PSCyL inicia una ronda provincial para abordar el problema de la vivienda ante la «desidia» de la Junta
SORIA 15 May. (Agencias) –
El PSOE de Castilla y León ha iniciado hoy, en Soria, una ronda de contactos con alcaldes y portavoces municipales de las nueve provincias de la Comunidad para abordar el «grave problema» de la vivienda.
Así lo ha señalado la secretaria de Vivienda de la Ejecutiva autonómica, Ana Casado, momentos antes de iniciar el encuentro en Soria, donde ha afeado la política de la Junta en esta materia, que ha calificado de «dejadez y desidia», frente a los 7.000 millones de euros del nuevo Plan Estatal de la Vivienda del Gobierno de España.
Por eso, en estos encuentros se analizarán los «desajustes territoriales», también en esta materia, «tras años de abandono y falta de planificación» del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.
Para Casado, Castilla y León no sufre «una simple falta de inmuebles», sino un «profundo desajuste territorial» provocado por los años de «abandono, dejadez y falta de planificación» del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
«Donde hay empleo, falta vivienda asequible; donde hay viviendas, falta empleo y población; y donde hay demanda joven, faltan oportunidades reales de emancipación», ha aseverado Casado en declaraciones recogidas en un comunicado, para defender la necesidad de aplicar políticas «a la carta que respeten la diversidad de cada territorio».
En este sentido, ha recordado el anuncio que realizó el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, en campaña electoral de crear un Consorcio Autonómico de la Vivienda, que contaría con la participación activa de los ayuntamientos y planificaría los recursos de manera eficiente y adaptada a las necesidades locales.
La ronda de contactos iniciada hoy servirá, además, para explicar a los responsables municipales las ventajas y líneas de financiación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, publicado el pasado 23 de abril.
Casado ha destacado el esfuerzo del Gobierno de España, que ha triplicado la inversión respecto a planes anteriores hasta alcanzar los 7.000 millones de euros.
Este nuevo marco estatal, ha dicho, garantiza la protección permanente de las viviendas públicas, introduce total transparencia en las adjudicaciones y obliga, de manera corresponsable, a la cofinanciación por parte de las comunidades autónomas.
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