La Audiencia de Madrid alerta del «colapso» en la jurisdicción civil y reclama al Gobierno más recursos
MADRID 2 Jul. –
La Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid ha advertido este jueves de que la decisión del Ministerio de Justicia de no prorrogar varios planes de refuerzo situará a la jurisdicción civil madrileña en una situación de «colapso», por lo que ha reclamado que rectifique de forma inmediata y ha avisado de que, en caso contrario, hará responsable al departamento de la paralización de actuaciones judiciales.
En un acuerdo adoptado este 2 de julio, al que tuvo acceso Europa Press, los presidentes de las secciones civiles recuerdan que estos órganos soportan desde hace años una «notable carga de trabajo», que multiplica por 4,5 el módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación agravada por el incremento de la litigiosidad, especialmente en asuntos de consumo, banca y procedimientos monitorios.
El documento señala que, pese a la insuficiencia de la planta judicial, la Presidencia de la Audiencia había venido impulsando distintos planes de apoyo y refuerzo para agilizar la tramitación de los procedimientos, si bien su alcance se ha ido reduciendo en los últimos años por decisiones presupuestarias del Ministerio de Justicia.
En este contexto, denuncia que el Ministerio ha comunicado que no prorrogará las comisiones de servicio sin relevación de funciones que seguían vigentes, entre ellas las correspondientes a las secciones 25 bis y 28 bis, especializadas en acciones sobre condiciones generales de la contratación y defensa de consumidores y usuarios, que tienen pendientes de resolver 41.061 recursos.
Según el acuerdo, la desaparición de estos refuerzos obligará a redistribuir los asuntos entre las distintas secciones civiles y mercantiles, lo que supondrá una ralentización de la actividad y un incremento de los tiempos de respuesta en las 13 secciones afectadas, con demoras superiores a cuatro años sobre los plazos actuales.
Asimismo, lamenta que también haya sido rechazada la creación de una unidad especializada para resolver recursos contra autos de inadmisión de juicios monitorios, que habría permitido tramitar de forma automatizada más de 12.000 recursos al año.
Los magistrados consideran que esta decisión refleja una política de «abandono y maltrato institucional» hacia la jurisdicción civil madrileña, cuya cúspide es la Audiencia Provincial, y sostienen que la sitúa ante un «inminente y significativo incremento» de la pendencia y de los tiempos de respuesta.
Por ello, solicitan al Ministerio de Justicia que rectifique, dote de los recursos presupuestarios necesarios y autorice los planes de refuerzo que consideran imprescindibles para garantizar que los ciudadanos obtengan una resolución judicial en un plazo razonable.
En caso contrario, advierten de que harán responsable al Ministerio de la paralización de actuaciones jurisdiccionales necesarias para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
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