Fundación CERMI Mujeres pide una ley de reparación por esterilizaciones forzadas: «Nunca hubo una disculpa»
MADRID, 12 May. (Agencias) –
La Fundación CERMI Mujeres, representada por su patrona y presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo Díaz, ha comparecido este martes ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados para presentar y defender una propuesta de ley de reconocimiento, reparación e indemnización para las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad. «No han recibido jamás una disculpa», ha lamentado.
En su intervención, Castillo ha subrayado que esta propuesta legislativa busca dar una respuesta «sólida y necesaria» a una práctica permitida en España durante más de 30 años que supuso «una violación grave y sistemática de los derechos fundamentales» de las personas con discapacidad, afectando de forma mayoritaria a mujeres y niñas adolescentes.
Al respecto, la representante de la Fundación CERMI Mujeres ha recordado que, entre 1989 y 2020, el Código Penal permitió que un juez autorizara esterilizaciones de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, sustituyendo su voluntad bajo el argumento de «interés superior».
«Hoy no venimos solo a hablar de derechos en abstracto. Hoy venimos a hablar de memoria, de justicia y de reparación», ha argumentaddo Castillo durante su comparecencia, en la que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante una norma que permita reconocer oficialmente a las víctimas y reparar el daño causado.
En este sentido, defendió que el Estado «tiene una deuda» con las mujeres y niñas con discapacidad que fueron esterilizadas de manera forzada o no consentida y advirtió de que muchas de ellas no han «recibido jamás una disculpa», mientras que otras han fallecido sin ningún reconocimiento público.
Según la entidad, la proposición presentada ante la Comisión contempla el reconocimiento oficial de las víctimas, la nulidad de los procedimientos judiciales que autorizaron las esterilizaciones, medidas de restitución y rehabilitación médica, psicológica, jurídica y social, así como una indemnización de 30.000 euros para cada víctima acreditada, exenta de tributación y de carácter personal e intransferible.
Asimismo, la ley plantea la celebración de un acto público de perdón institucional y la creación de un memorial en recuerdo de las víctimas, además de medidas de garantía de no repetición alineadas con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y con la Organización de las Naciones Unidas Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como informa Fundación CERMI Mujeres.
Por todo ello, Castillo ha apelado a la «voluntad política» y al compromiso de la Cámara para impulsar esta ley ya que este 2026 coincide con el vigésimo aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tras la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
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