Junts pretende que el Congreso responsabilice al Estado de los atentados de 2017 por ocultar el nexo del CNI con el imán

MADRID, 9 Jun. Agencias –

El grupo parlamentario de Junts quiere que el Congreso certifique que «una parte de la responsabilidad» de los atentados yihadistas de agosto de 2017 se debió a «una negligencia o temeridad de los servicios secretos» por ocultar los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll (Girona) considerado el cerebro de aquellos ataques en los que murieron 16 personas.

Según Junts, se ocultaron esos lazos «por una decisión política», ya que los atentados tuvieron lugar a pocas semanas de la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre y se prefirió poner los «intereses políticos y partidistas» del Gobierno del PP «por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder».

Así consta en la propuesta de conclusiones registradas por la formación independentista una vez cerrada la fase de comparecencias de la comisión del Congreso que ha investigado esos atentados y que se votarán la próxima semana, junto con las de resto de grupos parlamentarios.

En este documento, recogido por Europa Press, Junts hace suya la tesis que expuso en su día el comisario José Manuel Villarejo de que al CNI «se le fue de las manos» su relación con el imán de Ripoll y señala a la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía el ‘popular’ José Ignacio Zoido y a la responsable política de los Servicios de Inteligencia, a la sazón la vicepresidenta primera Soraya Rodríguez, pero también al actual Gobierno de coalición porque dicen estar convencidos de no se ha desclasificado toda la información sobre esta cuestión.

PEDIR NUEVAS DILIGENCIAS A LA FISCALÍA

Para Junts, la investigación judicial de los atentados que costaron la vida a 16 personas y heridas a más de 250, no resolvió todos los interrogantes esenciales sobre el «origen, la preparación y las posibles responsabilidades de los hechos» y que dejó abiertas «cuestiones que afectan al derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer toda la verdad sobre lo sucedido».

En este contexto, los de Míriam Nogueras consideran acreditada la existencia de una relación entre Es-Satty y el CNI y que el centro le habría captado como colaborador mientras cumplía condena en la prisión de Castellón, lo que habría facilitado su permanencia en el Estado español a pesar de la existencia de una orden de expulsión. Además, defienden que su muerte en la explosión de Alcanar «no ha quedado acreditada de manera indubitada» y piden que se siga investigando «hasta disponer de una certeza biológica definitiva».

También apuntan a la existencia de «interrogantes relevantes» sobre aquella explosión y los días previos a los atentados y proponen que la Fiscalía impulse nuevas diligencias judiciales para aclarar lo que, a su juicio, no ha quedado resuelto.

En materia de prevención, Junts concluye que es necesario reforzar sustancialmente la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y los servicios de inteligencia para mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas terroristas.

Respecto a las víctimas, Junts plantea que el derecho a conocer la verdad sea recogido expresamente en la legislación como un derecho de las víctimas y de la sociedad y que recoja también la obligación de las instituciones de facilitar el esclarecimiento completo de los hechos.

REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

En esta línea, demanda reformar la Ley de Secretos Oficiales para evitar que la clasificación de documentos pueda impedir la investigación de posibles responsabilidades en casos de terrorismo y regular de manera específica la figura de los colaboradores y confidentes de los servicios de inteligencia, estableciendo mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas.

En sus conclusiones también denuncian graves carencias en la atención, el seguimiento y las indemnizaciones a las víctimas y reclaman una «reforma profunda» de la leyes para garantizar una reparación integral, especialmente en relación con las secuelas psicológicas, los perjuicios sufridos por familiares y víctimas indirectas y las situaciones en las que los autores de los atentados fallecen antes de ser juzgados.

En concreto, reclama el reconocimiento expreso del derecho a indemnización por la muerte de un ‘nasciturus’ como consecuencia de un atentado terrorista y plantea que las reformas legislativas relativas al derecho a la verdad, el reconocimiento de las víctimas, las indemnizaciones y la protección de las personas afectadas psicológicamente tengan efectos retroactivos hasta el 17 de agosto de 2017.

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