CSIT pide explicaciones sobre el cambio de gestión de los albergues juveniles y reclama «medios humanos suficientes»
MADRID, 1 Jun. Agencias –
CSIT Unión Profesional ha pedido a la Comunidad de Madrid explicaciones sobre la modificación del modelo de gestión de los albergues juveniles, unos espacios que cumplen «una importante función social, juvenil, educativa y territorial» y que necesitan «medios humanos suficientes».
El Área de Servicios Sociales ha solicitado una reunión con la Dirección General de Juventud para reclamar «información oficial, transparencia y garantías» sobre cuatro centros públicos y sus 156 trabajadores, ha señalado el sindicato en un comunicado.
Según informó la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a los medios, se va a licitar la gestión de los cuatro albergues juveniles situados en Cercedilla, San Lorenzo de El Escorial y Rascafría para que los gestionen entidades especializadas del sector del ocio educativo y la hostelería.
«El cambio de modelo no supone su privatización, ni en ningún caso un incremento del gasto público. Las instalaciones seguirán siendo públicas y la Administración mantendrá plenamente las funciones de control, supervisión y planificación del servicio», recalcaron.
En esta línea, las mismas fuentes subrayaron que el nuevo modelo permitirá una gestión «más profesionalizada, flexible, con un refuerzo de las actividades y adaptada a las necesidades reales» de unos centros con «funcionamiento similar» al de establecimientos turísticos.
«DIFICULTADES» EN LA GESTIÓN
Actualmente, la gestión directa con personal público presenta «dificultades» para su funcionamiento. De forma estructural, los centros registran un «elevado número de bajas y vacantes». Por lo que la Comunidad considera que con la nueva fórmula «logrará una mejora en la eficiencia de la gestión de la red».
CSIT ha reclamado aclarar «de forma inmediata» si existe algún proyecto, estudio, expediente, previsión de licitación, externalización o modificación del actual modelo de gestión, así como las «consecuencias» que esta decisión podría tener sobre las plantillas, las direcciones de los centros y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
«Esta situación podría afectar a un total de 156 trabajadores y trabajadoras, entre personal laboral y funcionario, además de a las propias direcciones de los centros, con categorías profesionales como auxiliares administrativos, auxiliares, técnicos de cocina, técnicos de mantenimiento, auxiliares de control e información y, de forma mayoritaria, personal auxiliar de servicios (PAS), colectivo esencial para el funcionamiento diario de estas instalaciones», ha alertado.
Considera el sindicato que es «especialmente preocupante» que la Administración justifique este cambio de modelo apelando a una gestión «más profesionalizada, flexible y adaptada a las necesidades reales» al considerar que «no despeja las dudas existentes y desvía el foco del verdadero problema».
«La falta de medios humanos suficientes, la existencia de vacantes, bajas sin cubrir y carencias organizativas que deben resolverse reforzando el servicio público, no sustituyéndolo por gestión externa ni desplazando la gestión hacia entidades privadas o externas», ha remarcado.
«NO SON SIMPLES ESTABLECIMIENTOS»
En este sentido, CSIT Unión Profesional ha recordado que estos albergues «no son simples establecimientos de alojamiento ni pueden analizarse únicamente bajo criterios propios del sector turístico u hostelero». Ha defendido que son espacios utilizados por jóvenes, centros educativos, asociaciones, entidades sociales, familias y colectivos que «necesitan instalaciones públicas, accesibles y orientadas al interés general para desarrollar actividades».
«Este cambio de modelo supondría un grave retroceso en la defensa de los servicios públicos si implica la pérdida de gestión directa, el desplazamiento de plantillas o la sustitución progresiva de empleo público por fórmulas externas.
Por este motivo, ha exigido a la Administración regional que descarte cualquier proceso «privatizador o externalizador», que explique con detalle qué actuaciones tiene previstas, en qué fase se encuentran, qué calendario maneja, qué documentación existe y qué «garantías concretas» ofrece a los 156 trabajadores.
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