Gabilondo sobre la regularización de migrantes: «El Defensor del Pueblo no ve esto como un disparate»
MADRID 19 May. –
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado este martes en el Congreso que la institución no ve el proceso extraordinario de regularización de migrantes como un «disparate», tras insistir el PP en que este procedimiento va a suponer un «vuelco en el censo electoral».
Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para presentar el Informe del Defensor correspondiente a 2025.
Así la diputada del PP María Eugenia Carballedo, ha insistido en los dos últimos años «se han nacionalizado casi dos millones» de migrantes y que «otros dos millones están en proceso», lo que, a su juicio, supone «un vuelco en el censo electoral».
En la misma línea, ha sostenido que la regularización se está llevando a cabo «sin planificar la integración real y efectiva de los inmigrantes en la sociedad española» y que la política migratoria «empuja a los inmigrantes a la irregularidad sobrevenida» y ha alertado de lo que, a su juicio, supone un «riesgo de fraude masivo en la regularización».
En su respuesta, Gabilondo ha explicado que desde la institución consideraron «que este era un camino adecuado», al tiempo que ha subrayado que, aunque no haya valoración en el informe al respecto, «el Defensor del Pueblo no ve esto como un disparate».
«El gran reto para nosotros y para todos es la convivencia», ha expresado el Defensor, al tiempo que ha mostrado su «esperanza» en que la regularización «sirva para eso». «Si sirve para un nuevo combate, pues nos habremos quizá equivocado», ha apuntado.
No es la primera vez que Gabilondo se refiere a este procedimiento. Precisamente, el pasado 24 de marzo, cuando entregó su informe a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, apuntó a que consideraba «muy acertado» que la regularización se centra en «corregir» aquellos elementos que ya señalaba la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022. En cualquier caso, también sostuvo que esta medida extraordinaria, por su propio alcance electoral, «no ofrecerá una solución definitiva» al «problema» con respecto a la figura del arraigo y su aplicación a personas a las que, tras largo tiempo, se les deniega su solicitud de protección internacional.
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