Vecinos de Río Piloña (Gijón) acusan a la Sareb de «tergiversar» la realidad y aclaran que «nunca rechazaron» contratos

   Acusan al Gobierno central y al Principado de «lavarse las manos» ante «el atropello de derechos» cometido por un organismo público

GIJÓN, Agencias

   Los vecinos del inmueble situado en el número 3 de la calle Río Piloña de Gijón han acusado este lunes a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de «tergiversar la realidad de los hechos de forma completa tras el inicio de los trámites de la compañía para recuperar las viviendas».

   A través de una nota de prensa, los residentes han aclarado que «nunca rechazaron» los contratos de alquiler ofrecidos para regularizar su situación, frente a la imagen de rechazo que, según denuncian, la entidad intenta hacer calar ante la opinión pública.

   Según ha explicado el colectivo de afectados, las propuestas contractuales de la Sareb no se descartaron, sino que se sometieron a un proceso de negociación con el fin de modificar diversas cláusulas que consideraban «perjudiciales ante la ley y perniciosas para el inquilino». En total, son diez las familias del bloque –tres con opción a contrato social y siete a contrato asequible– las que se encuentran a la espera de poder firmar «un arrendamiento justo».

    En el caso de las tres familias del contrato social, los vecinos detallan que recibieron una propuesta sujeta a una «condición suspensiva» bajo el argumento por parte de la propiedad de que el piso no contaba con cédula de habitabilidad. Los afectados censuran que la compañía otorgaba un plazo de 45 días para solicitarla y se reservaba el derecho a desistir del contrato en caso de no obtenerla en el primer intento, obligando al arrendatario vulnerable a abandonar la vivienda sin derecho a reclamar. Ante esto, se preguntan cómo un organismo público y financiado con fondos comunes puede ofrecer viviendas en esas condiciones.

   Por su parte, las siete familias pendientes del contrato asequible denuncian haber recibido un documento en el que se les exige una deuda previa «sin base legal» que asciende a una cantidad aproximada de 20.000 euros por persona. El vecindario califica este importe de «injustificado» e «inviable» para las economías de las familias del bloque.

   Los residentes lamentan que la respuesta de la Sareb ante sus peticiones de negociación haya sido recurrir al desahucio para dejar a las diez familias en la calle, con el objetivo posterior de derivar los inmuebles vacíos a la entidad Casa47 para volver a ofrecerlos en régimen de alquiler asequible. Asimismo, acusan al Gobierno central y al autonómico de «lavarse las manos» y escudarse en que no pueden intervenir en la redacción de los contratos, a pesar de tratarse de un organismo público.

   El colectivo ha solicitado la «intermediación urgente» de la empresa pública de vivienda del Principado, Vipasa, para «frenar este atropello». Han advertido de que «si elude actuar como en los últimos meses, la responsabilidad del desahucio de todas estas familias recaerá directamente sobre nombres concretos del Ejecutivo asturiano», señalando expresamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero Ovidio Zapico, entre otros cargos de la Administración autonómica.

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