El Gobierno propone celebrar en el Congreso «un acto de Estado» con el Rey de reparación simbólica a gitanos perseguidos

MADRID, 18 Jun. Diario Dia –

El Gobierno propone celebrar en el Congreso de los Diputados, con la presencia del Rey, «un acto de Estado» destinado al «reconocimiento del pueblo gitano, de sus aportaciones a la sociedad y a la cultura, y a la reparación simbólica por la persecución histórica sufrida».

Así consta en uno de los informes de la comisión técnica de la Ley de Memoria Democrática, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detallan una serie de medidas «para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España».

En concreto, el documento contempla que, «como parte de las medidas de reparación simbólica e institucional, se promoverá la celebración de un acto de Estado en las Cortes Generales, en sesión conjunta y con presencia del Jefe del Estado, destinado al reconocimiento del Pueblo Gitano, de sus aportaciones a la sociedad y a la cultura, y a la reparación simbólica por la persecución histórica sufrida».

Asimismo, precisa que «dicho acto deberá incluir una declaración institucional de reconocimiento del daño causado y de compromiso con la plena igualdad y la no discriminación».

Igualmente, indica que «se impulsarán declaraciones oficiales de reparación dirigidas a personas gitanas que hayan sufrido represión por su condición racial, así como el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de quienes padecieron el exilio como consecuencia de una legislación represiva y excluyente».

Estas medidas, que se incluyen en la revisión del espacio público y de las denominaciones institucionales, contemplan establecer un «marco que permita retirar, resignificar o sustituir aquellas referencias, símbolos o denominaciones honoríficas vinculadas a figuras, normas o episodios asociados a la persecución, criminalización o estigmatización del pueblo gitano».

En este sentido, precisa que se «abordará la eliminación de denominaciones como ‘Marqués de la Ensenada’ en sedes institucionales, garantizando que la memoria compartida refleje valores democráticos de respeto, convivencia y justicia histórica».

Estas propuestas se enmarcan en un paquete más amplio de iniciativas en diferentes ámbitos de intervención pública (educativo, administrativo, judicial, cultural y mediático) ya que, como argumentan, «la ausencia de medidas de reparación histórica ha contribuido a perpetuar la exclusión social, política y cultural del pueblo gitano, invisibilizando tanto la persecución sufrida como sus aportaciones a la sociedad, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas de reparación integral -simbólica, material e institucional- conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos».

En el ámbito educativo, el documento insta a impulsar «la elaboración y puesta en marcha del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, previsto para su implementación en 2026», con el fin de «garantizar en todo el territorio nacional condiciones reales de equidad en el acceso a la educación y en el logro del éxito escolar para todo el alumnado, incorporando de manera transversal la lucha contra el antigitanismo».

Para asegurar dicha implementación, pide «reforzar de manera prioritaria la formación del profesorado, tanto en los grados universitarios de Educación infantil y Primaria como durante el ejercicio profesional, incorporando contenidos específicos sobre prevención del antigitanismo, enfoque intercultural y conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano».

Además, se establecerá «un proceso de revisión, y elaboración de materiales didácticos, con el fin de garantizar una representación adecuada, rigurosa y no estereotipada del pueblo gitano en los currículos y recursos educativos». También ve «imprescindible que la universidad adopte una perspectiva decolonial, incorporando la voz, la experiencia y el conocimiento del pueblo gitano en la investigación, la docencia y la formación de nuevas generaciones».

PROTOCOLOS DEL PERSONAL PÚBLICO

En el ámbito administrativo y judicial, insta a las Administraciones Públicas a «promover mecanismos eficaces de prevención, detección y actuación frente al antigitanismo institucional, aplicables a los ámbitos educativo, policial, judicial, sanitario, social y administrativo».

Por ello, se establecerán «procedimientos claros y homogéneos de intervención ante indicios de discriminación, así como protocolos específicos de actuación para el personal público, orientados a garantizar la igualdad de trato, la dignidad de las personas y la eliminación de barreras institucionales que reproducen desigualdades estructurales».

También contempla valorar «la reforma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para integrar de manera efectiva la realidad específica de las mujeres gitanas, garantizando su acceso pleno a los sistemas de protección y atención sin discriminación».

En materia judicial, considera «la formación especializada de jueces, fiscales y personal judicial en materia de antigitanismo, derechos humanos y diversidad cultural, con el fin de prevenir sesgos discriminatorios en la interpretación y aplicación del derecho», así como «protocolos de actuación ante indicios de antigitanismo institucional» y promover «la incorporación de la realidad histórica y social del pueblo gitano en los programas de formación continua, garantizando así una justicia más equitativa, consciente y respetuosa».

ELIMINAR EL TÉRMINO ‘TRAPACERO’

En el ámbito cultural, el informe propone «fortalecer la presencia institucional del pueblo gitano y corregir su histórica invisibilidad», por lo que, a través del Instituto de Cultura Gitana, aboga por garantizar su «incorporación estable en museos, centros de memoria democrática y espacios culturales públicos, junto a otros grupos históricamente perseguidos», mediante «programas culturales estatales dedicados a la historia, la memoria y las aportaciones del pueblo gitano, con continuidad temporal, dotación suficiente y evaluación periódica, evitando acciones aisladas, puntuales o meramente simbólicas».

Entre las iniciativas destacadas, figuran la creación de un Centro de Exposición y Difusión Cultural Gitana de carácter estatal y de un Archivo y Centro de la Memoria Gitana, así como la puesta en marcha de un Paseo de la Memoria Gitana y de becas y premios que lleven el nombre de víctimas y referentes gitanos.

Reclama también la elaboración de un Estatuto Cultural del Pueblo Gitano, destinado a reconocer y proteger sus lenguas, tradiciones y manifestaciones artísticas como parte integrante del patrimonio cultural común. En este contexto, plantea «de forma expresa la eliminación de la acepción ‘trapacero’ asociada a la definición de ‘gitano’ en el Diccionario de la Lengua Española, por su carácter profundamente estigmatizante y por los efectos de violencia simbólica que genera, especialmente en el ámbito educativo».

En el ámbito mediático, se elaborarán «recomendaciones específicas para los medios de comunicación públicos y se propondrán sistemas de seguimiento que permitan identificar y corregir contenidos discriminatorios», así como campañas institucionales de sensibilización que promuevan una imagen «respetuosa, diversa y ajustada» a la realidad social del pueblo gitano.

En el terreno de la memoria democrática, se incluye la identificación, catalogación y reconocimiento oficial de lugares vinculados a la represión histórica, como espacios relacionados con la Gran Redada de 1749, y su señalización institucional con elementos conmemorativos, entre otras propuestas.

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