El Gobierno en el TS contra la suspensión de la regularización: «Ninguno podrá votar en las siguientes elecciones»
Madrid 22 May. Agencias –
El Gobierno ha defendido este viernes ante el Tribunal Supremo que «no se cumplen los requisitos» para que se suspenda la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, y ha asegurado que ninguna de estas personas podrá votar «en las siguientes elecciones».
Así lo ha puesto de manifiesto en la vista de varias peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes. En concreto, han reclamado la suspensión cautelar de la regularización Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
En este sentido, la Abogacía del Estado ha defendido que «no se cumplen los requisitos» para la suspensión de la regularización, que ha advertido de que supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general». También ha afirmado que, «en ningún caso», ninguno de los beneficiarios del procedimiento va a poder votar en las próximas elecciones.
Además, ha asegurado que la regularización tiene como objetivo la integración de personas que ya se encuentran viviendo en España y que tienen un arraigo. También se ha apoyado en el Defensor del Pueblo y en el Consejo Económico y Social, que ha subrayado que avalan la medida.
Del mismo modo, la Abogacía del Estado ha recalcado que, con el proceso de regularización, no se ha producido ningún tipo de vulneración sobre la directiva europea y ha agregado que tiene carácter nacional y que sólo habilita para residir y trabajar en España.
En la misma línea, ha avanzado que se han registrado 549.596 solicitudes y 91.505 comunicaciones de inicio de la regularización. «La concesión de la comunicación inicial no es automática, sino que se realiza un previo chequeo de la comprobación del cumplimiento de los requisitos esenciales para su concesión», ha señalado.
Durante la vista, la representación del Ejecutivo madrileño ha sostenido que la medida tiene un alcance «sin precedentes» y ha avisado de que podría afectar a cientos de miles de personas. Según sus cálculos, en Madrid podrían regularizarse unas 250.000 personas.
Igualmente, ha anticipando el «colapso» que puede producir la regularización de cientos de miles de extranjeros en la Sanidad madrileña. No obstante, el letrado ha añadido que, desde la Comunidad de Madrid, no buscan ningún perjuicio para estas personas, sino «certeza» de que se cumple la legalidad.
En respuesta, el Gobierno ha criticado que la autonomía se base en estimaciones y «fuentes abiertas», sin pruebas concretas de un impacto real e inmediato de la regularización sobre la sanidad, los servicios sociales o el empleo.
Frente a ello, la letrada de APDHE y Coordinadora de Barrios, de la parte demandada, ha afirmado que muchas personas ya tienen acceso actualmente a prestaciones sanitarias y sociales, especialmente quienes son solicitantes de asilo, por lo que el impacto descrito por Madrid «no responde a la realidad».
Mientras, el letrado de Vox ha respaldado también ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto de regularización y ha señalado que la medida puede alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país debido al número de inmigrantes que podrían obtener residencia legal.
VOX ALERTA DEL «INCREMENTO BRUTAL» DEL GASTO SOCIAL
En el plano económico, ha advertido de un supuesto «incremento brutal y no cuantificado del gasto social» para comunidades autónomas y ayuntamientos. Según ha expuesto, la regularización ampliaría el acceso de los inmigrantes a prestaciones sanitarias, sociales y de vivienda.
Por otro lado, el letrado de Hazte Oír ha insistido en la suspensión del real decreto de regularización que, a su juicio, no tiene garantía jurídica «ninguna». Además, ha sostenido que el real decreto no puede ser contrario a la Ley de Extranjería, ya que, según ha explicado, el mismo no garantiza el control de antecedentes penales. Posteriormente, en declaraciones a medios de comunicación tras su intervención en la vista, el letrado ha expuesto que espera una resolución favorable y que acabe en la revocación.
Por su parte, el letrado la Asociación Verdad y Justicia ha explicado que un real decreto no puede ser utilizado «por la puerta de atrás» para modificar la Ley de Extranjería y ha apuntado que se trata de «una cuestión legal».
Finalmente, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha denunciado la «no exigencia» del certificado de penales para acceder a la regularización, afirmación que ha negado el Abogado del Estado, asegurando que el decreto final sí lo exige. Asimismo, ha criticado que se entregue «sin más», de forma automática, el certificado de vulnerabilidad a todo el que lo requiera. A su juicio, el decreto no busca la integración real de los extranjeros que ya están en España y «falta a la verdad».
El Ejecutivo central de Pedro Sánchez aprobó en abril una medida de la que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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