizado más de 5,5 millones de delitos con sentencia condenatoria firme registrados entre 2007 y 2023, a partir de la estadística de condenados adultos del Instituto Nacional de Estadística (INE). «Lo que he comprobado es que hay un fuerte contraste entre lo que se percibe y lo que apuntan los datos», señala el autor.

APORTACIONES

Una de las aportaciones de la investigación señala la necesidad de estandarizar las tasas delictivas para realizar comparaciones metodológicamente válidas. Esto se debe a que la delincuencia es una variable que depende de la edad y del sexo –es más alta entre los varones y los jóvenes–, y la población inmigrante es, de media, más joven y tiene una proporción de varones más alta que la española.

«Si queremos comparar poblaciones con diferentes estructuras demográficas es imperativo hacer un ejercicio de estandarización», ha explicado Sánchez Barricarte. Al aplicar este criterio, la realidad estadística cambia por completo: «Cuando se estandarizan las tasas, la diferencia entre españoles y extranjeros se reduce a la mitad. Es decir, buena parte de la brecha no tiene que ver con ser inmigrante, sino con la estructura de edad y género».

El estudio muestra que la diferencia restante tras la estandarización tampoco se explica por la condición de inmigrante en sí misma. Cuando se tienen en cuenta diversos factores socioeconómicos, lo que se encuentra es que la mayor presencia de inmigrantes en una provincia no está asociada con tasas delictivas superiores. En cambio, lo que sí pesa de forma consistente son factores como el nivel de urbanización y la edad media de la población.

«En todos los grupos de población, las tasas delictivas son más altas en las ciudades que en las zonas rurales y resulta que un mayor porcentaje de inmigrantes vive en las áreas urbanas», ha subrayador el investigador de la UC3M. Otros factores como el nivel medio de ingresos y el acceso a servicios básicos, como la vivienda, también condicionan el nivel de determinados delitos. Cuando se controla por estos factores, no se encuentra asociación entre el porcentaje de población extranjera y las tasas delictivas.

El análisis destaca también una gran heterogeneidad de los niveles delictivos según la nacionalidad. Existen grupos muy por encima de la media autóctona (los procedentes de los Balcanes multiplican por nueve la tasa española, Argelia la quintuplica o Ecuador la triplica), mientras que otros presentan tasas incluso inferiores a la española, como los procedentes de India, China, Filipinas o Pakistán.

«Si ser inmigrante fuera el problema, no veríamos esa dispersión tan grande», ha argumentado el profesor, que considera que lo que explica las diferencias no es el origen nacional, sino las condiciones sociales y económicas de cada colectivo».

El investigador ha insistido en que distinguir entre «extranjero» e «inmigrante» es fundamental para no distorsionar las cifras. En las estadísticas de condenados se recoge la nacionalidad pero no se especifica si la persona es o no residente en España.

De este modo, las condenas a turistas extranjeros o a miembros de redes de crimen organizado internacional que no residen en el país «inflan» artificialmente las tasas de delincuencia de los inmigrantes residentes, lo que explica los indicadores elevados de ciudadanos procedentes de los Balcanes y Georgia.

Apunta, además, la existencia de un «notable subregistro en ciertos delitos cometidos por la población autóctona, como los conocidos como delitos de cuello blanco (fraude financiero, corrupción o evasión fiscal), que presentan una mayor incidencia en la población autóctona frente a la inmigrante y explican también parte de la brecha».

En opinión del autor, los datos «contradicen directamente la percepción de alarma social ligada a la inmigración irregular». El estudio comprueba que, entre los años 2017 y 2023, el peso de la población extranjera en situación irregular en España creció un 345 %, mientras que la tasa de delincuencia estandarizada de los extranjeros bajó un 2 %. «Si fuera cierto que la irregularidad disparase los delitos, esa relación tendría que aparecer en los datos. Y no aparece», ha indicado.

Respecto al crimen organizado, Sánchez Barricarte sostiene éste obedece a dinámicas propias y opera al margen de la inmigración de arraigo, estando conformado frecuentemente por personas que ni residen en España: «Lo verdaderamente ingenuo sería pensar que si restringimos la inmigración vamos a terminar con el crimen organizado internacional».

En cuanto al terrorismo yihadista, ha apuntado que «es, ante todo, un problema de seguridad, no exclusivamente migratorio», ya que «más de la mitad de los detenidos por este motivo entre 2004 y 2023 habían nacido en España». Además, el análisis ha constadado una gran heterogeneidad delictiva entre los extranjeros con nacionalidad de países de mayoría musulmana –con tasas altas en Argelia y Marruecos y tasas inferiores a la española en Malí y Pakistán–, sin encontrar evidencias que vinculen la religión musulmana con niveles más altos de delincuencia.

A tenor de la conclusiones del informe, el profesor concluye que las políticas de integración y de regularización, «lejos de ser una amenaza, ayudan a reducir la delincuencia, ya que la regularización mejora las condiciones de vida de los inmigrantes sin perjudicar el empleo ni los salarios de la población autóctona». Considera, por ello, que las políticas de regularización migratoria se configuran de este modo como «herramientas eficaces para mejorar la seguridad y la cohesión social, en un llamamiento académico a sustituir los prejuicios por los datos».

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