El Partido Demócrata busca bloquear el billonario fondo de compensación previsto en el acuerdo de Trump con el fisco
MADRID, 21 May. (Agencias) –
El Partido Demócrata de Estados Unidos ha presentado este miércoles en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para bloquear el fondo de 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) de compensación para quienes hayan sido víctimas de «instrumentalización» de la Justicia en anteriores administraciones, creado en el acuerdo de sobreseimiento de la demanda presentada contra el fisco por el presidente del país, Donald Trump, tras la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado.
Tachando al citado fondo de «ilícito e inaudito» y al acuerdo de sobreseimiento de «corrupto», el representante Jamie Raskin ha presentado la llamada Ley de 2026 para Prohibir los Fondos Ocultos Financiados con Fondos Públicos, la cual «prohíbe directamente el uso de fondos federales para crear o financiar el fondo oculto establecido en virtud del acuerdo extrajudicial de Trump con el IRS», siglas en inglés para el Servicio de Impuestos Internos.
Además, según ha explicado la sección demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes –de la que Raskin es el miembro de mayor rango–, el texto «impone nuevas y drásticas restricciones para evitar que los fondos públicos se destinen a los alborotadores del 6 de enero (día del asalto al Capitolio en 2021), aduladores de MAGA (‘Make America Great Again’, el movimiento ultranacionalista que vertebra la Administración Trump), altos funcionarios del Gobierno y miembros de la familia del presidente o vicepresidente (JD Vance)».
El líder demócrata en el citado Comité ha defendido la introducción de este proyecto alegando que «Trump está intentando apropiarse de casi 1.800 millones de dólares de los contribuyentes para financiar un fondo ilícito para los agresores de policías del 6 de enero y los seguidores de MAGA resentidos», lo que ha calificado como un «abuso masivo de dinero público» que, además, presenta «flagrantes defectos constitucionales». «Solo el Congreso tiene la facultad de asignar fondos federales, y no asignamos ni un centavo para el fondo fiduciario millonario del 6 de enero», ha subrayado.
«Por eso presento la Ley contra los Fondos Ilícitos Financiados con Fondos Públicos para poner fin a este robo a mano armada y restablecer los límites básicos sobre cómo se gasta el dinero de los contribuyentes», ha reivindicado, antes de instar al Congreso a «reafirmar su poder presupuestario y detener este descarado saqueo de los fondos públicos antes de que este ‘programa piloto’ de corrupción partidista masiva se convierta en el sistema operativo permanente de nuestro gobierno».
El texto, según han explicado los demócratas del Comité Judicial, «modifica la ley federal del Fondo de Sentencias Judiciales para prohibir los pagos vinculados a reclamaciones derivadas de investigaciones o procesos judiciales relacionados con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos, la injerencia extranjera en las elecciones presidenciales de 2016 o casos ya desestimados con carácter definitivo».
Asimismo, «prohíbe los pagos de acuerdos extrajudiciales al presidente, al vicepresidente (y) a sus familiares directos», pese a que el fiscal general interino, Todd Blanche, aclaró el lunes que el inquilino de la Casa Blanca y el resto de demandantes recibirían una disculpa formal, pero «ninguna compensación monetaria ni indemnización de ningún tipo». El texto también impide este tipo de pagos a «a miembros del gabinete, al personal de alto nivel de la Oficina Ejecutiva del presidente, a funcionarios designados políticamente y a las entidades que controlan».
Por otro lado, el proyecto de ley «exige que el Departamento del Tesoro informe a los Comités Judiciales del Congreso sobre todos los pagos de acuerdos extrajudiciales que superen los 100.000 dólares», mientras que para aquellos superiores a 250.000 dólares o realizados en base a «un litigio inminente», como ha sido el caso de Trump contra el fisco, «el Tesoro debe notificar con antelación al Congreso y retrasar el desembolso de los fondos durante 120 días».
Además, el texto prohíbe la creación de «futuros fondos discrecionales presidenciales» y autoriza al fiscal general a «iniciar acciones civiles para recuperar los fondos malversados y solicitar medidas cautelares contra pagos ilegales».
El fondo que ha motivado la introducción de esta propuesta por parte de Raskin fue anunciado el lunes en el marco del acuerdo de sobreseimiento de la demanda de Trump contra el fisco por la que pedía 10.000 millones de dólares (más de 8.380 millones de euros) tras la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de Charles Littlejohn, un excontratista del IRS actualmente encarcelado por filtrar información fiscal sobre miles de las personas más ricas de Estados Unidos a medios de comunicación entre 2018 y 2020.
El objetivo del citado fondo, según explicó el fiscal general interino, es «establecer un proceso sistemático que permita atender y resolver las reclamaciones de quienes hayan sufrido instrumentalización y guerra jurídica».
Sin embargo, ha despertado airadas críticas y, de hecho, dos expolicías que defendieron el Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021 han demandado este mismo miércoles a la Administración Trump por su creación, alegando que viola la Decimocuarta Enmienda al utilizar dinero federal para «pagar cualquier deuda u obligación contraída en apoyo de una insurrección o rebelión contra Estados Unidos».
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