UGT alerta del «grave retroceso democrático» al no reconocer la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria

MADRID 19 May. –

UGT Madrid ha censurado este martes la decisión de suspensión cautelar acordada por la Audiencia Nacional sobre la declaración de Lugar de Memoria Democrática del edificio de la Real Casa de Correos, antigua Dirección General de Seguridad durante el franquismo, al considerar que supone un «grave retroceso democrático» y una «peligrosa banalización de la represión franquista».

Así, ha reclamado que se revierta esta suspensión cautelar y que continúe el proceso de declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. «Madrid no puede permitirse construir su futuro sobre la desmemoria», ha resaltado.

En un comunicado, la organización sindical ha remarcado que se trata de un hecho «profundamente preocupante para cualquier sociedad que aspire a consolidar una democracia madura, consciente de su pasado y comprometida con los derechos humanos» y, en este sentido, ha subrayado que el auto de la Audiencia Nacional «representa un retroceso político, institucional y moral que afecta directamente al deber democrático de preservar la memoria de las víctimas de la dictadura franquista».

La Audiencia Nacional ha decidido suspender de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos. Desde UGT Madrid han insistido en que no se trata únicamente de uno de los espacios más emblemáticos de Madrid, sino que también fue «un lugar marcado por el miedo, la persecución y la violencia política durante décadas».

«En ese edificio operaron estructuras represivas de la dictadura franquista donde numerosos ciudadanos y ciudadanas fueron detenidos, interrogados y torturados por defender libertades sindicales, derechos políticos y principios democráticos», ha recordado la organización sindical. En su opinión, pretender desvincular ese espacio de su memoria histórica «no fortalece a las instituciones» sino que «las debilita».

Asimismo, ha tildado de «profundamente inquietante» el argumento de los magistrados de la Audiencia Nacional. En concreto, consideran que «no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa», desde una «aproximación preliminar y poco intensa de la cuestión debatida».

Sobre este punto, desde el sindicato se ha subrayado que la imagen de las instituciones democráticas «no se protege ocultando el pasado» sino que se hace «afrontándolo con honestidad, responsabilidad y transparencia». «Las democracias sólidas no temen a la memoria; la integran como una herramienta de reparación, aprendizaje y garantía de no repetición», ha alegado.

Para la organización sindical es «especialmente alarmante» que el auto «llegue a considerar que la señalización memorial o la instalación de placas explicativas puedan provocar un perjuicio irreversible».

«Lo verdaderamente irreversible fue el sufrimiento padecido por miles de personas represaliadas durante el franquismo. Irreversible fue la violencia ejercida contra sindicalistas, estudiantes, militantes democráticos y trabajadores que luchaban por derechos y libertades básicas. Irreversibles fueron las secuelas físicas y psicológicas que arrastraron muchas víctimas durante toda su vida», ha argumentado.

En este sentido, UGT Madrid ha recordado que el sindicato «forma parte de esa memoria democrática» ya que «sufrió ilegalización, persecución, encarcelamientos y represión durante la dictadura», con muchos de sus afiliados «que fueron detenidos en dependencias policiales vinculadas a aquel aparato represivo». «Por eso sabemos perfectamente lo que significa que determinados lugares sean reconocidos oficialmente como espacios de memoria. No se trata de abrir heridas; se trata precisamente de impedir que el olvido las normalice», ha añadido.

Al hilo, ha recalcado que el reconocimiento institucional de estos espacios «no persigue atacar a ninguna administración actual ni cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas existentes», tal y como se recoge, ha recordado, en el voto particular del magistrado que discrepa de la mayoría.

En la misma línea, la organización sindical también ha subrayado que la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria «no altera el funcionamiento ordinario del edificio ni impide el desarrollo de la actividad institucional» ya que la propia normativa establece mecanismos de compatibilidad entre el uso administrativo y la preservación memorial.

«Lo que realmente parece molestar a determinados sectores es que exista un reconocimiento oficial de lo que ocurrió entre esas paredes. La memoria democrática no puede quedar subordinada a intereses partidistas ni a estrategias de confrontación ideológica. Cuando una sociedad convierte el recuerdo de las víctimas en objeto de disputa política, corre el riesgo de degradar los consensos básicos sobre los que se construye la convivencia democrática», ha argumentado al respecto.

Otro aspecto que han censurado desde UGT Madrid ha sido la falta de respeto a la memoria de las víctimas. «España no puede seguir actuando como si la memoria del franquismo fuese un asunto incómodo que conviene relegar al silencio. La suspensión cautelar transmite además un mensaje muy negativo a las víctimas y a sus familias», han apuntado desde la organización sindical.

Tras ahondar en que no puede haber reparación efectiva si las instituciones transmiten la idea de que recordar la represión constituye un problema reputacional, desde UGT Madrid han tildado de «especialmente grave» que se presente la memoria democrática como una amenaza para la convivencia.

En su opinión, la «verdadera amenaza para la convivencia democrática» aparece cuando «se relativiza la dictadura, cuando se minimiza la represión o cuando se pretende reducir los espacios de memoria a una cuestión estética o propagandística». «Una democracia que olvida termina debilitando sus propios fundamentos éticos», ha añadido.

En el sindicato también «preocupa» el impacto internacional que este tipo de decisiones puede generar ya que, en su opinión, paralizar actuaciones destinadas a reconocer espacios vinculados a la represión franquista «proyecta una imagen de fragilidad democrática y de insuficiente compromiso con la verdad histórica».

Al hilo, ha defendido que la memoria democrática no pertenece a ningún partido político ni a ninguna administración concreta sino al conjunto de la ciudadanía y es «una obligación colectiva que busca honrar a quienes lucharon por las libertades de las que hoy disfrutamos». «Cada placa, cada espacio memorial y cada reconocimiento institucional constituyen una victoria de la democracia frente al silencio impuesto durante décadas», ha remarcado.

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