Rodríguez pide a la banca e inmobiliarias asumir su responsabilidad para garantizar el derecho a la vivienda

MADRID 15 Jun. (Agencias) –
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este lunes que existe un «amplio consenso social» en torno a que la vivienda es «ante todo, un derecho» y ha reclamado que tanto las administraciones públicas como la banca, el capital y el sector de la construcción y la promoción de viviendas actúen desde esa base para afrontar los problemas de acceso a la vivienda.
Durante su intervención en el foro Inmobiliario 360 organizado por ‘El País’, Rodríguez ha señalado que el debate sobre vivienda debe partir desde ese derecho y ha advertido de que, si no se resuelve este problema, pueden verse afectados no solo el mercado inmobiliario, sino también la economía, la sociedad y la democracia.
«El derecho es lo primero. El derecho a la propiedad existe, claro. Que el mercado existe, claro. Pero que si no garantizamos el derecho, todo puede empezar a quebrarse», ha afirmado.
Asimismo, ha puesto en valor la regulación como una herramienta necesaria para garantizar el acceso a la vivienda. «Hay una situación de emergencia. Hemos de regular», ha afirmado la ministra, que ha insistido en que la intervención pública debe orientarse a garantizar el derecho a la vivienda.
La titular de Vivienda ha indicado que tiene consecuencias económicas y sociales más allá del propio de la vivienda y ha recalcado que influye en el empleo, ya que hay puestos que quedan sin cubrir por la dificultad de los trabajadores de vivir en ese territorio.
Por ello, Rodríguez ha asegurado que resolver este problema resulta fundamental para garantizar el futuro del Estado del bienestar y mantener el crecimiento económico. «Si no solucionamos este problema, estaremos estrangulando a la economía, al mercado y, por supuesto, a la sociedad y a la democracia», ha afirmado.
Rodríguez también ha lamentado la falta de acuerdos políticos en materia de vivienda y ha asegurado que el Congreso de los Diputados ha sido el ámbito donde menos consensos se han alcanzado en los últimos años. Por ello, ha indicado que es necesario que los diputados atiendan a la demanda social y que es necesario dar un paso en el Parlamento para «dar una política prioritaria de país», garantizando un derecho «sin duda», pero también el desarrollo económico del país.
MEDIDAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO
Con todo, Rodríguez ha señalado además que es necesario pasar «del diagnóstico a las soluciones» y ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Gobierno para incrementar la oferta de vivienda asequible.
En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de la empresa pública Casa 47, a la que ha atribuido una inversión superior a los 2.000 millones de euros durante esta legislatura para impulsar vivienda pública y movilizar inmuebles procedentes de la Sareb.
Asimismo, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con cerca de 7.000 millones de euros, y ha defendido la necesidad de seguir ampliando el parque público residencial.
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