La contratación de la ex de Ábalos en empresas públicas fue «enchufismo» y se logró que no trabajara, según el TS

MADRID, 22 Diario Dia
El Tribunal Supremo (TS) enmarca en «prácticas de enchufismo» la contratación de Jéssica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de las que, según el alto tribunal, cobró 43.950 euros sin ir a trabajar, todo ello después de que Ábalos «activara» su contratación y «facilitara» la «interesada cobertura» para «eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo».
Así lo señala en la primera sentencia del ‘caso mascarillas’, que ha condenado a 24 años de prisión a Ábalos, a 19 años a su exasesor, Koldo García, y a cuatro años y medio al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que no llegará a pisar la cárcel por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos».
El alto tribunal ve probado que Ábalos «activó los mecanismos influyentes para la contratación» de su exnovia y «dispuso de las condiciones para que esta no fuera a trabajar durante todo el desarrollo del plan criminal». Además, «facilitó a la interesada cobertura para eludir o neutralizar los controles del desarrollo efectivo de su trabajo» y «colaboró en la confección falsaria de partes de asistencia», según la sentencia.
La resolución expone, asimismo, que el exministro «transmitió indicaciones para que no se molestara a Jéssica Rodríguez pidiéndole explicaciones sobre el trabajo desarrollado» durante el tiempo que estuvo contratada, primero en Ineco y luego en Tragsatec, ambas empresas públicas.
KOLDO, EJECUTOR DE LAS CONTRATACIONES
La misión de conseguir trabajo a Jéssica en Ineco fue ejecutada por Koldo García, quien «se encargó de desarrollar todo un conjunto de acciones tendentes a procurar» que la entonces pareja del exministro pudiera «no ir a trabajar» y «sortear» los «controles laborales» por parte de los responsables de las empresas contratantes, de acuerdo a la sentencia.
Unos hechos que, junto a la contratación de Claudia Montes, amiga del exministro, en la empresa pública Logirail, el alto tribunal vincula con «prácticas de enchufismo en la contratación pública, impuestas a partir de la presión que permite al funcionario su particular posición de prevalimiento».
Según el relato de hechos probados, Ábalos, «aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro, concibió y desarrolló un plan de actuación» en 2019 que consistía en «desplegar toda su influencia para que Jéssica Rodríguez fuera contratada» por empresas públicas de la estructura del Ministerio de Transportes, todo ello «con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral».
Esta labor se la encomendó a Koldo, quien «por indicación directa de Ábalos se puso en contacto con la presidenta de Adif», en ese momento Isabel Pardo de Vera –investigada en la pieza del ‘caso Koldo’ sobre presuntos amaños de obra pública que se instruye en la Audiencia Nacional– «para que se contratara» a Jéssica en la empresa pública Ineco, según el Supremo.
PROCESO IMPULSADO POR LA «PRESIDENCIA» DE ADIF
«El proceso de contratación de Jéssica Rodríguez fue impulsado directa y decisivamente desde la presidencia de Adif, por iniciativa e indicación de Ábalos y bajo el control y la supervisión de Koldo, quien se encargó de su rápida tramitación», añade la sentencia, que especifica que la relación laboral se extendió entre marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2021.
Según los hechos probados, «Jéssica Rodríguez no llegó, con conocimiento y plena aceptación de Ábalos, a desempeñar trabajo o función alguna durante todo el tiempo que permaneció como empleada de Ineco».
El Supremo indica que aunque la exnovia de Ábalos «no realizó ninguna actividad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad», no consta que desde Adif «se hiciera reserva alguna o se mostrara disconformidad con relación al desarrollo del contrato».
Tras la extinción del contrato, Koldo «activó las gestiones» oportunas para que se buscara otro empleo hasta que, finalmente, la expareja del exministro recaló en Tragsatec, empresa pública también adscrita al Ministerio, según la resolución.
Al poco tiempo, Jéssica «fue requerida» por responsables de Tragsatec para que «precisara las concretas circunstancias del trabajo que desempeñaba en Adif». Ella puso en conocimiento de Ábalos «este cuestionamiento de su situación, lo que motivó que el ministro trasladara la queja a la presidenta de Adif, quien indicó que no fuera molestada, lo que, en efecto, ocurrió», agrega.
ASCENDIDA A SUPERVISORA SIN IR A TRABAJAR
La sentencia también ve probado que Ábalos y Koldo «promovieron la contratación de Claudia Montes», una mujer a la que Ábalos conoció en un mítin en Gijón en 2019 y con la que mantuvo «una relación personal» con intercambios de mensajes y llamadas «casi diarias». Así fue como Montes «le comentó su situación de desempleo», subraya el Supremo.
De nuevo, Ábalos descargó en Koldo la gestión de la contratación de Montes «en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas», de acuerdo a un mensaje que el exministro envió a su exasesor incorporado en la sentencia. En diciembre de ese mismo año, Montes fue contratada por Logirail en Gijón.
Sin embargo, Montes consideró que el mobiliario de su oficina era «poco digno», y ello le hizo tomar «la decisión de dejar de acudir a su puesto de trabajo», incide el alto tribunal, que relata que «su absentismo» provocó que sus superiores le abrieran un expediente disciplinario «por falta grave», con la posibilidad de ser despedida.
Ábalos y Koldo no sólo «lograron paralizar ese expediente disciplinario», sino que sus «gestiones» provocaron que el director gerente de Logirail contactara con Montes en enero de 2020 «y le ofreciera una mejora contractual que le permitió pasar desde el último escalón en el organigrama de la entidad pública a la condición de supervisora», expone la resolución.
El Supremo recoge que «cuando la apertura del expediente iba a formalizar sus primeras resoluciones», el gerente de Logirail en Asturias «fue cesado de su puesto directivo, sin que nadie le explicara las razones de su cese».
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