Fiscales consideran de «gravedad» las reuniones de excargos de García Ortiz con Leire Díez y piden que se investiguen
Insisten en que «si persiste en esta actitud de opacidad», la fiscal general «debe dimitir»: hay que «ser completamente trasparente»
MADRID, 11 Jun. (Europa Press
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) – y la Asociación de Fiscales (AF) remarcan la «gravedad» de las reuniones entre dos excargos del exfiscal general Álvaro García Ortiz y la exmilitante del PSOE Leire Díez y solicitan a la Fiscalía General del Estado que investigue lo ocurrido.
En un comunicado difundido este jueves, la APIF ha transmitido su «intranquilidad» ante la «ausencia de respuesta» sobre tres cuestiones: «por qué se aceptaron dos entrevistas» por parte del ex teniente fiscal de la FGE Diego Villafañe, «cuál era su objetivo» y «por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción».
La APIF ha emitido este comunicado un día después de que la Fiscalía General del Estado reconociera al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’ que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, se reunieron dos veces con Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.
Fuentes fiscales detallaron que «no existen registros» de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por personas señaladas en la presunta trama y no precisaron en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.
La «ausencia de respuesta», según la asociación, «tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal».
Y remarca que la falta de «explicaciones» por parte de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, «es de una responsabilidad grave en la debida dirección del Ministerio Fiscal».
«El Ministerio Público debe ser completamente trasparente como garantía para el ciudadano. No pueden existir ámbitos opacos porque el recelo ante la actuación de esta institución se hace evidente», continúa, para añadir que, «si persiste en esta actitud de opacidad», Peramato «debe dimitir».
Por ello, la asociación urge a la Fiscalía General del Estado que solicite a la Inspección Fiscal «para que incoe diligencias de investigación», en el que se «recaben los datos» y tome declaración al «penado» García Ortiz.
Y es que APIF ha remitido este comunicado cuando se están «recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal, que tuvo que presenciar» cómo García Ortiz, «sin dimitir de su cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión de un delito».
Se refiere al proceso judicial por el que el Supremo condenó al ex fiscal general por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Cabe recordar que APIF formaba parte de la acusación popular.
LA ASOCIACIÓN DE FISCALES RECLAMA UNA EXPLICACIÓN
Por su parte, la Asociación de Fiscales reclamó una respuesta sobre «cómo se produjo esta actuación», «quién la autorizó», «qué decisiones se adoptaron» y «por qué se apartaron de los cauces ordinarios». «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades», aseveró.
En un comunicado emitido este miércoles, pocas horas después de que trascendiera la información sobre las reuniones, la asociación manifestó una «profunda indignación» ante «insuficiente» y «vaga» respuesta de la Fiscalía General del Estado por la «presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal», en referencia a Díez, «que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera».
En este sentido, la asociación, que dijo representar el «sentir mayoritario de la carrera fiscal», incidió en que «no te trata de una comparecencia ante cualquier Fiscalía», sino que «la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado», «fuera de horario» de atención habitual y «con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución».
Y denunciaron que no consta «apertura de diligencias» para verificar «la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante».
Asimismo, calificó de «llamativo» que esto se produjese mientras Villafañe era responsable de preparar y elaborar los documentos internos de la institución.
La asociación exigió «máxima» transparencia y «explicaciones completas, verificables y públicas» para no comprometer «la credibilidad de la propia fiscal general», Peramato.
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