Delegación del Gobierno requiere a Comunidad y Ayuntamiento «información actualizada» de sus actuaciones en San Blas
MADRID 12 May. –
La Delegación del Gobierno en Madrid ha requerido por carta a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital «información actualizada» sobre las actuaciones que están llevando a cabo en materia de seguridad en el parque del Paraíso de San Blas-Canillejas, donde recientemente fue asesinado de un joven de 20 años en un crimen que se investiga por su posible vinculación con el tráfico de drogas y que ha vuelto a poner el foco sobre la inseguridad denunciada por vecinos de la zona.
La Delegación ha remitido así sendas misivas dirigidas al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y a la concejala de distrito del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, con una petición de «información actualizada sobre las actuaciones que se están desarrollando o se prevé desarrollar por parte de ambas administraciones en el marco de sus competencias en dicho entorno», han apuntado fuentes del departamento que dirige Francisco Martín.
Una petición que se encuadra en el compromiso adquirido en la reunión que el delegado mantuvo el pasado viernes con el Ayuntamiento de la capital y asociaciones vecinales de San Blas, una cita a la que no acudió ningún representante de la Comunidad de Madrid al considerar que Martín buscaba «diluir» su responsabilidad.
Asimismo, ha insistido en que, tal y como se le trasladó en la reunión del pasado viernes, desde la Delegación se volverá a convocar una nueva reunión «en un plazo aproximado de un mes» a ambas administraciones y a la representación de asociaciones vecinales con el fin de diseñar un Plan Integral en el Parque Paraíso que contemple actuaciones policiales, sociales y sanitarias.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado que esta petición de información se realiza en el marco de la legislación que atribuye a los delegados funciones de coordinación y colaboración con otras administraciones públicas, incluyendo la recepción de información de la administración autonómica y las entidades locales de su ámbito territorial.
Las mismas fuentes han apuntado que, en materia de seguridad, como es el caso que ocupa, la Comunidad tiene competencias «directamente vinculadas con los distintos factores que inciden en situaciones de vulnerabilidad, deterioro urbano, convivencia, salud pública, atención social, juventud, educación y coordinación de policías locales».
En particular, el artículo 26.1.4 reconoce la competencia exclusiva autonómica en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; el artículo 26.1.20, en materia de fomento de la cultura; el artículo 26.1.22, en materia de deporte y ocio; el artículo 26.1.23, en materia de promoción y ayuda a grupos sociales necesitados de especial atención; el artículo 26.1.24, en materia de protección y tutela de menores y políticas de juventud; el artículo 26.1.25, en materia de promoción de la igualdad respecto a la mujer; y el artículo 26.1.28, en materia de coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, han relatado las mismas fuentes.
Asimismo, han recordado que el artículo 27.4 del Estatuto atribuye a la Comunidad de Madrid competencias de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución en materia de sanidad e higiene; el artículo 28.1.1 le atribuye la gestión de la asistencia sanitaria; y el artículo 29 reconoce su competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, estableciendo además la colaboración con la Administración del Estado en actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema educativo.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, ha incidido en que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a los municipios competencias propias en materias directamente relacionadas con la situación del entorno urbano, entre ellas medio ambiente urbano, parques y jardines públicos, infraestructura viaria y equipamientos de titularidad municipal, evaluación e información de situaciones de necesidad social, atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, policía local, protección de la salubridad pública y conservación, mantenimiento y vigilancia de determinados centros públicos educativos.
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