La Delegación replica a la Comunidad que «no hará de la protección de la infancia un instrumento de confrontación»
MADRID 27 May. –
La Delegación del Gobierno en Madrid ha respondido la petición del Ejecutivo autonómico para repatriar a 110 menores migrantes no acompañados con sus familias, y ha asegurado que «no hará de la protección de la infancia un instrumento de confrontación» como, asegura, trata de hacer la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En este contexto, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido contra el Ejecutivo madrileño por su «hipocresía e inhumanidad al utilizar a menores tutelados» con fines de «confrontación política», según se desprende de un comunicado remitido por la Delegación.
Antes que nada, la Delegación ha recalcado que en el momento en que ha publicado el comunicado aún no había recibido por los cauces oficiales la información adicional que la Comunidad de Madrid había anunciado públicamente que iba a remitir en relación con estos expedientes de menores que tienen familia en su país de origen.
Frente a las críticas del Gobierno regional, desde la Delegación del Gobierno han rechazado que existe ningún tipo de «bloqueo o inacción» por su parte y han acusado a la Comunidad de Madrid de una maniobra «irresponsable y políticamente interesada» para «ocultar sus propias responsabilidades».
Al margen de este comunicado, Martín ha grabado un vídeo en el que defiende estos mismos argumentos pero va un paso más allá en su crítica al Gobierno madrileño y acusa a la Comunidad de Madrid de protagonizar «un debate electoralista con Vox por ver quien es más racista».
«Al final en la próxima visita del Papa no va a haber mantilla para tapar tanta hipocresía e inhumanidad», ha remachado Martín, que además ha exigido a Ayuso que «trabaje de una ver por todas como presidenta de la Comunidad de Madrid y garantice la tutela de los menores».
INTERÉS SUPREMO DEL MENOR
La Delegación del Gobierno ha incidido en que la expulsión de un menor no acompañado no puede acordarse de manera automática e inmediata, como aseguran que busca hacer el Ejecutivo madrileño, sino que está regulada por una legislación que exige siempre garantías y se basa en el interés superior del menor.
«Las decisiones que se tomen tienen que estar sustentadas en informes preceptivos que permitan valorar adecuadamente la situación personal, familiar y social de cada menor, así como las condiciones reales de retorno», ha argumentado la Delegación, que ha subrayado que ya ha solicitado con anterioridad informes a los países de origen.
En este punto, la institución que encabeza Martín ha recalcado que «resulta profundamente grave presentar como una supuesta ‘inacción’ lo que en realidad es el cumplimiento estricto de las garantías legales que protegen a los menores». Así, ha rechazado hacer de este un «instrumento de confrontación institucional».
Finalmente, Martín ha recalcado que corresponde a la Comunidad de Madrid la protección y tutela de los menores que se encuentran bajo su guarda. Por tanto, exige al Ejecutivo de Ayuso que «ejerza plenamente sus responsabilidades de atención e integración, con humanidad y sentido común».
CL11
