Experto defiende la «importancia» de contar con «estructuras públicas sólidas» para poder afrontar las crisis

SEVILLA 18 Jun. (Agencias) –

La gestión de los servicios públicos, el papel del empleo público y los límites entre la eficiencia económica y la garantía de derechos constituyen algunos de los grandes debates que atraviesan actualmente las sociedades democráticas. En torno a estas cuestiones gira el taller ‘Lo público en disputa: gestión, control y derechos en el empleo público’, que se celebra este jueves en la sede Olavide en Carmona dentro de la programación de la 24 edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide.

Dirigido por Luis Ocaña Escolar, abogado y profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla (US), el encuentro propone una reflexión sobre los modelos de gestión de los servicios públicos y sobre el papel que desempeñan los empleados públicos en ámbitos tan diversos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, el transporte o la seguridad, ha explicado la UPO en una nota.

En su opinión, las crisis recientes han puesto de manifiesto la importancia de contar con «estructuras públicas sólidas». «El contexto del Covid-19 fue un claro ejemplo donde vimos cómo desde la gestión pública no solo se atendió a los servicios públicos, sino que se rescató y ayudó a prácticamente todas las empresas privadas», afirma.

Según explica el director del taller, el debate sobre lo público continúa «plenamente vigente» porque afecta a cuestiones esenciales para la ciudadanía. «Decidir qué se atiende y qué no, cómo se atiende, quién lo atiende y qué recursos se destinan son debates siempre abiertos y de evidente relevancia social».

En este contexto, Ocaña identifica una de las principales tensiones que atraviesan actualmente la gestión de los servicios públicos: «La cuestión principal es si debemos o no aceptar la mercantilización y el ánimo de lucro como ejes principales de la gestión de lo público».

La jornada aborda también el papel que desempeña el empleo público como elemento vertebrador del Estado del Bienestar y como instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso universal a servicios esenciales. «El empleo público responde a principios de igualdad, mérito y capacidad», sostiene el profesor, quien destaca que la lógica de los servicios públicos responde a criterios diferentes a los que rigen la actividad empresarial privada.

Para el director del taller, la capacidad de respuesta de las administraciones depende en gran medida de los recursos disponibles y de la estabilidad de sus plantillas. «Cuando nos encontramos en situaciones de necesidad, más y mejores sanitarios, más y mejores bomberos, más y mejores equipamientos, más y mejores instalaciones y equipos significan una mejor vida para el conjunto de la sociedad».

Otro de los ejes centrales del encuentro es el análisis de la relación entre la eficiencia en la gestión pública y la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en las administraciones. Frente a la idea de que ambas dimensiones pueden entrar en conflicto, Luis Ocaña defiende que se trata de elementos inseparables. «El control de los recursos, la eficacia presupuestaria y los derechos laborales van inexorablemente unidos», señala.

En este sentido, subraya que una gestión pública de calidad exige el cumplimiento de las normas laborales y el respeto a los derechos de los empleados públicos. «No es posible gestionar decentemente si se vulneran u olvidan los derechos laborales», asegura.

La estabilidad en el empleo, la formación continua, la prevención de riesgos laborales y las oportunidades de desarrollo profesional son, a su juicio, factores que repercuten directamente en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. «Los ciudadanos somos los primeros interesados en que los empleados públicos presten servicios en condiciones dignas. De ello depende, en buena medida, que podamos recibir los mejores servicios», destaca.

La modernización de las administraciones públicas y la incorporación de nuevas tecnologías constituyen otro de los ámbitos de análisis del taller. Desde la digitalización de procedimientos hasta la inteligencia artificial, las administraciones afrontan procesos de transformación que obligan a replantear modelos organizativos y formas de trabajo.

Sin embargo, el director del taller rechaza identificar modernización con privatización. «Modernización no necesariamente implica privatización», afirma, recordando que en los últimos años también se han producido procesos de recuperación de servicios públicos y experiencias de gestión innovadoras impulsadas desde el sector público.

Respecto a los desafíos tecnológicos, considera que herramientas como la inteligencia artificial, la geolocalización o los sistemas de control biométrico deben orientarse a mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio público. «El desarrollo tecnológico es tan relevante que la adaptación al cambio es una oportunidad para mejorar los derechos de los empleados y muy en especial los relacionados con la salud laboral», explica.

En un contexto marcado por las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, el taller invita a reflexionar sobre el papel que deben desempeñar las administraciones públicas y los servicios públicos en las próximas décadas. La jornada reúne a especialistas y profesionales para analizar cuestiones relacionadas con la gestión, el control de los recursos públicos, los derechos laborales y los modelos de prestación de servicios, contribuyendo al debate sobre algunos de los desafíos más relevantes que afronta actualmente el sector público.

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